Por Will Jackson, Liverpool John Moores University para The Conversation
Traducción de Mauro Haddad
El gobierno del Reino Unido anunció de forma inmediata un cese temporario al fracking. La decisión fue tomada luego de que nuevos análisis científicos concluyeran que no es posible “descartar que en el futuro haya impactos medioambientales perjudiciales”.
Quienes se oponen al polémico proceso de extracción de gas shale sostienen desde hace tiempo que el proceso es inherentemente riesgoso. Desde que en el 2011 comenzaron las perforaciones de exploración en el Reino Unido, los activistas han alertado sobre riesgos de inestabilidad sísmica, daños al medioambiente y a la salud, así como sobre las implicancias que puede generar la explotación de nuevas reservas de combustible fósil en el marco de una emergencia climática mundial.
En los últimos años, la fuerza de esta oposición significó la aparición de importantes conflictos. Desde el primer bloqueo comunitario en Balcombe, West Sussex, en el verano del 2013, las maniobras de perforación han sido el objetivo de enormes protestas a lo largo de Inglaterra. La importancia y la repercusión de estas protestas hizo que fueran objeto de costosas y enormes operaciones de la policía, que resultaron en cientos de detenidos y quejas acerca del accionar de esta fuerza. Ahora, nuevas investigaciones hechas por mí y por otros colegas sugieren que estas protestas, que pretenden ser algo más que sólo muestras de oposición simbólicas, están siendo vigiladas como si realmente constituyeran un peligro real.
Violencia, agresión e intimidaciones
Desde el año 2013 analizo el desarrollo de las políticas y las prácticas policiales en relación al fracking como miembro de un equipo de investigadores que estudia la manera en la que actúa la policía durante las protestas. Nuestro primer caso de estudio fue el bloqueo en Barton Moss (Salford, Gran Manchester). Allí identificamos serios problemas derivados de la naturaleza del accionar policial, que sometía a los manifestantes a distintas formas diarias de violencia. A partir de ese momento hemos visitado distintos focos de protesta a lo largo de Inglaterra (Lancashire, Yorkshire, Sussex, Surrey) y en cada uno de esos lugares observamos las protestas y las formas en las que actuaba la policía. Hicimos entrevistas detalladas a los manifestantes y acabamos de publicar un análisis transversal basado en nuestras investigaciones.
Nuestro trabajo hace pensar en las preocupaciones que teníamos en relación a lo ocurrido en Barton Moss y se pregunta hasta qué punto la policía aprendió las lecciones de operaciones previas. Los manifestantes afirmaron que experimentaron violencia, agresión e intimidaciones por parte de oficiales de la policía en distintas protestas anti-fracking a lo largo del país.
La importancia y la repercusión de estas protestas hizo que fueran objeto de costosas y enormes operaciones de la policía. Foto: captura de video
Esto fue más común durante las jornadas de protesta más extendidas e intensas en las que los manifestantes apelaron a formas de acción directa que buscaban interrumpir los procesos de extracción. Hubo lentas marchas y cortes de camino para retrasar entregas, hubo bloqueos en los que los manifestantes se encadenaron juntos para impedir el ingreso a áreas de perforación y hubo ocasiones en las que los manifestantes se subieron encima de los camiones para dar discursos e impedir que estos se movieran.
A modo de respuesta, la policía se concentró en impedir o limitar estas interrupciones. En muchos casos esto significó intervenciones muy violentas con el objetivo de desalojar a los manifestantes o impedirles el acceso a determinadas áreas. Hemos hablado con personas que aseguran haber sido empujadas, zamarreadas y tiradas al suelo (más de una vez) de maneras que, según ellos, estaban más cerca de ser innecesarios actos de violencia antes que respuestas a una amenaza.
Estas respuestas también fueron señaladas por otros observadores. Keith Taylor, Miembro del Parlamento Europeo, reclamó que se revisen los protocolos de procedimiento de la policía en las protestas anti-fracking. Además, también hubo mujeres que acusaron a la policía de haberlas manoseado y maltratado de formas que las hicieron sentir atemorizadas y ultrajadas.
Los manifestantes aseguraron que la cantidad de policía y sus maneras de responder fueron excesivas, y muchos nos contaron que sintieron que todo eso era un ataque a su derecho de protesta. Como consecuencia, se hizo más profunda la desconfianza entre los manifestantes y la policía.
La conclusión de nuestro informe es que, desde el 2016, las respuestas de la policía a las formas de protesta no violentas (pacíficas, aunque perjudiciales para las empresas) han sido desproporcionadas. Asimismo, coincidimos con los manifestantes en que el objetivo de este accionar es el de socavar el derecho a la protesta.
Nuestro informe pormenoriza las definiciones de “manifestante”, “activista” y “extremista”, hechas por la policía, que fueron desarrolladas para orientar su accionar. Creemos que estas definiciones, que construyen una idea del activismo asociada a la criminalidad, son incorrectas, pero parecen delatar el accionar de la policía en el territorio: parecería que en las prácticas y políticas policiales hay una visión, cada vez más clara, que sólo considera legítimas a las formas de protesta que no interrumpen los procesos de extracción.
También constatamos el efecto tranquilizador que tienen las órdenes judiciales, que las compañías de fracking buscan en el Tribunal Supremo de Justicia para prohibir las diversas actividades de protesta en curso. Al contemplar estas dos cuestiones en conjunto, nuestra investigación se liga con comentarios hechos por otros observadores acerca de la criminalización de la protesta no violenta en el Reino Unido.
Quienes se oponen al polémico proceso de extracción de gas shale sostienen desde hace tiempo que el proceso es inherentemente riesgoso. Foto: captura de video
¿Extremistas nacionales? Nada de eso
Entrevistamos a diversos sectores de manifestantes para entender quiénes están involucrados en las protestas anti-fracking. Queríamos, en parte, examinar de forma crítica esta manera automática de etiquetar a aquellos a quienes se considera “extremistas nacionales”, hecha por la policía. Esta etiqueta, a nuestro modo de ver, no representa ni a quienes protestan ni lo que los motiva. El Relator Especial de las Naciones Unidas, por otro lado, también expresó sus preocupaciones al respecto.
En efecto, muchas de las personas con quienes hablamos se sumaban a las manifestaciones por primera vez y las veían como un último recurso, la única opción disponible luego de que otras formas de oposición hubieran sido clausuradas. También conversamos con muchos activistas experimentados que viajaron hasta los lugares de protesta, pero una vez más la etiqueta de “extremistas nacionales” erraba al representar sus motivaciones y creaba una división falsa entre residentes locales y un movimiento anti-fracking que es más amplio. Nos dimos cuenta de que había participantes de diferentes edades, niveles de experiencia y bagajes políticos que se unían gracias a su preocupación por los impactos locales del fracking y por la emergencia climática planetaria.
El Consejo de Jefes de la Policía Nacional llevó a cabo, hace poco tiempo, una consulta popular acerca de cómo deberían controlarse las protestas. Organizaciones como la Red de Control Policial (la Network for Police Monitoring) están listas para reclamar la revisión de esa consulta, y nuestra investigación propone que las voces de todo el arco de manifestantes deben tenerse en cuenta muy seriamente.
En la medida en que las manifestaciones por el cambio climático crecen en este país, debemos pensar con mucha seriedad cuáles son los medios a través de los cuales las comunidades pueden desarrollar sus protestas.
