Pacto ético para la cobertuura informativa. Dignificar el periodismo y proteger a la ciudadanía de los periodistas canallas

Por Dardo Gómez

La firma de un pacto ético para la cobertura informativa del juicio por el caso del pequeño Gabriel Cruz ha demostrado la impotencia de los códigos deontológicos, confiados a la supuesta autorregulación de los medios, para dignificar el periodismo y proteger a la ciudadanía de los periodistas canallas

En el periodismo español y en el de cada una de sus referentes autonómicos tenemos una superproducción de buena voluntad; esta se viene manifestando desde hace años en la manifestación de objetivos de responsabilidad y declamaciones éticas que se hallan fijadas negro sobre blanco en las decenas, quizá una centena, de códigos deontológicos que se han dado todas las organizaciones profesionales y algunas sindicales de periodistas.

Se han puesto en estos documentos muchos afanes y talentos; declaro que yo he sido testigo desde primera fila de sesudos debates y hasta enfrentamientos serios en la decisión de las palabras de sus articulados.

Sin embargo, parece que esta burrada de documentos reiterativos no han resultado suficientes para implantar en el tejido de nuestra industria de la comunicación, en sus variadas plataformas, la responsabilidad ética ni el respeto por la ciudadanía que le ha confiado la elaboración de su información.

Digo esto tras leer el clamor de la madre del pequeño Gabriel Cruz: “¡Basta ya! Si fuese su hijo… ¿Podrían leer, desgraciadamente muchos los titulares y noticias sin que se revuelvan sus entrañas?, ¿podrían soportar que les pregunten continuamente si esas publicaciones son ciertas?, salir a la calle y observar continuamente el dolor cuando les miran o tener miedo a salir de casa por que la continua evocación hacia su pérdida hace que quieras esconderte”.

Está claro que para muchas personas los sentimientos de un afectado directo pueden suponerse exagerados y fuera de límite; pero creo que generan menos dudas a este respecto la preocupación manifestadas por algunas organizaciones de juristas.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD); han expresado -de forma conjunta- su desconfianza por la garantía que pudieran ofrecer aquellos códigos sobre la calidad del tratamiento informativo del caso referido; que se ha terminado de juzgar en la Audiencia Provincial de Almería.

Estos juristas pedían en su documento “que se respete la intimidad del menor y su familia, así como la presunción de inocencia de la acusada, mediante un tratamiento informativo responsable que conjugue el derecho a la información con la protección constitucional de las partes intervinientes. Y extendemos esta petición a todos los casos mediáticos en curso o por venir por ser una asignatura pendiente en nuestra sociedad”.

Demás está decir que ni caso, ya lo hemos visto, y aún no hemos llegado al final del maltrato informativo. Aun falta la sentencia, que dará el pretexto perfecto para sangrar aún más la agonía de la familia.

En medio de esa demanda de los profesionales de la justicia surgió una iniciativa del Consejo Audiovisual de Andalucía para que distintas entidades suscribieran un titulado Pacto ético sobre la cobertura informativa del juicio por la desaparición y asesinato del pequeño Gabriel Cruz.

Está claro que las experiencias acumuladas por este organismo andaluz -el más activo de los dos únicos existentes en España- tampoco le permitían confiar en la tan cacareada autorregulación de los medios ni en el seguimiento de los códigos deontológicos y pedían un compromiso público.

Entre la docena de entidades que han respondido a esa demanda figuran dos facultades de enseñanza de periodismo y siete de organizaciones que agrupan a informadores, que cuenta, cada una, con sus respectivos códigos.

El caso es que en el “pacto ético” no se pedía ni se exigía nada que no estuviera ya contemplado en esos códigos y las organizaciones en cuestión bien podrían haber dicho “es que ya lo tenemos comprometido, pero nadie nos hace puñetero caso”. Ni sabemos como conseguirlo, añadiría yo…

Ya volveremos a esto.

En el texto de este reto ético señalan: “se trata de un esfuerzo colectivo, que no debe recaer solo en los medios informativos sino que afecta al conjunto de la sociedad, por lo que este pacto ético es también una llamada a la responsabilidad y solidaridad de la propia comunidad andaluza y de la sociedad española en su conjunto. Las entidades resaltan, asimismo, la necesidad de un juicio abierto y transparente”.

Cuesta saber a qué viene esta última impertinencia que apunta a los administradores de justicia, pero más cuesta digerir que se considere un esfuerzo de los periodistas comprometerse a cumplir con dignidad sus obligaciones con la sociedad que les ha confiado su derecho a la información.

Más difícil aún de tragar es que se reclame, para esta tarea, responsabilidades a la ciudadanía cuando los que están en el ojo del huracán son los medios informativos y los informadores.

El reclamo social, de los familiares del asesinado y el de los juristas va hacía ellos y la razón del reclamo es por el trato obsceno que los mismos hacen de casos como este.

Nada se reprocha al resto de la ciudadanía, salvo algún twitero desaprensivo que pudiera caer. Por favor, no pongan el ventilador de las responsabilidades para repartir las vergüenzas.

El maltrato sistemático de la información no es responsabilidad de los vendedores de diarios ni se habla de la presunta falta de ética de los panaderos. Todas las miradas y las críticas, en este caso, apuntan a los medios de comunicación y alcanzan a los periodistas que, trabajando en ellos, cumplen con las inconfesables exigencias de sus jefes y patronos.

La otra duda, para mi pobre entendimiento, es la razón por la cual las organizaciones periodistas se limitan a suscribir un documento en el que se demanda que se cumplan los términos que cada una de ellas ya tienen fijados en sus respectivos códigos deontológicos.

Bien podrían poner en relieve esas letras y poner a trabajar a sus órganos pertinentes de custodia de la conducta profesional de sus asociados. Todas ellas tienen capacidad -cumpliendo los debidos recaudos y garantías- para expulsar a aquellos asociados que vulneren la ética de la profesión de forma flagrante.

No hablamos de “tribunales de honor”, que están prohibidos, sino de hacer valer lo que cada uno de ellas tienen en sus respectivos estatutos respecto a quienes vulneraren las normas deontológicas de la profesión. Creo que no hay ninguna de ellas que no lo tengan así fijado.

Esto con respecto a sus asociados díscolos; pero también se puede hacer algo con las empresas de medios; por ejemplo, sacarle sus vergüenzas a relucir. Algunas de estas organizaciones tienen en sus estatutos que uno de sus objetivos es el de velar por la ética y dignidad profesional y por el respeto que se debe a los derechos de la ciudadanía.

Aquí tienen una magnífica oportunidad para hacer pública su condena con nombre de marca y apellidos de sus dueños y directores (si no es así, no vale) a los medios que no respetan esos derechos que se han comprometido a custodiar.

No espero que no lo hagan…

En cambio, es seguro que seguirán con sus vacíos llamados a la conciencia de los sin conciencia y proclamando las bondades de la inexistente autorregulación de los medios de comunicación. Y así seguiremos…

En Gran Bretaña, hace ya algunos años que la ciudadanía se ha movilizado contra los abusos de la prensa y las vejaciones de medios como “The Sun”, los pasquines del grupo Mirror y las alianzas corruptas de los medios con los políticos y los policías. ¿Os suena a algo?

El conocido Informe Leveson, confirmó en la existencia de toda esa corrupción, de la cual halló cómplice al autorregulador Comisión de Quejas de Prensa (PCC), de los empresarios, y recomendaba la creación de un regulador legal.

Como suele ocurrir, el poder de los empresarios de prensa británicos terminó por acojonar a los políticos, que no dieron oportunidad a continuar las investigaciones como reclamaba el juez Leveson y, en cambio, ha dado cancha para reeditar el PCC rebautizado como IPSO, pero con los mismos empresarios detrás.

Este no ha tardado en demostrar su ineficacia para controlar los excesos de los medios y compincharse con ellos. Organizaciones ciudadanas como Open Democracy o Hacked Off no han tardado en cargar contra esta nueva corrupción que propicia la pretendida autorregulación y su ineficacia.

La última de esas organizaciones declaraba hace algo más de una semana: “El problema fundamental es la ausencia total de regulación en la mayoría de nuestra industria de periódicos. El autorregulador IPSO tiene el poder de emitir grandes multas y lanzar investigaciones serias sobre las infracciones del Código de Editores, pero nunca lo ha hecho. Esto se debe a que IPSO es administrado por los mismos periódicos que se supone que debe regular. No hay disuasión por parte de los periódicos que actúan de esta manera una y otra vez. Hasta que sea reformado o reemplazado para cumplir con los requisitos de regulación independiente, no habrá responsabilidad para la prensa ni protección para las personas comunes que son víctimas del comportamiento escandaloso de la prensa.”

Parece que en España pocos entienden esto, salvo el periodista Agustín Yanel, secretario general de la FeSP que, a pesar de que su organización firmó el referido pacto ético, ha afirmado: “Lamentablemente, las experiencias que ha habido en distintos casos no permiten ser optimistas respecto a lo que algunas cadenas de televisión harán con este juicio. Por eso, y por otras muchas razones, es necesario crear en España un Consejo Estatal Audiovisual independiente para que, respetando las competencias de los Consejos autonómicos que ya existen o puedan surgir y en colaboración con ellos, se encargue de velar porque los contenidos que difunden las radios y televisiones -tanto públicas como privadas- se ajustan a las leyes y las normas deontológicas del periodismo, respetan la libertad de expresión y el pluralismo, y también el derecho al honor y la intimidad de las personas, de manera especial si son menores”.