Por Maria Fernanda Ribeiro/Reporter Brasil
El secretario del Ministerio de Minas y Energía afirma que el proyecto de ley debe ser enviado al Congreso ya este mes; áreas cotizadas por empresas equivalen a 28 millones de campos de fútbol y afectan a 160 etnias.
La actual fiebre del oro en Brasil es una carrera contra reloj en una maratón profesional que puede iniciar si el gobierno del presidente Jair Bolsonaro logra poner en marcha su proyecto de liberar actividad minera en tierras indígenas. Cada vez más próxima para entrar en vigor, la política de legalización de esta actividad, deja espacio para la aprobación (solo en tierras indígenas) de 4 332 solicitudes para proceder con el estudio mineral, la primera etapa para autorizar la explotación.
Si se aprueban, estos estudios subterráneos tienen el potencial de causar daños ambientales en al menos 215 tierras indígenas (TI) en todo el país (30% del total) en áreas que suman el equivalente a 28 millones de campos de fútbol solo en la Amazonía Legal. También afectarían a 160 grupos étnicos, 12 de ellos son pueblos aislados.
Los datos fueron recopilados por el Instituto Socioambiental (ISA) en base a solicitudes entregadas al extinto Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM), hoy es la Agencia Nacional de Minería. Las solicitudes muestran que las empresas están pendientes de 55 sustancias, siendo la más cotizada el oro, seguido por el cobre, el estaño, el plomo, el manganeso, el titanio y el niobio. En el ranking de las diez empresas con más solicitudes para estudios mineros en áreas indígenas, siete apuestan todas sus cartas a una posible legalización, ya que, sumando todas las solicitudes hechas por ellas, más del 80% se centra en territorios indígenas. La tierra indígena más cotizada en número de solicitudes es la de los Yanomami, entre los estados de Roraima y Amazonas, donde la fiebre de oro ilegal ya dejó marcas en la región a raíz de la invasión de buscadores de oro y la contaminación de mercurio. Si las 536 solicitudes para esta área, emitidas por 58 empresas llegan hasta su etapa final, la minería podría impactar el 42% de las tierras de los Yanomami, con un potencial de destrucción de 4 millones de hectáreas de bosque (o 4 millones campos de fútbol). Sin embargo, si analizamos el porcentaje de la tierra desde el punto de mira de las solicitudes, hay casos en los que se centran en el 100% del territorio, como el territorio indígena Baú y Río Paru d’Este, ambos en Pará.
«El número de tierras indígenas afectadas y el potencial de deforestación muestran que este es un proceso de expoliación de estas tierras y de explotación a cualquier costo», dice Tiago Moreira, antropólogo y analista de investigación socialambiental del ISA. Afirma además que cualquiera que sea la participación indígena en los beneficios de la minería, nunca será suficiente para cubrir el daño al medio ambiente y la forma de vida de las comunidades, ya que las empresas algún día abandonarían el ‘patrimonio’ de los pueblos indígenas. «Liberar las tierras indígenas para la minería es abrir más agujeros en este detonador ya frágil».
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Según el geólogo Edson Farias Mello, profesor de la UFRJ (Universidad Federal de Río de Janeiro), no es posible evaluar los impactos de la minería en tierras indígenas solo desde una perspectiva ambiental. «Debe tenerse en cuenta que habrá una ruptura del equilibrio social y cultural, en un escenario extremadamente temerario, a medida que la minería y el minero van más allá de la degradación ambiental. Cuando permites actividad económica dentro de tierras indígenas, ya estás empezando a perder el control».
El gobierno tiene prisa
La legalización de la minería en territorios indígenas depende de la aprobación de una ley por parte del Congreso Nacional, según lo dispuesto en la Constitución. Sin embargo, para el gobierno esto es cuestión de tiempo. Poco tiempo.
El Secretario de Geología, Minería y Transformación de Minerales del Ministerio de Minas y Energía (MME), Alexandre Vidigal de Oliveira, dijo a Reporter Brasil que el gobierno tiene prisa por aprobar un proyecto que regula la minería en tierras indígenas. «La idea es que se procesará tan pronto como sea posible y puede que sea ya para este octubre, debido a la exigencia que se nos ha sido planteada para acelerar estas expediciones».
La actividad minera en el subsuelo de los poblados, se rige por la Constitución. En el Artículo 231, garantiza a los indígenas la decisión sobre la explotación de sus tierras al decir que la explotación de «riquezas minerales solo puede efectuarse con la autorización del Congreso Nacional, después de que se escuchen a las comunidades afectadas «. Con respecto a este tipo de explotación, el país también sigue el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece que los pueblos indígenas deben ser consultados en todas las etapas con respecto a cualquier proyecto minero.
Fotografía de 1990. Muestra al piloto de la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) llevando a un indígena yanomami, víctima de los mineros ilegales, a un puesto médico en Roraima (Fotografía deCharles Vincent / ISA)
Sin embargo, Oliveira dijo que los pueblos indígenas, incluso si son escuchados, no tendrán poder de veto y que la palabra del gobierno es soberana sobre el proyecto de ley que debe enviarse al Congreso. «Es bueno dejar en claro que la Constitución quien dice que no tienen derecho al veto. Se habla mucho de que los indios no quieren la explotación, pero no es del todo cierto. Tenemos muchas comunidades indígenas que vienen a nosotros y quieren que esta abundancia mineral en sus territorios se convierta en riqueza». Cuando se le preguntó a qué comunidades o líderes indígenas se refería, el secretario dijo:«Por los nombres, no sabría decirlo».
La prisa del gobierno refuerza la campaña propuesta por Bolsonaro para liberar la minería y a los mineros en TI, apostando al crecimiento económico y desarrollo a través de la explotación del subsuelo Amazónico.
Sin embargo, los pueblos indígenas se han opuesto a la propuesta del gobierno, especialmente, exigiendo que se les escuche. «Queremos tener garantía de la ejecución de consultas gratuitas, previas e informadas a los pueblos indígenas. También repudiamos cualquier acto de legalización de la minería en tierras indígenas», dice Maria Leonice Tupari, coordinadora de AGIR (Asociación de Guerreros Indígenas de Rondônia), que reúne a 25 grupos étnicos.
En septiembre, el movimiento Munduruku Ipereg Ayu realizó una protesta en Itaituba (Pará) contra la legalización minera, dejando en claro que el gobierno no los representa y que no habrá diálogo sobre temas relacionados con la destrucción de la Amazonía. Davi Kopenawa, reconocido internacionalmente por su trabajo en protección forestal, también declaró resistencia del pueblo yanomami, territorio donde la contaminación por mercurio envenenó 239 adultos indígenas examinados, según un estudio de la FIOCRUZ.
Desde empresas pequeñas hasta Vale S.A
El perfil de las empresas que emiten las solicitudes, también varía en términos de ubicación, y, sobretodode tamaño. Desde grupos pequeñoshasta gigantes, como Vale.
Quien lidera el ranking de las diez compañías con más solicitudes es la Mineração Silvana Indústria e Comércio, controlada por Mineração Santa Elina, con 735 solicitudes para territorios indígenas. Fuera de estas áreas, tiene solo 125 solicitudes, lo que muestra la apuesta de la empresa en la reglamentación futura. Reporter Brasil contactó a Santa Elina, pero está se negó a pronunciarse.
Vale aparece en segundo lugar con 216 solicitudes que, de aprobarse, afectarán a 1,8 millones de hectáreas dentro de los territorios indígenas. Vale informó a Reporter Brasil que «debido a que es una gran empresa con una amplia inserción territorial, considera la relación con las comunidades como uno de los aspectos relevantes de su actividad y la relación se basa en el respeto por la cultura local y la apreciación de la diversidad».
Aunque la codicia corporativa por la riqueza subterránea es grande, aún no se sabe qué podría pasar con estas solicitudes de estudios. Esto se debe a que, según la legislación minera actual, en general, la empresa que realizó el pedido primero tiene prioridad de explotación. Sin embargo, el secretario Oliveira considera cambiar los criterios de la explotación a través de consultas públicas. Una especie de licitación entre empresas, dando a aquellos que tienen la capacidad técnica para explorar el área y el mineral.
Traducción del portugués por Erika Rodriguez
