por Martín Ruano
Lo que diferencia un estado democrático de uno que no lo es, es que quienes lo dirigen mantienen por el período encomendado en las correspondientes elecciones la legitimidad de representación de la población. En condiciones normales, la coalición gobernante mantiene por 4 o 6 años el gobierno del ejecutivo, y el pueblo refrenda o rechaza tal gestión en las siguientes elecciones.
Sin embargo, no es esta vara la que se utiliza para todo el mundo. La indiscutida victoria de Evo Morales en Bolivia por 9 o 10 puntos de diferencia no alcanza para que algunos/as que otros/as obsecuentes eviten calificar lo que hoy hay en Bolivia como lo que es, un claro Golpe de Estado. Tampoco alcanza con que Evo haya logrado casi la mitad de los votos en esa elección (47% punto más punto menos), lo que evidentemente le da una legitimidad enorme a su gestión de gobierno, desde 2005. Allí se justifica el golpe porque “el pueblo” “salió a la calle a repudiar a Evo”. O porque “Evo cayó por su propio peso”. En una elección con tanta diferencia y casi la mitad de votos afirmativos respaldando a Evo, con resultados tan recientes, es difícil sostener esto. Sin embargo, lo hacen buenos liberales progresistas de renombre, feministas afamadas, y otros intelectuales orgánicos siempre disponibles para apañar las políticas imperiales señalando la pelusa en la sopa ajena. Son impermeables a las imágenes racistas, a los milicos reprimiendo y acompañando a Áñez, a la represión a las protestas, a la represión a los medios y el cerco informativo.
Desde hace años llama la atención que estos periodistas e intelectuales pueden hablar sin problema de “la dictadura” de Maduro en Venezuela, durante horas, días y semanas. Pero no dicen ni una sola palabra para el país vecino al Bolivariano que no ha tenido nunca una democracia, en términos modernos, en su historia: Colombia. Así y todo es imposible sostener que Colombia tenga un régimen que incluso aspire a ser llamado democracia, cuando en los últimos 50 o 60 años no ha habido un solo día en donde los paramilitares, o directamente el ejército, hayan parado de asesinar a líderes populares o sindicales. Tampoco dedicaron palabras de crítica feroz para el México de Peña Nieto, dejando todo a cuenta del narcotráfico, como si el Estado mexicano y la DEA no tuvieran nada que ver en la desaparición y asesinato de miles de personas desde hace ya más de 15 años. Solo, a veces, se escandalizan corporativamente por la desaparición de algún periodista. Esa falta de honestidad intelectual es la que demuestra su obsecuencia orgánica.
Chile
El caso del país trasandino ni siquiera se cuestiona en estos días. Los intelectuales preguntan sin problema sobre la obviedad del golpe en Bolivia, lo cuestionan, dan vueltas, le encuentran la quinta pata al gato, y tienen buenas teorías sobre la sexualidad de los ángeles aimaras.
Pero claramente es hora de discutir la legitimidad de un sistema que se autoproclama democrático, pese a que su estructura es un encorsetado “legal”, establecido por la dictadura de Pinochet y nunca fue rediscutido en el “período democrático”.
El tubo de ensayo neoliberal explotó de forma contundente hace poco más de un mes, y en él no cesan las potentes protestas populares. El gobierno de Piñera no dudó ni un segundo en recurrir a la represión salvaje, la tortura, las violaciones y vejaciones, ni a las desapariciones. Tampoco en sacar el ejército ni en llamar a los milicos jubilados, ni en usar armas de fuego. Aunque parezca un detalle en este escenario, tampoco dudó en recurrir a la demagogia y a la mentira. Todos estos recursos sin el menor resultado: el pueblo sigue pidiendo la renuncia del presidente y una nueva constitución.
Si bien es verdad que el gobierno de Piñera sería “legítimo” en términos de la putrefacta e ilegítima constitución Chilena, cabe decir que obtuvo en segunda vuelta casi 3,8 millones de votos de las casi 15 millones de personas empadronadas en Chile. Frente a esto, debemos preguntarnos cuál es el límite de un gobernante que, repudiado por su pueblo, sostiene el poder a punta de represión y cuyo único sostén es la masificación del terror. ¿Cuántos días debe luchar el pueblo chileno para que consideremos al gobierno de Piñera como un autogolpe y una dictadura? ¿Cuántos muertos debe haber en Chile para que el Gobierno de Piñera sea considerado una dictadura? ¿Cuántos chilenos deben ser violados, vejados, torturados, desaparecidos para que consideremos que el gobierno de Piñera está ocupando ilegítimamente el poder? ¿Cuántos asesinados por escuadrones paramilitares? ¿Cuántos ojos chilenos tienen que ser arrebatados? ¿Qué otro derecho debe violar del estado de derecho, Piñera, para que sea considerado un dictador y denunciado por la prensa y las organizaciones internacionales? ¿Qué más debe hacer el pueblo chileno para que el gobierno renuncie y se llame a una asamblea constituyente legítima?
