Entrevista: Latitud Noviolenta
Transcripción: Jember Javier Pico Castañeda
El pasado 17 de septiembre de 2019, el pleno de la Asamblea Nacional ecuatoriana dijo “no” a despenalizar el aborto por algunas causales concretas, manteniéndose en una visión legislativa de 80 años atrás. Esto lo hizo después de dos años de debate en su comisión de justicia y de nueve meses de debate en plenaria.
El equipo de Latitud Noviolenta dialogó con Silvia Buendía, abogada y activista por los Derechos Humanos, para comprender lo sucedido en torno a esta decisión que atenta contra la dignidad y los derechos de las niñas y mujeres, especialmente las que viven situaciones de mayor vulnerabilidad.
En Ecuador, desde 1938 el aborto está despenalizado por dos causales: cuando está en riesgo la salud integral o la vida de una mujer y cuando ha habido violación a una mujer con discapacidad mental. Los organismos internacionales de Derechos Humanos han recomendado insistentemente al país ampliar las causales o mínimos que un Estado debe tomar en cuenta para no obligar a las mujeres a tener hijos o hijas que no desean.
En concreto, lo debatido por la Asamblea fue la reforma del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, para incluir y despenalizar algunas causales específicas:
- La violación sexual. Si este crimen produce un embarazo, la mujer debería tener las condiciones de decidir libremente qué hacer y cómo proceder, sin que se ponga en riesgo su seguridad, su vida y su salud.
- La violación sexual a niñas en situación de incesto: cuando el violador es un familiar.
- Cuando el feto presenta malformaciones o patologías incompatibles con la vida independiente extrauterina y le hacen imposible sobrevivir después del parto, como ausencia de riñones, de cerebro, que son poco frecuentes.
- Inseminación artificial no consentida. Aunque parezca extraño, es un delito ya tipificado en el mismo Código Orgánico Integral Penal en el artículo 164. Muchos grupos, personas y periodistas no han comprendido esto y deliberadamente han engañado y desinformado al respecto.
Someter a niñas y mujeres a llevar adelante embarazos no deseados producto del crimen de la violación es someterlas a tratos crueles, inhumanos y de tortura. Esto lo afirman los organismos internacionales de Derechos Humanos y el Comité de tortura en Ecuador.
Sobre el rol condicionador de algunos líderes religiosos para presionar este resultado, Buendía recuerda que Ecuador es un Estado laico en el cual se respeta la profesión de cualquier fe en igualdad de condiciones, y considera que es poco caritativo el hecho de que se reúnan jerarcas de la iglesia públicamente a rezar a favor de que las mujeres violadas sigan siendo criminalizadas por abortar, sobretodo cuando ellos mismos no lo hicieron en situaciones de violaciones de derechos o catástrofes, como las desapariciones de mujeres o las víctimas del terremoto en Manabí.
Esta decisión de la Asamblea ahora está en manos del Presidente, quien está facultado por el artículo 138 de la Constitución para emitir -en un plazo de 30 días- un veto parcial que permitiría modificar el proyecto de reforma, que nuevamente la Asamblea debatiría y votaría con dos posibilidades: aceptar la propuesta del Ejecutivo o ratificar la decisión ya votada previamente. Si pasa el tiempo y no sucede esta segunda votación de la Asamblea, la modificación del Presidente se convierte en Ley.
Más de 400 mujeres han sido judicializadas por aborto consentido en el Ecuador, según la Fiscalía General del Estado. Estos hechos revelan la mentira que repiten quienes irrespetan el ejercicio de los derechos de las mujeres cuando afirman que “no existen mujeres procesadas judicialmente por llegar con síntomas de aborto a las instituciones de salud”, y también revelan los delitos que comenten personal policial y de salud al violar el derecho a la vida, a la salud y a la confidencialidad de las niñas y mujeres.
El trabajo y la lucha de las personas defensoras de los derechos de las niñas y mujeres es más vigente y necesario en este contexto cultural y legal que pretende seguir sometiéndolas a tratos inhumanos, irrespetando su libertad, sus derechos y su dignidad.
