A propósito de la conmemoración de los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, compartimos con nuestros lectores la entrevista realizada en nuestro programa Latitud Noviolenta a Francisco Hurtado, activista y defensor de derechos, miembro de la «Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos»-

Una vez terminado el Paro Nacional en Ecuador, colectivos como Surkuna, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, INREDH (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos), Fundación Amazon Frontlines, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos e Idea Dignidad, además de la colaboración del Observatorio de Derechos y Justicia, se unieron para conformar la “Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos”, espacio conformado por diversas organizaciones de larga y reconocida trayectoria en el país, que inició su trabajo el día 03 de octubre, al inicio de las manifestaciones y de la declaratoria del «Estado de excepción» por parte del gobierno de Lenín Moreno.

El informe es el resultado de los reportes hechos por los perjudicados y el trabajo de campo que llevaron a cabo dichas organizaciones durante los once días del paro. Cada miembro de la organización, incluido Francisco Hurtado, hicieron un seguimiento durante estos días en las casas de salud, las unidades de flagrancia y en la calle, información a la que se sumaron los testimonios que llegaron los días posteriores al paro.

Las cifras recogidas por la Alianza coinciden con las presentadas por la Defensoría del Pueblo. No hubo personas desaparecidas. Todas las reportadas durante esos días fueron
localizadas en centros de salud, zonas humanitarias de paz, unidades de flagrancia o fueron confirmadas como fallecidas. En cuanto a este último grupo, la Alianza recoge un total de nueve fallecidos y la Defensoría, once.

En cuanto a personas privadas de libertad, la Alianza recibió 450 reportes durante los once días de paro es decir, un tercio del total de detenidos. En estos casos, Francisco Hurtado manifiesta que se comprobaron dos cosas: la mayoría de privados de libertad salió inmediatamente libre, lo que da cuenta de detenciones aleatorias y arbitrarias y
no se formalizó la detención de las ciertas personas en las unidades judiciales.

Hurtado explica que esto es una violación a la norma que establece que, si un individuo es detenido en delito flagrante, debe ser presentado ante un juez durante las primeras 24 horas de su detención. La Alianza denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, durante estas detenciones arbitrarias, los privados de libertad fueron gaseados, golpeados, torturados y secuestrados.

Es en estos casos donde las cifras de la Defensoría no concuerdan con los del informe de la Alianza ya que, al no haber formalizado estas detenciones, no existe registro de ellas en las unidades de flagrancia. Hurtado señala que, aunque es obligación del Estado investigar a través de la Fiscalía Nacional estos hechos, la Alianza está comprometida a representar a las personas que deseen solicitar una investigación y hacer la denuncia respectiva.

Francisco Hurtado considera que este trabajo da cuenta de las experiencias de los afectados, visibilizándolos más allá de las cifras y revelando la violencia ejercida por el Estado ecuatoriano. Además, “no se puede decir que no hay violencia en el acto de lanzar una piedra o gas lacrimógeno, pero debemos hacer énfasis en que el país está enfrentando un ejercicio de violencia estructural más amplio por parte del Estado”, afirma.