Por José Gabriel Feres*
Los partidos de gobierno, de la vieja Concertación y algunos del FA (Revolución Democrática, Comunes y Partido Liberal) han suscrito un acuerdo al que han llamado «Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución» en el que declaran «buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático».
Uno de los objetivos de este acuerdo es la desactivación del movimiento social que ha venido expresándose por más de tres semanas a lo largo y ancho del país. También se ha cedido en todo lo que sea necesario para que la derecha se allane a una «convención constitucional», un eufemismo que permite eludir el término “asamblea constituyente”, tratando de parecer lo mismo, pero que lo que hace es condicionar y poner límites a la soberanía del pueblo*. Respecto a lo primero, está en duda su eficacia como instrumento de desmovilización social. En relación a lo segundo, aun cuando todo lo que se obtuvo fue consecuencia de la presión popular, ahora se quieren desdibujar esos logros para volver a los viejos criterios de gobernanza a través de las élites, arrebatando una vez más el poder constituyente a la base social.
Es muy discutible que los partidos políticos sean hoy interlocutores válidos para representar la sentida demanda popular que se ha expresado masivamente. Habría que preguntarse si no son parte del problema más que de la solución. Algo similar sucede con los dirigentes sociales coordinados en la Mesa de Unidad de Social. Aún cuando podamos reconocer la importancia y el protagonismo que poseen al interior del amplio conjunto que expresa hoy su descontento, tampoco podría decirse que ellos sean los legítimos representantes de ese sentir popular.
Ni los unos ni los otros son los interlocutores con quienes el gobierno tiene que conversar sino, más bien, este debería buscar los medios para establecer un diálogo directo con la gente. Entendemos que el clamor popular que se ha estado expresando en las calles durante estos mas de veinte días ha ido quedando suficientemente claro para todos aquellos que estén dispuestos a escuchar: los chilenos no quieren seguir con las cosas como están; quieren participar en la elaboración de una nueva Constitución a través de un proceso democrático de consulta directa, como una Asamblea Constituyente; quieren dignidad, no quieren ser despreciados, quieren asumir el poder soberano que les corresponde.
Ante la crisis evidente, el gobierno intenta minimizar los riesgos de tener que cambiar en profundidad un sistema gracias al cual obtienen sus privilegios los grupos económicos, que luego favorecen a sus testaferros políticos. En definitiva, cualquier intento de revalidar a la actual institucionalidad política, sindical o social como interlocutores del diálogo ciudadano, hoy tan necesario, no es más que un acto grosero de gatopardismo, muy típico de la política tradicional; que todo cambie para que todo siga igual.
En realidad, la única forma de avanzar hoy día para el gobierno es profundizando decididamente la democracia, reconociendo que la soberanía popular puede ejercerse directamente, sin necesidad de intermediarios hoy universalmente cuestionados. Si el Gobierno tiene algo que ofrecer, que se entienda directamente con la gente. Que les diga lo que propone y veremos entonces si los está interpretando bien y si se detienen las movilizaciones. Va a tener que hacer un buen esfuerzo para que le crean. Si no lo logra, el único camino viable es su renuncia, de modo que gente más apta pueda avanzar en la relación con el pueblo y abrir caminos de salida.
Lo más interesante del momento, aquello que hay que entender y asumir, es que lo que está en crisis es la democracia representativa. La situación actual nos exige avanzar hacia formas de democracia directa que abran nuevos caminos de participación. Las respuestas que conocemos no servirán para este momento y las nuevas aún no han nacido.
Ésta es la encrucijada en la cual estamos, éste es el camino inevitable que tenemos que recorrer. Hoy tenemos la oportunidad histórica de dar los primeros pasos en este inexplorado escenario social, y avanzar así hacia un nuevo Chile, realmente democrático, explorando formas de auto-organización y autogestión social.
La responsabilidad de todos aquellos que percibimos el momento como una posibilidad fundacional de una Democracia Real, que reemplace a la agotada y moribunda democracia representativa, es la de acompañar esta movilización popular, ayudar a encauzarla por los canales de la no-violencia activa y contribuir a consolidar un tejido social capaz de dar dirección y sostener los cambios futuros.
*Una Asamblea Constituyente supone por definición la libertad de establecer autónomamente cuál será su función y su duración, mientras que a la Convención Constitucional se le preestablece en el pacto solo la función de ser exclusivamente un mecanismo redactor en un periodo de nueve meses.
*Vicepresidente Partido Humanista
