Este miércoles en la Cámara de Diputados se aprobó la “ley antisaqueos”, un proyecto que criminaliza también las barricadas y las protestas, con 127 votos a favor entre los cuales se cuentan los de varios parlamentarios del Frente Amplio. Hoy jueves, algunos de ellos dieron un giro arrepintiéndose de su votación, ya que el proyecto legislativo busca endurecer las penas a los hechos de violencia que se producen en las manifestaciones sociales, incorporando este tipo de delito dentro del Código Penal.
El diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsh, quien no votó por estar pareado con otro diputado, emitió de inmediato un comunicado señalando que su postura hubiese sido oponerse al proyecto. “Toda la agenda de proyectos que está enviando el gobierno están focalizados en los temas de seguridad, control, represión y yo no estoy disponible para apoyar ese tipo de proyectos que pretenden únicamente criminalizar las movilizaciones y desviar la mirada de las legítimas demandas sociales”, señaló.
Los otros dos diputados humanistas votaron en contra, en tanto que desde Comunes -donde las diputadas Camila Rojas y Claudia Mix se abstuvieron-, enfatizaron en que esta ley no integra la “agenda represiva” del gobierno, sino que se trata de un proyecto iniciado a través de una moción parlamentaria presentada por diputados de derecha y demócrata cristianos. Desde Comunes aclararon que se abstuvieron porque compartían la necesidad de “erradicar las acciones delictuales” pero que esto no sería suficiente ni tampoco debe confundirse con las manifestaciones sociales.
Por su parte, la Asamblea Feminista del Frente Amplio también dio a conocer una declaración en la que emplazan a la oposición a rechazar la idea de legislar “el resto de la agenda represiva del gobierno” y a realizar “todas las gestiones posibles para enmendar su error, impidiendo que la ley antisaqueos se apruebe”. “Con estas leyes vigentes las feministas movilizadas enfrentaríamos la cárcel”, sostuvieron.
Sin embargo los demás partidos de la coalición frenteamplista sí votaron a favor de la propuesta del gobierno. A través de un video el diputado Giorgio Jackson sostuvo que “terminamos atrapados en la jugada del gobierno, en un proyecto que se discutió de manera inmediata” y luego agradeció “a las personas que nos hicieron ver el error y estamos tratando de enmendar el rumbo”. Por Twitter sostuvo que: “Estamos haciendo todo lo posible para que ahora el proyecto, estando en el Senado, pueda cambiar y estamos intentando convencer a senadores y senadoras para que impidan que aquellas materias que criminalizan la protesta social se conviertan en ley”.
Esta inmadurez política, que viene a sumarse a la negociación que los mismos partidos sostuvieron con el resto de la oposición y la alianza de gobierno para llegar a un Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, parece ir dejando puntos que permiten tirar la línea. Como los mismos referentes de Revolución Democrática sostienen, esta decisión marca “una señal confusa y distancia nuestro quehacer del sentir de las mayorías sociales”.
El diputado Gabriel Boric, también por vídeo, declaró que “viéndolo en perspectiva, se podría haber hecho de otra manera, porque lo que nosotros pretendíamos era dar una señal clara en contra de los saqueos que se han producido… Sin embargo, comunicacionalmente esto no se logró y me parece importante hacer una autocrítica al respecto y decir de que debiéramos no haber aprobado en general ese proyecto de ley, porque se ha entendido como una criminalización a la movilización de la cual nosotros nunca vamos a ser parte”.
