El FMI prosigue su labor de policía económica, cualquiera que sea el precio que deban pagar las poblaciones afectadas, para que ninguno de sus 189 Estados miembros se desvíe del camino neoliberal que les ha sido trazado. Ecuador y Argentina ilustran la situación actual.
Por Jérôme Duval
Ecuador está experimentando un poderoso levantamiento insurreccional. Desde el 3 de octubre, la ira se ha desatado en las calles del país en respuesta al anuncio de un paquete económico antisocial a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI. El 3 de octubre se convocó una huelga general de transportes para impugnar las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, elegido en 2017 como sucesor de Rafael Correa.
Entre ellos se encuentra el Decreto 883, que incluye la eliminación de los subsidios a los combustibles por un total de 1.300 millones de dólares, vigentes en el país desde hace 40 años. Esta medida impopular duplica automáticamente los precios de los surtidores (123% de aumento en los precios de la gasolina) y también aumenta los precios de los alimentos al transportar los alimentos desde las áreas de producción. Es un elemento clave de un paquete de reformas económicas llamado «paquetazo» neoliberal. También incluye incentivos fiscales para las empresas exportadoras y una reforma laboral para reducir de 30 a 15 días las vacaciones remuneradas de los funcionarios. El Presidente Moreno, que optó por restablecer los vínculos con el FMI, que Correa rompió en 2006, debe ahora apreciar el alcance de sus implicaciones.
En respuesta al levantamiento insurreccional de movimientos populares, indígenas y estudiantiles, que tuvo lugar en todo el país, Moreno declaró el estado de excepción el 3 de octubre. Por su parte, el poderoso movimiento indígena ecuatoriano Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) declaró el 5 de octubre su propio estado de emergencia, amenazando con detener a los policías o militares que se aventuren en territorio indígena: «Los militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán detenidos y sometidos a la justicia indígena», dijo la organización. Al mismo tiempo, mientras realizaba su amenaza y retenía a unos 50 policías, la Conaie continuó su avance hacia Quito, la capital, que irrumpió el 8 de octubre, con algunos manifestantes que incluso entraron brevemente en la Asamblea Nacional gritando «nosotros somos el pueblo».
Estamos hablando de más de 40.000 representantes de los pueblos originarios movilizados en la capital. Moreno, por su parte, huyó de Quito y trasladó los asuntos gubernamentales a la ciudad costera de Guayaquil, que había transformado en la nueva capital del país. El viernes 11 de octubre varios cientos de indígenas amazónicos con el rostro pintado como señal de combate y armados con lanzas, engrosaron las filas de la protesta en Quito, que se había convertido en una ciudad sitiada con muchas carreteras cortadas y tiendas cerradas. Los pozos de petróleo en el Amazonas estaban paralizados. Finalmente, el 14 de octubre, después de 11 días de revueltas, el presidente Lenin Moreno dio marcha atrás y acordó retirar el decreto del FMI que abolía los subsidios a los combustibles, restaurando así los precios a su valor inicial.
Se han producido ocho muertes, entre ellas la del dirigente indígena de la Conaie Inocencio Tucumbi
Según la Defensoría del Pueblo, órgano público de derechos humanos, se han producido ocho muertes, entre ellas la del dirigente indígena de la Conaie Inocencio Tucumbi, 1.340 heridos y 1.192 detenidos desde el 3 de octubre. A pesar de este alto costo, podemos hablar de una victoria histórica del pueblo y del poderoso movimiento indígena ecuatoriano que ya había logrado movilizarse masivamente y provocar la caída de 3 presidentes: Abdala Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005). También es una bofetada para el FMI, que el 2 de octubre se apresuró a acoger con satisfacción la reforma tan pronto como fue anunciada: «Las reformas anunciadas ayer por el Presidente Lenin Moreno tienen como objetivo mejorar la resistencia y la viabilidad de la economía ecuatoriana y promover un crecimiento fuerte e inclusivo».
El 15 de octubre, en línea con la doctrina neoliberal de la institución, la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, apoyó al gobierno de Moreno a pesar de su derrota histórica, defendiendo el acuerdo firmado en febrero con Ecuador y las impopulares medidas asociadas con ello. En una conferencia de prensa en Washington, confesó: «Apoyamos a las autoridades. Estamos atravesando un período difícil y nos gustaría que las reformas se llevaran a cabo y tuvieran éxito. De hecho, incluso si se le anima a flexibilizar sus condiciones, el FMI tiene la intención de renegociar el programa de reformas del que depende el desembolso de los fondos prometidos.
Argentina sucumbe a las demandas del FMI
Diecisiete años después de la crisis de 2001 en Argentina, Mauricio Macri, que llegó al gobierno en diciembre de 2015, sumió al país en los mismos horrores de los que el Fondo Monetario Internacional tiene la receta: Macri puso en marcha un feroz plan de austeridad para su población a cambio del mayor préstamo en la historia del FMI: 57.100 millones de dólares en tres años. Pero en un país donde 11 millones de personas son consideradas pobres según el Instituto Nacional de Estadística del INDEC, las medidas que acompañan a este préstamo aumentan la pobreza y la desnutrición en un contexto de inflación vertiginosa que se acerca al 60%. Las sopas se multiplican, el Parlamento argentino votó por unanimidad el 18 de septiembre «la emergencia alimentaria» y el gobierno de Mauricio Macri se ve obligado a aumentar su presupuesto de ayuda alimentaria para los comedores escolares.
Aunque el presidente Macri tomó algunas medidas sociales en agosto para calmar las cosas, todos los ingredientes para una nueva revuelta FMI están ahí
Un mes antes, varios miles de manifestantes habían acampado en el centro de Buenos Aires para exigir el estado de emergencia alimentaria. Mientras tanto, los capitales están huyendo masivamente del país a un ritmo de más de 20.000 millones de dólares desde principios de año. Aunque el presidente Macri, en un movimiento desesperado, tomó algunas medidas sociales en agosto para calmar las cosas, todos los ingredientes están ahí para una nueva “revuelta FMI” que el país conoce bien.
Pero la atención está en otra parte: Argentina se encuentra en medio de una campaña electoral con las elecciones presidenciales programadas para el 27 de octubre. El ganador de las elecciones, que con toda probabilidad será el candidato Alberto Fernández en el Frente de Todos -con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta- tendrá que pagar 223.000 millones de dólares durante su mandato, un regalo envenenado del FMI que será el principal beneficiario junto con otros acreedores.
En consonancia con su reputación como punta de lanza del movimiento de mujeres, Argentina ha marcado la agenda para un nuevo éxito de la movilización. A pesar de las fuertes lluvias, más de 200.000 mujeres se reunieron el 13 de octubre en las calles de La Plata, a sesenta kilómetros de Buenos Aires, para el 34º Encuentro Nacional de Mujeres. Dirigieron sus principales demandas -el derecho al aborto, la lucha contra la violencia de género, la educación sexual en las escuelas y los derechos de las minorías- al gobierno saliente de Mauricio Macri, pero también a Alberto Fernández, el ganador de las elecciones primarias de agosto.
Macri y su política neoliberal a favor del FMI han llevado al país a la ruina, o incluso a una crisis humanitaria tomada de la hambruna, es obvio, pero queda una pregunta: ¿puede su sucesor conducir sus propias políticas sin estar limitado por los colosales reembolsos que se supone que debe servir al FMI o tendrá que romper con la institución controlada por Washington para liberarse de su engorrosa supervisión?
