En un nuevo aniversario de la Conquista, los pueblos indígenas denuncian la avanzada extractiva y la judicialización. Exigen que se aplique la ley y llaman a resistir desalojos.

El 12 de octubre es una fecha de luto para los pueblos indígenas de América. Pero también de resistencia y lucha, que en Argentina se expresa en la defensa del territorio y el rechazo a la explotación de litio e hidrocarburos, contra la megaminería y el agronegocio transgénico. Denuncian que en el país se incumplen los derechos establecidos en leyes nacionales y convenios internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos originarios. A 527 años de la llegada de Cristóbal Colón a Abya Yala (nombre reivindicado por las comunidades como previo a América) los pueblos indígenas se movilizan y comunidades mapuches llaman a resistir desalojos.

La Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de Jujuy inició el 4 de octubre una «caminata por el agua y la vida» que termina hoy en San Salvador de Jujuy. Durante ocho días atravesaron una decena de ciudades en rechazo a la megaminería y por la falta de aplicación de los derechos indígenas. Partieron de la localidad de Yavi, pasaron por La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Tumbaya, entre otras. «Gobernador Gerardo Morales basta de violar los derechos indígenas», se lee en la bandera que encabeza la marcha.

«Con la invasión de 1492 el Abya Yala fue sometida a sangre y fuego. Y las naciones originarias fueron despojadas. Hoy la historia continúa con las políticas extractivistas y saqueadoras de los neoliberales», denunciaron desde la Biblioteca Andina «Ñawpayachaykuna», que es parte del reclamo. Raúl Sajama, de la Asamblea de Comunidades, aclaró que el reclamo va dirigido tanto a los actuales gobernantes (provinciales y nacionales) como a los que asuman el 10 de diciembre.

Esta semana se conoció el Premio Nobel de Química para los científicos desarrolladores de las baterías de litio. Notas periodísticas celebraron que Argentina cuenta con grandes reservas del mineral y académicos de diversos rubros publicitaron sus trabajos con propuestas de explotación. No hubo mención a las consecuencias ambientales y sociales que genera en los territorios. En las Salinas Grandes (Jujuy y Salta) las comunidades Kollas y Atacama rechazan desde hace una década la invasión de empresas, que intentan explotar el lugar de vida y trabajo de las comunidades.

La Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes exige que se cumplan los derechos vigentes (Convenio 169 de la OIT), que obligan a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Implica que ninguna empresa ni gobierno puede ingresar a territorio indígena sin el visto bueno de la comunidad.

En tiempos que la crisis climática y la figura de Greta Thunberg ganaron espacio mediático, poco se consulta a los pueblos indígenas, que luchan y protegen la biodiversidad del planeta. «Desde siempre alertamos del desastre al que nos llevan gobiernos y multinacionales, pero no quisieron ni quieren escucharnos», afirmó Argentina Paz Quiroga, autoridad del Pueblo Warpe de San Juan. Recordó que el cambio climático tiene responsables directos, con distintos rostros según cada región: «Barrick Gold, la megaminería, es un ejemplo claro de la destrucción climática. Y lamentablemente es política de Estado, atraviesa los distintos colores partidarios».

En el sur, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro realizó un llamado de urgencia a desconocer fallos judiciales y resistir los intentos de desalojos. «En un hecho de gravedad institucional inusitada, la Justicia rionegrina pretende desalojar comunidades en plena vigencia de la Ley de Emergencia Comunitaria Indígena (26160), que expresamente suspende cualquier sentencia de desalojo», denuncia en el comunicado la Coordinadora Mapuche.

En un hecho inédito, en cinco días distintos jueces (Natalia Costanzo, Diego de Vergilio y Sergio Pichetto-Marcos Burgos) ordenaron el desalojo de las comunidades Pino Quiñe (costa del río Colorado), Newen Kurruf (Catriel) y Buenuleo (Bariloche). La organización mapuche pidió formalmente una reunión al Superior Tribunal de Justicia para «saber si el derecho indígena tiene vigencia» en Río Negro o si el Poder Judicial local ha decidido dejar de lado las leyes nacionales y tratados internacionales.

Foto Reinaldo Ortega

Recordaron el intento de desalojo, con Prefectura Naval, en la comunidad Lafken Winkul Mapu, con el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel. «No nos queda más opción que la resistencia al accionar policial que va a pretender desalojarnos. No estamos en condiciones de avalar pasivamente el atropello que pretenden hacer, desconociendo la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, leyes provinciales», alertó la Coordinadora del Pueblo Mapuche.

Amnistía Internacional impulsa desde hace cuatro años un mapa colaborativo de conflictos territoriales indígenas. Ya contabilizó un piso de 250 casos muy variados: litio en Jujuy, Salta, Catamarca y San Luis; petróleo en Vaca Muerta (Neuquén, Río Negro, Mendoza); agronegocio en toda la región del Chaco argentino; megaminería en la Cordillera; hidroeléctricas en Misiones, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. Son algunas de las amenazas que sufren los territorios indígenas. El mapa, que se puede acceder vía territorioindigena.com.ar, cuenta con la colaboración del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), entre otras organizaciones. «Las comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–) y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes», denuncia Amnistía Internacional.