Por Eva Débia Oyarzún*
Ayer, un compañero de colegio en un grupo de Whatsapp me preguntó directamente qué puede hacerse frente a la crisis en la que estamos inmersos hoy. Cuál es la solución, más allá de la crítica al gobierno y a los políticos y grandes teorizaciones sobre cómo fue que llegamos a esto. Lo primero que me nació decirle es que no caben acá soluciones parches, pero partí por un antecedente clave: el prerrequisito de comenzar una reconstrucción en la que quepamos todos, es mantener a todo evento una estructura democrática.
Esto no partió ahora; las marchas pacíficas multitudinarias contra las injusticias sociales en Chile son de larga data, y como respuesta hemos tenido una sordera crónica por parte de quienes han administrado la nación y tomado las grandes decisiones de Estado. Para responderle a mi compañero como corresponde, voy a hacer eco de lo que ya se ha mostrado, desde los análisis generales. Hoy Sebastián Piñera se reunirá con la cúpula de todo el espectro político (aunque ya se han bajado varios sectores, lo que es muy desalentador); es de esperarse que tomen decisiones concretas, urgentes y definitivas, frente a los siguientes tópicos:
1. Modificación al sistema de pensiones. Las marchas pacíficas contra el sistema de las AFP superaron a las 600 mil personas en Plaza Italia; el sistema (creado por el hermano del Presidente en tiempos de Augusto Pinochet) tiene hoy al 80% de los jubilados recibiendo pensiones que equivalen a poco más de un tercio del sueldo mínimo. No hablo de quienes han cotizado de manera irregular, sino de quienes han sido responsables y constantes en el pago de las cotizaciones pertinentes. 9 de cada 10 chilenos, hoy, recibe menos de 300 mil pesos como pensión. Como solución, se ingresó a fines del año pasado un proyecto de ley para modificar el sistema, con un aporte mensual extra correspondiente al 4% del sueldo de cada trabajador, que debiera ser financiado por los empleadores. Creo que esto es un parche; dadas las obscenas ganancias del sistema de AFP, debiese instruirse una normativa que permita sacar lo acumulado a lo largo de los años, a la hora de jubilar. Y si fuese posible acelerar el proceso de una reforma tributaria en donde las pymes paguen menos impuestos y multas que las grandes empresas, tanto mejor.
2. Responsabilidad política. Mantener el gabinete ha sido de una imprudencia y una miopía que hoy, con las sensibilidades a flor de piel, resulta altamente ofensivo y alejado de un afán de entendimiento. Es necesario un gran gesto político por parte del Ejecutivo, y ello debiese pasar por la destitución de los ministros que han tenido un manejo inadecuado y dichos desafortunados (desde comprar flores, hasta levantarse más temprano). La ciudadanía vería con buenos ojos que el Ejecutivo y el Legislativo asumiesen su responsabilidad en este proceso; por ello, hace sentido que lo que Jackson y Boric plantearon hace casi seis años hoy el Senador Quintana lo plantee como una urgencia: la rebaja en las dietas parlamentarias. Iría más allá y, desde la responsabilidad que cabe, debiesen realizarse las acusaciones constitucionales que procedan, entendiendo que el jefe de Estado es Piñera y que es por sus decisiones que hoy la oficialidad informa que hay 15 muertos, sumado a la violencia desproporcionada y desmedida de militares y carabineros en las calles. Los parlamentarios (y el Ejecutivo en general) debiesen tener FONASA y no isapre, utilizar los sistemas públicos de transporte, jubilar con el mismo sistema que el resto de los chilenos y no a costa de los chilenos. Para qué hablar de las rentas vitalicias: derogarlas, es de perogrullo.
3. Reforma al sistema de salud. De acuerdo a la Encuesta CASEN, el 80% de la población está afiliada a FONASA, y el 20% restante acceden a diversas instituciones de salud privada a través de isapres. Eso implica que el 80% de los chilenos hoy están con un déficit profundo de especialistas, de atención primaria, de insumos básicos en el sistema. En los hospitales las listas de espera llegan a dos millones de personas y el retraso se vuelve ridículo (a modo de ejemplo, en La Serena este año llamaron a Juan Arancibia para ser operado pero respondió su esposa, porque el enfermo había fallecido seis meses antes). El 20% que accede a isapres, por su parte, ha visto progresivamente la baja cobertura, el alza sostenida de los planes, el acceso restringido a determinados centros y la condición lacerante de las preexistencias. Para qué hablar de la salud mental: Chile es el segundo país de la OCDE que más ha aumentado su tasa de suicidios durante los últimos 15 años, y el COMPIN (organismo encargado de aprobar o rechazar las licencias de FONASA) ha mostrado no ser suficiente para las necesidades de la población. Actualmente existe un proyecto de 17 puntos para reformar el sistema, donde se considera el fin de las preexistencias y un plan único para el sistema público y privado. Sin embargo, de seguir el conducto regular y con fluidez, este proyecto se demoraría años en ser puesto en marcha: es necesario acelerarlo y darle prioridad.
4. Los famosos 30 pesos. Detesto ser centralista, pero siete de los 19 millones de chilenos vivimos en la Región Metropolitana; por lo tanto, el transporte público y las medidas asociadas a su ejecución y financiamiento repercuten directamente en gran parte de la población país. El Transantiago que hoy se llama RED tiene ya 12 años de vida; se nos prometió un servicio de calidad, sustentable y sin subsidios estatales, pero desde el 2007 hemos sido testigos de serios problemas de diseño, implementación y sobre todo, planificación. Este gravísimo error estratégico primero de Ricardo Lagos y luego de Michelle Bachelet ha sido parchado progresivamente, con mejoras parciales que no han dado abasto. Entonces, es comprensible la furia ciudadana: de acuerdo a lo concluido por un estudio de la UDP, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes. En el 2009 se publicó la Ley 20.378 para crear un subsidio nacional para el transporte público; allí se creó el panel de expertos para calcular el valor de los pasajes basados en ocho factores, entre ellos el IPC, el diésel, el dólar y el euro. Al año siguiente, un Decreto Supremo definió que mientras exista este subsidio al transporte público, el panel no puede determinar la reducción en las tarifas. Y claro; el gobierno (que inicialmente dijo que era imposible cambiar el alza del 6 de octubre) entrega como gran muestra concreta de avance la derogación y congelamiento del valor del transporte, lo que solo refuerza la conducta histórica de pretender sanar un cáncer a punta de aspirinas.
5. Precarización laboral. Sumemos a todo el panorama previo las jornadas extenuantes, los tiempos de traslado, la subcontratación y externalización de servicios. Para la realidad económica del chileno promedio esto es determinante: de acuerdo a la Fundación SOL, a fines del 2017 la mitad de los trabajadores ganaba en promedio $400.000 (cuatrocientos mil pesos), mientras que un 0,01% de la población (o sea, unas 1.900 personas) ganaban casi $600.000.000 (o sea, 1500 veces lo que gana la mediana del trabajador en Chile). No es de extrañar entonces la pérdida de foco, de sentido, la falta de perspectiva, sobre todo cuando se discuten los parámetros de dignidad de un sueldo mínimo como el que tenemos (que, en marzo de este año, subió a la ostentosa suma de $301.000).
6. Agua para todos. El Código de Aguas en Chile permite dentro del marco legal que el acceso a esta esté limitada (desde 1981) por derechos de aprovechamiento, que está en manos de privados. Es una maravilla observar cómo milagrosamente los cauces de distintos ríos han vuelto a correr ahora, a raíz de las movilizaciones. Sin embargo, hay que poner ojo en la urgencia de las modificaciones legales pertinentes para que la sequía sea sequía y no saqueo. Hay iniciativas de reforma del Código en el Congreso, pero (como en la mayoría de los casos ya planteados) tal pareciera que el conflicto de fondo es la urgencia a una reforma constitucional plena. Anoche escuchaba al Presidente hablar, y decía que su gobierno busca proteger las cosas y los sueños de los chilenos. En ese orden: lo material, primero.
7. La educación es la clave. Los conflictos de demanda por una educación gratuita y de calidad tienen larga data en nuestro país; en 2006 la revolución pingüina, y luego en 2011 y en 2016 el movimiento estudiantil, marcaron no solo la agenda sino que puso de manifiesto esta urgencia. Es cierto, se consiguió gratuidad en educación superior para el 60% de los estudiantes, pero permanecen remanentes que atentan contra la calidad de la entrega educativa. La supresión de asignaturas basales como la historia, la histórica deuda que se mantiene con los profesores y un largo etcétera solo potencia la brecha socioeconómica de los estudiantes; este año, sin más, cerca de 27 mil estudiantes perdieron la gratuidad por exceder la duración nominal de la carrera, muchos de ellos debido a lo superados que se ven por la brecha de conocimiento que se requiere a la hora de enfrentar estudios superiores. Y claro, si pierden la gratuidad, los estudiantes de menos recursos optan por el CAE; cito nuevamente a la Fundación Sol: en 2018 se generaron 632 mil endeudados por educarse. La solución aquí podría pasar por la creación de un Sistema de financiamiento solidario y por una dignificación del rol docente en todo ámbito y -por favor- el pago inmediato de la vergonzosa deuda histórica.
8. Dignidad versus corrupción. Tenemos una fisura social profunda en este tópico, y es de carácter transversal. El doble estándar es inaguantable: mientras a los empresarios se les envía a clases de ética y se hacen perdonazos a gran escala a las colusiones (farmacias, papel higiénico, pañales, pollos), Matías Álvarez (el emprendedor de los sándwiches que quebró por las multas acumuladas a pyme) es el reflejo de muchos y muchas que se esfuerzan por surgir pese a la adversidad de todo el contexto ya explicado. A las evasiones de impuestos (con rostros reconocidos de políticos y empresarios, partiendo por el mismo Presidente Piñera: la deuda de contribuciones de su casa en Caburgua equivale a evadir el pasaje del metro por unos 900 años) y a la corrupción de las estructuras y personalidades que debiesen ser un ejemplo de probidad (Carabineros, Ejército, casos Penta, Caval, SQM, Ley de Pesca) se suma una sensación de impunidad que es profundamente violenta y creciente. En el otro extremo de la balanza tenemos a Bastián Arriagada, vendedor de CD’s piratas que murió calcinado en el trágico incendio de San Miguel de 2010. De nada sirven las investigaciones si finalmente la justicia se diluye y se posiciona en la mentalidad del ciudadano (muy justificadamente, a la luz de los hechos) que el poderoso comete delitos y es perdonado. Por ello urge la transversalidad de trato, con miras a dignificar los procesos, y la ejecución que corresponda en cada caso, desde lo micro a lo macro.
Me he extendido mucho más de lo posible, pero espero que este resumen ayude a dar luces sobre lo que la ciudadanía necesita para aquietar esta urgencia de 30 años que hoy ya se nos ha vuelto insostenible. La mayoría de estos cambios concretos pasan por una reforma a la Constitución, y para ello se requieren dos tercios de la votación del Senado y, por lo tanto, voluntad política real. Por ello insisto en la urgencia responsable del Ejecutivo junto al Legislativo: allí está la clave para poder sostener esta estructura a la que le decimos patria.
*Periodista, escritora, docente, Mg. Comunicación y Educación
