Amnistía Internacional reclamó que los candidatos presidenciales se expidan sobre la situación de los pueblos indígenas. Falta de tierras, incumplimiento de sus derechos y avance extractivo.

«Pueblos originarios, el eje ausente del debate presidencial», cuestionó Amnistía Internacional ante la coyuntura electoral y al dar a conocer un informe sobre la grave situación territorial de las comunidades indígenas de Argentina. Precisó que, a trece años de sancionada la Ley 26160 de Emergencia Territorial (que ordena relevar todas las tierras indígenas), sólo se finalizó el censo del 38 por ciento de las comunidades originarias. La organización de derechos humanos contabilizó casi 300 casos de conflictos territoriales, donde las comunidades son asediadas por actividades extractivas (minería, petróleo, agronegocio, forestales).

«Hay cientos de conflictos territoriales que afectan a las comunidades originarias. Sin embargo, la precaria situación que atraviesan los pueblos indígenas no es parte del debate presidencial», cuestionó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Para dar cuenta de la situación indígena, Amnistía elaboró un informe sobre la Ley de Emergencia Territorial (26160), sancionada en 2006 con el objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas y realizar un relevamiento para luego avanzar con su efectiva titulación. En 2017 la ley fue prorrogada por tercera vez, hasta noviembre de 2021, fecha para la cual el Estado se comprometió a completar los relevamientos en todas las comunidades indígenas del país.

«La efectiva implementación en un imperativo de derechos humanos», reclama Amnistía en el informe. Y detalla que, luego de 13 años de sancionada, se inició el relevamiento territorial en un 57 por ciento de las comunidades, y se finalizó solo en el 38 por ciento de los casos. En los próximos dos años (antes que venza la ley), para lograr el objetivo comprometido, debería completarse el 62 por ciento restante. Precisa que aún quedan por relevar un piso de 720 comunidades (advierte que podrían ser más), de las 1687 registradas.

El relevamiento está a cargo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), conducido por Jimena Psathakis, que proviene de la Fundación Cambio Democrático, ONG que con discurso de «diálogo» impulsa las actividades extractivas. El INAI está bajo la órbita del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

“Uno de los compromisos que asumió la gestión Cambiemos apenas comenzó el gobierno fue trabajar la problemática vinculada a los pueblos originarios. Se avanzó poco en la implementación de los relevamientos territoriales y una vez más se posterga a estas comunidades a la voluntad política de la próxima administración», cuestionó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Pidió que el próximo Gobierno concluya «de manera urgente» con los relevamientos e implemente un mecanismo de titulación de los territorios indígenas.

Amnistía Internacional relevó de forma colaborativa (con otras organizaciones) casi 300 casos en Argentina en los que comunidades indígenas reclaman el cumplimiento de sus derechos territoriales frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen la normativa vigente. La organización aclara que es solo un piso de conflictos, que aumentan periodicamente.

«El avance a gran escala de la explotación de los recursos naturales (a través de explotaciones mineras y petroleras, deforestación, explotación agrícola y ganadera, entre otras) para abastecer el aumento del consumo mundial ha intensificado el despojo de los pueblos indígenas de sus tierras en nombre del llamado ‘desarrollo’”, denuncia la organización de derechos humanos.

Cita como referencia el caso del Pueblo Kolla de Salinas Grandes (Jujuy y Salta) frente a la minería de litio y de la comunidad mapuche Campo Maripe (en Neuquén), que resiste la avanzada petrolera en el epicentro de Vaca Muerta. «El Lof Campo Maripe ha quedado fuera del relevamiento de la Ley 26160 y ha tenido que articular para lograr avanzar en un relevamiento provincial, el cual, una vez concluido, ha sido arbitrariamente desconocido por el gobierno de Neuquén. Los líderes de la comunidad hoy están siendo perseguidos penalmente por usurpación de sus propios territorios», denuncia el informe. Y enumera las normativas vigentes (Constitución Nacional y Convenio 169 de la OIT, entre otras), que el Estado argentino incumple sistemáticamente.

Amnistía encuadra la situación de los pueblos indígenas en una causa de derechos humanos. Y, por otro lado, llama la atención sobre la invisibilización del tema entre la dirigencia política, los medios de comunicación y hasta interpela a sectores de la sociedad: recuerda que estudios científicos determinaron que el 56 por ciento de la población argentina tiene en su genética algún rastro indígena. «Aun así, un discurso recurrente se refiere a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como una cultura que está viva y presente en la actualidad», cuestiona Amnistía.

En 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas explicitó su preocupación ante la situación indígena de Argentina. Cuestionó a las autoridades nacionales por la falta de cumplimiento del relevamiento territorial y por el avance de los desalojos. También señaló su preocupación por la falta de mecanismos para la entrega de títulos comunitarios de tierras a los pueblos originarios.