Este viernes 22 de noviembre en el Palacio de la Moneda, organizaciones sociales representadas por José Aylwin, presidente del Observatorio Ciudadano, y Carlos Margotta, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entregaron una carta al Presidente de la República para solicitarle la renuncia del General Director de Carabineros, Mario Rozas.

Entre las razones argumentadas por las organizaciones, están las decisiones y dichos emitidos por la autoridad, que se alejaron de toda legalidad durante las horas más críticas de la crisis social, las que incluso, a la luz de la normativa vigente, y del derecho internacional de los derechos humanos, configuran graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes del país.

También señalan en la misiva las recomendaciones emanadas de la misión de Observadores Internacional que visitó nuestro país hace unos días, y cuyos hallazgos preliminares dieron cuenta de que a pesar de los Protocolos previos establecidos, “en la práctica, los principios de última ratio, proporcionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza están completamente ausentes en el accionar de la fuerza policial y de seguridad”, y que la Misión se encontraba “especialmente preocupada por la forma en que se está haciendo uso de armas menos letales por parte de Carabineros, con la intención de herir y castigar a los manifestantes”. Por ello, recomendó preliminarmente al Estado de Chile, la “inmediata desmilitarización de la gestión de las protestas y manifestaciones, priorizando canales de mediación y uso de medidas no violentas”.

Las organizaciones firmantes de la declaración son el Observatorio Ciudadano, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos Valparaíso, la Corporación Humanas, la Coordinadora de Derechos Humanos de la Araucanía, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Agrupación de Expresos Políticos Enrique Pérez, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, el Centro de Investigación y Defensa del Sur, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Cimundis, la Comisión Ética Contra la Tortura, la Corporación La Morada, el Observatorio de Genero y Equidad, la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la Red de Acompañamiento Psicológico y Pericias Psicomédicas en Caso de Tortura y Tratos Crueles y la Red de Defensa de los Territorios, Araucanía.

Sr.

Sebastián Piñera Echeñique

Presidente de la República de Chile

PRESENTE

Por medio de la presente, las organizaciones e individuos abajo firmantes, venimos a solicitar, en virtud del poder que lo inviste, solicite al Sr. Mario Alberto Rozas Córdoba, actual General Director de Carabineros, su renuncia de forma inmediata, atendidos los antecedentes que a continuación se exponen:

Como es de público conocimiento, desde el pasado 18 de octubre Chile se ha visto inmerso en distintas protestas sociales sin precedentes, que se han extendido hasta la actualidad, donde un número relevante de connacionales y extranjeros se han visto afectados en su integridad física y psíquica por el actuar directo de funcionarios de Carabineros de Chile.

Al efecto, el actual Director General de la institución policial, ha tomado desiciones e incurrido en dichos que se alejan de toda legalidad, las que incluso, a la luz de la normativa vigente, y del derecho internacional de los derechos humanos, configuran graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes del país.

Es importante destacar que desde los primeros días del uso de la fuerza policial, distintos organismos nacionales de derechos humanos, sociedad civil, voluntarios, instituciones ligadas al ámbito de la salud, e incluso la academia, han podido constatar graves vulneraciones a los derechos humanos atribuidas a dicha institución, entre las que podemos destacar, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, apremios ilegítimos, violaciones, abusos sexuales y golpizas. Sumando a ello un uso desmedido de la fuerza que se aleja por completo de los actuales Protocolos vigentes.

A lo anterior, se agregan otras malas prácticas de Carabineros de Chile, que se han acentuado durante el estallido social, como errores en los procedimientos policiales, ocultamiento de información -como es el negar la identidad de personas detenidas en sus dependencias o los libros de detenidos-, impedimento de facilitación a los defensores y abogados para entrevistarse con personas detenidas, y ocultamiento de identidades, entre otras, además de un eventual fraude al Fisco de Chile por la compra de municiones.

Como es dable entender, estos hechos no han sido aislados, y tampoco se trata de circunstancias específicas de algún funcionario en particular. Así lo demuestra, por ejemplo, el gran número de personas con trauma ocular, asunto que ha sido declarado como una emergencia sanitaria sin precedente alguno en el país y en el mundo.

Al respecto, el Colegio Médico de Chile, mediante su Departamento de Derechos Humanos, ha constatado al menos 290 casos de graves lesiones oculares, que incluso incluyen mutilación del órgano visual, lo que significa un daño irreparable para muchos jóvenes que quedarán marcados de por vida. Cabe hacer presente, además, que la asociación gremial tomó conocimiento de estos casos a partir del día 18 de octubre en adelante, y atendida la gravedad de los hechos, procedió a remitir periódicamente estos antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con la finalidad de poner en conocimiento a la autoridad y parar con tales afectaciones.

Más aún, en reiteradas ocasiones el Colegio Médico instó a la autoridad gubernamental y a Carabineros de Chile a no seguir utilizando las escopetas antidisturbios que disparan perdigones o balines. Por esta razón, las policías sabían y contaban con los antecedentes médicos suficientes que daban cuenta de la grave afectación de la población, haciendo caso omiso a tales llamados de urgencia e incurriendo día a día en los mismos actos.

Por otro lado, resulta necesario destacar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha dado a conocer diversas cifras y estadísiticas, actualizadas diariamente, las cuales apuntan a que del total de personas afectadas y lesionadas, en al menos un 90% de los casos ha sido Carabineros de Chile los involucrados en este tipo de actos.

A ello se suma el hecho de que con fecha 13 de noviembre, se filtró un audio del propio Directo General, en el que aludía expresamente a que “a nadie voy a a dar de baja por procedimiento policial”. Dichas declaracioens son graves, e instan a un ambiente de impunidad, lo que entra en completa discordancia y contradicción por lo dicho la Presidencia por Su Excelencia el pasado 17 de noviembre, en donde indicó que “debemos de condenar de forma categórica y sin ninguna ambigüedad la violencia, la violencia venga de dónde venga”, y que el Gobierno hará todos los esfuerzos, dentro del Estado de Derecho, “para que exista justicia y no haya impunidad con aquellos que causaron tanto daño a los chilenos”, reconociendo que en algunos casos “no se respetaron los Protocolos, hubo excesivo uso de la fuerza, se cometieron abusos o delitos, y no se respetaron los derechos de todos”.

A mayor abundamiento, es dable señalar que diversos órganos internacionales de prestigio han visitado el país, y han podido obsevar en terreno y obtener de primera fuente los relatos de vícitmas directas de la violencia policial, a lo cual han reaccionado dando diversas recomendaciones al Esatdo de Chile, y en particular al Ejecutivo, a fin de que se respeten los derechos fundamentales de las personas, en especial, de aquellos más vulnerables como los son los niños, niñas y adolescentes y personas adulto mayores.

Así, por ejemplo, con fecha 08 de noviembre, ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaba el uso excesivo de la fuerza y actos de violencia en el marco de la protesta social. De la misma forma lo ha hecho Aministía Internacional y Human Rights Watch.

Por otro lado, destacamos que entre los días 06 y 11 de noviembre, una misión de Observadores Internacionales de Derechos Humanos visitó las ciudades de Santiago, Valparaíso y Temuco, instancia en la que se reunió con distintos organismos de derechos humanos, la sociedad civil, grupos, víctimas y diversos colevtivos, además de instituciones estatales como el INDH, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y la Excelentísima Corte Suprema.

Entre sus hallazgos preliminares, dieron cuenta de que a pesar de los Protocolos previos establecidos, “en la práctica, los principios de última ratio, proporcionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza están completamente ausentes en el accionar de la fuerza policial y de seguridad”, y que la Misión se encontraba “especialmente preocupada por la forma en que se está haciendo uso de armas menos letales por parte de Carabineros, con la intención de herir y castigar a los manifestantes”. Por ello, recomendó preliminarmente al Estado de Chile, la “[i]nmediata desmilitarización de la gestión de las protestas y manifestaciones, priorizando canales de mediación y uso de medidas no violentas”, siendo necesario que hasta que no se realice una evaluación independiente que revise los Protocolos, se suspendan la “utilización de armas de fuego (escopetas) y dejar de utilizarse equipamiento «menos que letal» (gas lacrimógeno, gas pimienta, camiones hidrantes – carro lanza aguas) de manera generalizada y con el objetivo ilegal de producir daños en las personas”.

Finalmente, cabe señalar, que respecto al anuncio realizado por el Director General de Carabineros, en cuanto a la restricción del uso de balines antidisturbios en las manifestaciones pacíficas, que si bien resulta varolable, ello no ha detenido las malas prácticas ya señaladas precedentemente. Es más, desde tal anuncio, ha sido de público conocimiento que el propio día 19 de noviembre en la comuna de Recoleta de la ciudad de Santiago, dos personas civiles fueron heridas por pesonal de Carabineros directamente con armas de fuego, asunto que es gravísimo, y que pudo haber traído consecuencias aún más nefastas en la salud de los afectados; asimismo, en imágenes enseñadas por los medios de comunicación el día 20 de noviembre, se pudo dar cuenta que en las intersecciones de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins y Avenida Vicuña Mackenna en la ciudad de Santiago, un sinnúmero de funcionarios policiales se encontraban lanzando piedras a los manifestantes, asunto que se sale de todo Protocolo prescrito.

Hoy en día Carabineros de Chile es una institucionalidad que se encuentra debilitada, con bajo prestigio y aprobación en la sociedad en general, y con carencias desde el punto de vista formativo. Es necesario contar con una policía moderna, ya que ellas son esenciales para el fortalecimiento de las democracias. Urge que la institución sea reformada desde sus bases. Recordemos que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros (Nº 18.961), en su artículo 1, la considera como una “institución policial técnica y de carácter militar”. La sociedad actual no requiere de represión y miedo, por el contrario, es menester que las policías sean confiables y transparentes, a fin de forjar confianza para las nuevas generaciones, y que su actuar, no genere externalidades tan negativas como la violación de derechos humanos.

En virtud de estas graves acciones manifiestamente fuera del marco legal vigente, incluyendo una seguidilla de graves errores y hechos que importan un actuar negligente y desproporcinado por parte de Carabineros de Chile, y que profundizan la responsabilidad política e institucional de su Director General, Sr. Mario Alberto Rozas Córdoba, es que venimos en exigir a Su Excelencia, tenga bien a solicitarle su renuncia a la brevedad.

José Aylwin, presidente del Observatorio Ciudadano

Carlos Margotta, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos