Una larga historia. El 28 de julio de 1968, la comunidad de Chicoyogüito fue desalojada de sus tierras para instalar la Zona Militar n. 21, ahora conocido como CREOMPAZ, en Cobán, Alta Verapaz. Durante el conflicto armado interno, la Zona Militar n. 21 se convirtió en el centro de coordinación e inteligencia militar, además de ser un centro clandestino de detención ilegal, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales cometidas en 1978 y 1990. Hoy en día los sobrevivientes de Chicoyogüito sufren de extrema pobreza, causada por el despojo militar de sus tierras. Además de ocupar por la fuerza su territorio, el ejército guatemalteco sometió a mucha gente en Chicoyogüito a trabajos forzados en las mismas instalaciones militares. En 2012, el poder judicial condenó a un comisionado militar y cuatro ex patrullas militares responsables de la masacre de la aldea de Plan de Sánchez, Rabinal, en julio de 1982, donde murieron más de 250 personas. Desde entonces, los investigadores han exhumado 568 restos humanos de la antigua base militar, identificando a más de 145 víctimas, utilizando pruebas de ADN y otras tecnologías. La ex fiscal general Thelma Aldana calificó a CREOMPAZ como uno de los mayores casos de desaparición forzada en América Latina.

La comunidad de Heidi Ku. Las mujeres y hombres sobrevivientes de la comunidad de Chicoyogüito perseveraron en obtener justicia y una reparación digna. Un ejemplo es el de Heidi Ku, una joven de 25 años de Cobán, una ciudad en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. Una comunidad dedicada al cultivo del café. Históricamente, Cobán ha disfrutado de un nivel de bienestar superior al promedio del resto del estado debido también a la relativa independencia otorgada por el gobierno federal a los propietarios de los cultivos de café. En los últimos años, muchos de estos se han mudado a la capital y la influencia del gobierno nacional ha aumentado.

Dos mujeres luchan por su país. Una independencia que el grupo étnico Q’eqchi ha pagado con el precio de la explotación, siendo peones en sus propias tierras. La finca de San Luis Las Orquídeas, después de 19 años de lucha para reclamar la propiedad de la comunidad, ahora está amenazada por una orden de expropiación. Orden inconstitucional, dice Mirna de la Federación Sindical: «Heidi literalmente vino a llamar a nuestra puerta, para contarnos la historia de su comunidad y las amenazas que, sobre todo, estaba sufriendo». Estas dos mujeres, una joven líder indígena y sindicalista, han comenzado a buscar apoyo. Para llamar a Heidi tenemos que advertirle con varias horas de anticipación, la comunidad no tiene electricidad, vive con la energía de los paneles solares, pero durante la temporada de lluvias a menudo no hay luz. Heidi va a cargar el teléfono con sus tres hijos a una comunidad cercana. Hay 113 familias, casi 500 personas. La orden de desalojo llegó en 2018 y la parte a cargo es el estado, quieren construir un hotel en la comunidad.

Los conflictos en la tierra en Guatemala preocupan a la ONU. El número de conflictos no resueltos en la tierra es responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Agrarios y, según las Naciones Unidas, no responde a la emergencia que indica conflictos en la tierra y los recursos naturales como motivo de ataques contra los defensores de los derechos humanos. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  denuncia debilidades institucionales. Los ataques contra defensores tienen repercusiones negativas en múltiples niveles y generan efectos silenciadores y paralizantes en su trabajo. También recordamos que la dificultad de acceder a la justicia también está dada por la situación de la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG).

Justicia hoy. La CICIG, un organismo independiente creado por las Naciones Unidas ha estado operando en el país centroamericano desde 2007 y durante once años ha acompañado a la fiscalía en la investigación por el desmantelamiento de alrededor de sesenta redes criminales en las que políticos y empresarios de alto nivel, funcionarios estatales y militares han estado implicados. Una herramienta fundamental que el 3 de septiembre de 2019, el presidente Jimmy Morales disolvió, acusando a la comunidad internacional de interferencia.