Mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos, el 26 de septiembre de 2019, la comunidad internacional condenó la persecución de los hutíes contra los bahá’ís por su religión o sus creencias.

Comunidad Bahá’í

La resolución del Consejo de Derechos Humanos del 26 de septiembre fue aprobada apenas dos semanas después de que los fiscales de un tribunal de apelaciones controlado por los hutíes en Saná, defendieran una sentencia de muerte previa de un bahá’í sobre la base de sus creencias, argumentando a favor de la expulsión de todos los bahá’ís del país y la confiscación de sus propiedades.

En la última audiencia del tribunal de apelaciones en Saná, el 17 de septiembre de 2019, sobre el caso de Hamed bin Haydara, los fiscales solicitaron que el tribunal no solo confirmara la decisión del tribunal de primera instancia de ejecutar a Haydara, sino que «deportara inmediatamente a todos los considerados bahá’ís» del país y «prohibiera su entrada» en el país.  En su declaración escrita, la fiscalía pidió además al tribunal que adoptara medidas adicionales para desalentar las creencias bahá’ís y su expresión en el país.

La próxima audiencia para el caso del Haydara está programada para hoy día.

«La Comunidad Internacional Bahá’í está alarmada por la última declaración escrita de la fiscalía, que amenaza no solo la vida de Haydara, sino también las vidas de miles de personas que se consideran a sí mismas bahá’ís», dijo Diane Ala’i, representante de la Comunidad Internacional Bahá’í ante las Naciones Unidas.

Esta reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos pide la liberación inmediata de todos los bahá’ís detenidos en Yemen y que las partes en el conflicto armado «pongan fin a su detención y encarcelamiento arbitrarios, así como al hostigamiento y la persecución judicial a los que están sometidos…  [los bahá’ís]».

Una segunda resolución, presentada por Iraq en nombre del Grupo Árabe y adoptada por consenso en el Consejo, el viernes 27 de septiembre, expresaba «profunda preocupación por los graves abusos y violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Yemen cometidos por todas las partes en el conflicto, incluida…. la persecución basada en la religión o las creencias…».

Diane Ala’i añadió: «Sin duda, la comunidad internacional observará con gran interés si el juez que preside el caso de Hamed bin Haydara tiene en cuenta esta preocupación y demuestra imparcialidad y equidad o si se convierte en cómplice de las acciones de los hutíes que la comunidad internacional ha condenado como abusos y violaciones del derecho internacional».

Las dos resoluciones de la ONU se basan en un informe del Grupo de Expertos Eminentes Internacionales y Regionales de la ONU sobre Yemen, que enumera una variedad de crímenes de guerra cometidos en Yemen desde 2014. En el informe, el Grupo de Expertos Eminentes concluye que los hutíes «continuaron persiguiendo a los bahá’ís sobre la base de sus creencias, incluso deteniéndolos y acusándolos de apostasía, ridiculizándolos abiertamente y demonizando la Fe bahá’í en los archivos legales, emitiendo sentencias de muerte y amenazando a sus partidarios».

La incitación al odio contra los bahá’ís, en particular por parte del líder de los hutíes, Abdel-Malek al-Houthi, también fue motivo de preocupación para el Grupo de Expertos Eminentes, que afirmó que «sus palabras suscitan serias preocupaciones a la luz del actual conflicto, en el que los sentimientos sectarios han ido en aumento». En el informe se indica además que los hutíes han negado la existencia misma de una comunidad bahá’í en Yemen como grupo religioso.

En la actualidad, seis bahá’ís están detenidos en Saná y veinticinco personas, incluidos muchos de los miembros de instituciones de la comunidad bahá’í, están siendo procesados sobre la base de sus creencias, y peligra la seguridad de miles de otros bahá’ís.

La participación de Irán

Ya en mayo de 2017, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, el Dr. Ahmed Shaheed, comentó y expresó su preocupación por el hecho de que «[l]a reciente escalada en el persistente patrón de persecución de la comunidad bahaí en Saná refleja la persecución sufrida por los bahá’ís que viven en Irán».

En los últimos cuatro años, los hutíes han empleado tácticas similares a las utilizadas por el gobierno iraní contra los bahá’ís, entre las que se incluyen la vigilancia y el control de las actividades; la detención e interrogatorio arbitrarios de personas; el allanamiento de moradas; la confiscación de bienes y fondos; la persecución de líderes de la comunidad; el enjuiciamiento de los bahá’ís bajo pretextos falsos, como acusaciones de ser espías de gobiernos extranjeros; la búsqueda de sentencias de muerte; y la incitación al odio contra toda la comunidad a través de discursos provocativos pronunciados por las más altas autoridades. A pesar de todo esto, los hutíes, al igual que las autoridades iraníes, han negado descaradamente en la correspondencia oficial con las instituciones internacionales la existencia de cualquier persecución religiosa.

Tales comportamientos son consistentes con las recomendaciones contenidas en un memorando secreto que fue aprobado por el Líder Supremo de Irán en 1991, en el que se establece que «se debe diseñar un plan para confrontar y destruir sus raíces culturales [de los bahá’ís] fuera del país [Irán]».