Por Luiza Mançano/Brasil de Fato
Traducción de Pressenza
Para Lautaro Rivara, la comunidad internacional no quiere reconocer su responsabilidad en la crisis del país caribeño.
América Latina vive un nuevo ciclo de protestas en países como Haití, Chile y Ecuador. Las demandas de los manifestantes, aunque relacionadas con la situación específica de cada uno de los países, cuestionan los pilares del neoliberalismo en la región, representados por sus gobernantes.
Mientras en Chile las protestas comenzaron después de que se anunciara, el 19 de octubre, el aumento de las tarifas del transporte público, en Ecuador y Haití se debieron al aumento en el precio de los combustibles como resultado del fin de los subsidios gubernamentales, una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional por los préstimos realizados a los gobiernos de Lenin Moreno (Ecuador) y Jovenel Moïse (Haití).
Sin embargo, algunas diferencias marcan este ciclo. En el caso de Haití, la insatisfacción popular ha llevado a millones de manifestantes a las calles desde julio de 2018 y la movilización más reciente sucede de forma continua hace ocho semanas. En las calles, la población haitiana denuncia la falta de combustibles y de recursos y exige la dimisión de Moïse. En medio de un escenario de inactividad institucional, la única respuesta del gobierno ha sido la represión policial.
Según datos de las Naciones Unidas, 42 personas fueron asesinadas durante las protestas, y las cifras son aún mayores según las organizaciones de derechos humanos del país, que reportan más de 77 muertes a lo largo del año, 51 de ellas sólo en el período entre septiembre y octubre.
A pesar de la grave crisis política, económica y social en el país caribeño, las protestas en Haití no han tenido la misma visibilidad en los medios de comunicación internacionales, ni se han convertido en un tema central en la agenda de organizaciones como la ONU y la OEA o bloques multilaterales como el Grupo de Lima.
Según Lautaro Rivara, sociólogo y periodista argentino integrante de la Brigada de Solidaridad del Alba en Haití, la invisibilidad de las protestas se debe a dos motivos. Por un lado, una visión racista «totalmente estereotipada sobre la realidad, la política y la cultura del país» –el primero en independizarse en América Latina, con el triunfo de la Revolución Haitiana (1804)–, cuya población está compuesta en un 95% por negros.
Por otro lado, por un descuido intencional de la comunidad internacional «para que no tener que asumir su participación y su propia responsabilidad en el fracaso absoluto de la gestión política de Haití».
«Hay que recordar que Haití ya tiene 15 años de ocupación internacional de las misiones de las Organización de las Naciones Unidas, con participación y acompañamiento de la OEA y con una tutela política muy evidente de Estados Unidos y otras potencias menores como Francia y Canadá», comenta el militante.
En diálogo con Brasil de Fato el 29 de octubre, Rivara habló sobre la grave crisis de institucionalidad por la que atraviesa el país caribeño y los desafíos para los movimientos populares que al momento se están organizando para derrocar al gobierno de Moïse y exigir una reforma de los sistemas políticos y electorales haitianos.
“Los movimientos populares están participando en las movilizaciones, no sólo demostrando su fuerza en las calles, sino también debatiendo ideas y programas políticos para señalar soluciones concretas, para que la crisis no se resuelva desde arriba, por acuerdos entre sectores de la oligarquía y Estados Unidos, como ocurrió en otras situaciones”, concluyó.
Captura de video The Guardian
A continuación, la entrevista completa:
–¿Podría comentar un poco sobre el escenario general de Haití en las últimas semanas?
–Estamos viviendo la séptima semana consecutiva de protestas en el país, que incluyen una amplia agenda de reivindicaciones amplia, resultado de una crisis económica y energética bastante grave, que castiga a la gran mayoría de la población –que es muy pobre- y unificada bajo la demanda común de la renuncia inmediata del Presidente Jovenel Moïse (PHTK) y de todo su equipo.
Con relación a la vida cotidiana, las escuelas no están funcionando, el propio presidente habló en una emisora de radio el día 28, que todavía había actividades escolares en cinco comunas del país. Esta información no fue confirmada, pero el país tiene 144 comunas. La actividad de los hospitales es intermitente o nula.
La situación en el campo –Haití es un país con un número importante de poblaciones rurales y campesinas– es absolutamente crítica. Hablamos con diferentes líderes de los movimientos sociales campesinos y todos coinciden en un diagnóstico catastrófico. Todas las cosechas están suspendidas porque no pueden garantizar la logística, el transporte de frutas y verduras a los centros de venta y grandes ciudades. Por lo tanto, la situación alimentaria del país, que de por sí es dramática, tiende a empeorar cada vez más, especialmente en algunas regiones como el sureste, que hasta hoy dependen totalmente de la ayuda alimentaria y la distribución de agua de las organizaciones internacionales.
No hay ningún tipo de actividad gubernamental o estatal; las grandes empresas están permanentemente cerradas, también los bancos; las instituciones públicas y privadas, y el transporte está, en la mayoría de los días, totalmente paralizado. Especialmente en la capital del país –Puerto Príncipe– y en el área metropolitana, debido a las protestas prácticamente diarias, sólo hay una pequeña circulación de motocicletas y ningún tipo de transporte público o automóviles individuales. La situación es dramática.
Otra dimensión importante es el saldo de la represión policial, que es dramática. El silencio que mantienen las organizaciones internacionales de derechos humanos sobre el tema de Haití es escandaloso y casi cómplice. Entre el 16 de septiembre y el 27 de octubre, estamos hablando de 51 personas asesinadas con armas de fuego, buena parte de ellas víctimas de la represión policial durante las protestas.
Según informes de organizaciones de derechos humanos del país mismo, hay 77 muertes a lo largo del año, y las cifras están desactualizadas.
–Mientras tanto, Jovenel Moïse no renuncia ni cumple con su función de jefe de Estado. ¿Podría explicarnos un poco más sobre la crisis institucional en Haití en este momento? ¿Qué es lo que mantiene al presidente en el poder a pesar de su baja popularidad?
–Actualmente Haití es un país que no tiene gobierno, como lo establece su propia Constitución. Haití tiene un sistema mixto que reconoce dos figuras ejecutivas: el primer ministro como jefe de gobierno, y un presidente como jefe de estado. Ese primer ministro no existe desde la renuncia del ex primer ministro Jacques Guy Lafontant durante la crisis de junio del año pasado. Una serie de primeros ministros ocuparon el cargo de forma temporaria y todos renunciaron. El último ni siquiera llegó a ser ratificado por las dos cámaras del Parlamento, como la Constitución exige.
Hoy Haití no tiene gobierno. El país no funciona con un presupuesto público, ya que el último presupuesto fue cancelado y el país está llevando a cabo sus cuentas públicas de una manera totalmente arbitraria. Esta crisis institucional es grave y lo más probable es que se agrave porque ahora, en octubre deberían haberse celebrado elecciones parlamentarias, pero no se celebraron debido a la crisis.
Captura de video The Guardian
Cabe destacar que los 30 senadores del país perderán su mandato en enero. No habrá elecciones hasta entonces. De esta manera, el presidente comenzaría el año gobernando con más arbitrariedad, a través de decretos ejecutivos, porque no tendría un parlamento electo y no cuenta con un primer ministro.
Es una situación grave de un Estado totalmente antidemocrático, y sigue siendo sintomático que organizaciones supranacionales, como la ONU, la OEA, incluso las potencias occidentales que todo el tiempo indican supuesta falta de democracia en los gobiernos populares de América Latina y el Caribe, no digan nada sobre el desgobierno en Haití. Esto está relacionado y puede explicarse por la alineación del Presidente Jovenel Moïse con la política de Estados Unidos en la región del Caribe.
Hoy el presidente no tiene ningún apoyo interno, ni del empresariado ni de sectores de la Iglesia Católica. Y el conjunto de los movimientos sociales, sindicatos, organizaciones juveniles, estudiantes y otros están en el campo de la oposición.
El único apoyo con el que cuenta hoy el gobierno de Moïse, es el apoyo de la embajada de Estados Unidos y el silencio cómplice de las organizaciones internacionales. Hace unos días, la embajada de Estados Unidos presentó un comunicado repudiando la «supuesta violencia» en las manifestaciones y garantizando la continuidad de su apoyo al gobierno. Sabemos que los Estados Unidos seguirán apoyando al Presidente Moïse sin importar los costos y los efectos devastadores de su política.–
–¿Cree que las protestas en Haití tienen menos visibilidad en los medios de comunicación?
–Sí, no hay duda de que las protestas en Haití fueron y son invisibilizados por las grandes agencias privadas de comunicación. Si observamos, por ejemplo, el origen de esta crisis, en julio del año pasado, cuando el FMI –como lo hizo en otros países– exigió que el gobierno eliminara los subsidios al combustible y elevara los precios en más de un 50%, eso generó un ciclo de movilización masiva. Algunos analistas y observadores estiman, en estas protestas, 1,5 o 2 millones de personas en las calles.
En ese momento, comenzaban las protestas de los chalecos amarillos en Francia, protestas convocadas por miles de personas en París. Si miramos la forma en que los medios de comunicación trataron esa noticias, fue totalmente dispar.
Miles de manifestantes –con reivindicaciones justas, por supuesto– en las calles de París, fueron noticia internacional. Y más de un millón en Haití, no. Y Haití es un país que no tiene ni 11 millones de habitantes. Eso pasó completamente desapercibido para la opinión pública internacional.
Hoy, la crisis demuestra la voluntad política de la comunidad internacional para que lo que ocurre en Haití no salga del país, para que no tengan que asumir su participación y su propia responsabilidad por el fracaso absoluto de la gestión política de Haití.
Vale la pena recordar que Haití ya tiene 15 años de ocupación internacional de las misiones de las Naciones Unidas con la participación y acompañamiento de la OEA y con una tutela política muy clara de Estados Unidos y otras potencias menores como Francia y Canadá.
Esto también se debe, sin duda, a consideraciones racistas al momento de ignorar a un pueblo negro que fue el fundador de la Primera República Independiente del mundo. Hay una serie de consideraciones racistas, de prejuicios y falacias coloniales, una visión totalmente estereotipada de la realidad, la política y la cultura del país que hacen invisible lo que sucede en Haití o, cuando la gravedad de algunos acontecimientos logra romper el cerco, la visión se distorsiona.
Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando encontramos prácticamente todos los días movilizaciones totalmente masivas y pacíficas y, sin embargo, la prensa que cubre las protestas sólo destaca la «supuesta violencia» y el «carácter bárbaro» y «caótico de las manifestaciones» que de ningún modo tienen este carácter.
–¿Cuáles son los desafíos de la izquierda y de los movimientos populares en Haití en este momento de protesta?
–En este momento, la mayoría de los movimientos populares, sindicatos y partidos políticos se han unido en un espacio común llamado Foro Patriótico, que se realizó entre el 27 y el 31 de agosto en una pequeña comunidad rural, y reunió a más de 200 líderes de fuerzas políticas.
El desafío para estos sectores es poder canalizar el descontento visible y masivo que existe en el país para lograr la renuncia del Presidente Jovenel Moïse, que es la primera condición para comenzar a discutir las trasnformaciones estructurales que el país necesita.
Y, al mismo tiempo, poder presentar cambios estructurales. El eje de la demanda ha sido, cada vez más, un cambio radical, el descontento con décadas de políticas neoliberales que han sido devastadoras en Haití y la reforma de un sistema político que necesita ser modificado.
También está en la agenda la reforma del sistema electoral –que hoy se caracteriza por una falta de transparencia, que es fraudulento, controlado técnica y políticamente por asesores extranjeros–, para asegurar una solución soberana y autónoma a la crisis.
Los movimientos populares están participando en las movilizaciones, no sólo demostrando su fuerza en las calles, sino también debatiendo ideas y programas políticos para señalar soluciones concretas, para que la crisis no se resuelva desde arriba, por acuerdos entre sectores de la oligarquía y Estados Unidos, como ocurrió en otras situaciones.
