Por Jonas Valente
La Relatoria para la libertad de expresión de la OEA emitió una guía con recomendaciones sobre cómo abordar la desinformación en contextos electorales. El propósito es subsidios a las autoridades de los estados miembros de la organización para tratar el problema y evitar que dicho contenido interfiera con los reclamos de esas naciones.
La desinformación está definida en el documento como la «difusión masiva de información falsa con el objetivo de engañar al público con el conocimiento de su carácter falso». Según expertos, este tipo de acción se potencia en escenarios de intensa polarización política, con contenido falso que sirve para reforzar posiciones políticas, reproduciendo lo que los investigadores llaman «cámaras de eco». Otro factor que estimula la difusión de estos mensajes es el modelo de negocio de plataformas digitales vinculadas a la publicidad en línea, basada en la segmentación a partir de la recopilación y el procesamiento de datos.
La desinformación, según la guía, no es un fenómeno espontáneo y tiene agentes detrás. «La investigación muestra que estos actores son diversos, desde estados que buscan influenciar en las elecciones de otras naciones, hasta grupos privados con motivaciones económicas (contratados para realizar campañas de desinformación) o políticos que, promueven estas campañas para tener alguna influencia sobre las elecciones», hacen una observación los autores.
El documento de la OEA defiende que la confrontación del problema debe equilibrar la protección del debate público con la garantía de libertades fundamentales, como las relacionadas con la expresión de individuos y colectividades. Para la organización, la lucha contra las noticias falsas debería incluir a las plataformas donde este material circula, como Facebook, Whatsapp, Twitter, Google, etc. El documento también agrega que los actores políticos que actúan en plataformas (como partidos, candidatos y grupos de apoyo político) también deben ser instados a actuar de forma ética, trabajar con información verdadera y no violar la protección de datos de los votantes.
La guía sostiene que los estados no creen leyes penales en sus legislaciones para criminalizar la difusión de noticias falsas. «La introducción de tipos criminales, dada la naturaleza del fenómeno, vaga o ambigua, podría llevar a la región de vuelta a la lógica de criminalizar las expresiones sobre autoridades o personas involucradas en asuntos de interés público. Además, se establece una herramienta para reducir la propagación de ideas, críticas e información por temor a convertirse en sujeto de enjuiciamiento penal».
Identificar lo que es falso o verdadero es una de las dificultades. «En algunos casos, distinguir lo falso de lo verdadero requiere un juicio que exija el estudio del caso en cuestión y contraste con la evidencia disponible para tomar una decisión. El juicio en sí mismo puede depender de material de carácter ambiguo, plantean los autores».
También cuestionan las soluciones adoptadas por varios países como Alemania, Francia, Egipto, Kenia y Malasia por dar a las plataformas digitales la responsabilidad de supervisar y eliminar contenido engañoso o ilegal. Estas medidas generarían incentivos para que estos agentes «censuren una gran cantidad de contenido para evitar sanciones económicas», advierten. En cambio, los gobiernos deberían establecer reglas de transparencia en los anuncios políticos para evitar que este recurso sea explotado con el fin de difundir material engañoso durante las elecciones.
En lugar de criminalizar o delegar el poder de eliminación de contenido a las plataformas, el texto aboga por el fortalecimiento de la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre información falsa y verdadera. Los sistemas de medios deben ser plurales para permitir la circulación de información cierta para contrarrestar la información engañosa, para fomentar «un espíritu crítico en el consumo y la replicación de información» y desarrollar medios accesibles para verificar dicho contenido.
Según el documento, otra respuesta relevante es el fortalecimiento de las leyes de protección de datos personales. Hacen que sea difícil hacer un mal uso de estos registros, que es un aporte clave para los modelos comerciales impulsados por la publicidad y el contenido político específico, incluido el de naturaleza falsa.
Traducción del portugués por Erika Rodriguez
