AUCH! (Organización de escritoras feministas chilenas)

 

Chile, 24 de octubre de 2019

 

La semana pasada se iniciaron protestas y actos de desobediencia civil en Santiago de Chile debido a un alza en el precio del metro. El alza de 30 pesos (que ubicó el pasaje en 830 pesos, es decir, 1.23 dólares en un país donde casi dos tercios de la población recibe un salario de menos de 550 dólares) de inmediato gatilló protestas masivas que se extendieron al resto del territorio. Los manifestantes, en marchas y caceroleos espontáneos, nos alzamos en contra del costo de la vida, la privatización de los recursos naturales y de la salud, las pensiones y la educación, y, de manera más general, en contra de la precarización de la vida en el laboratorio neoliberal del mundo. Las pancartas dicen: “No son 30 pesos, son 30 años”. Treinta años de abuso generalizado y de desigualdad estructural que se ve reflejada en los siguientes datos: el ingreso per cápita del quintil inferior no llega a los 140 dólares mientras que la dieta parlamentaria en Chile supera en 4,7 veces al promedio mundial (un diputado en Chile gana 40 veces el ingreso mínimo, es decir, unos 25.000 dólares mensuales). Chile, según cifras del Grupo del Banco Mundial del año 2018, es el séptimo país con mayor desigualdad en el mundo.

El gobierno ha reaccionado con violencia y represión ante estas protestas masivas y mayoritariamente pacíficas, decretando estado de emergencia y toque de queda en gran parte del país. La televisión y los diarios han decidido poner el foco en los disturbios y no en las demandas de fondo y no han informado con celeridad acerca de los múltiples abusos por parte de los militares. Las calles de Santiago y otras ciudades están patrulladas por las fuerzas armadas y la represión al legítimo derecho de protesta ha sido violenta y generalizada. Han muerto ya 18 personas (y la cuenta sigue), y el Instituto Nacional de Derechos Humanos informa de más de 2400 detenidos y cientos de heridos. Hay denuncias comprobadas de violencia política sexual por parte de militares a mujeres detenidas, así como casos de tortura en diversos lugares del país. Sin embargo, pese a la gravedad de esta situación, el gobierno no ha informado sobre la causa de muerte e identidad de muchas personas e incluso ha elogiado el actuar de las fuerzas armadas sin asumir responsabilidad política alguna.

La represión ha empeorado a medida que avanzan los días. El gobierno de Sebastián Piñera continúa escalando el problema al ampliar el estado de emergencia y el toque de queda y al anunciar una serie de medidas cosméticas que no suponen cambios sustanciales a un sistema económico que ha perdido cualquier tipo de legitimidad política. Hace dos días el presidente declaró “estar en guerra” y su más reciente cambio de tono no ha ido acompañado de medidas que terminen con el actual estado de militarización. En Chile no estamos en guerra. Estas son protestas masivas y actos de legítima desobediencia civil tras décadas de abuso y precarización, y la respuesta ha sido militarizar las calles y reprimir a la ciudadanía.

La actual crisis es la más grave que ha vivido el país desde la dictadura de Pinochet. Como escritoras feministas organizadas y profundamente comprometidas con la libertad de expresión y los derechos humanos creemos que es urgente elevar la presión internacional para que los militares vuelvan a sus cuarteles, se ponga inmediato fin a las violaciones de derechos humanos y recuperemos nuestro derecho a protestar pacíficamente en una democracia. Necesitamos todo el apoyo internacional que podamos obtener. Por favor, compartan esta información, contacten a organizaciones de derechos humanos en sus respectivos países, informen a sus representantes nacionales y locales, y exijamos el inmediato fin a las violaciones de derechos humanos que se están perpetrando en Chile.

Un nuevo pacto social solo puede ser alcanzado sin los militares en las calles.