La Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, CONFENIAE y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE, hicieron público el comunicado en el que explicitan sus demandas al gobierno de Lenín Moreno.
Declaratoria de agenda de lucha de organizaciones, pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas amazónicas en apoyo a la movilización nacional y en ejercicio de nuestra autodeterminación
Puyo, Pastaza — A la opinión pública y al Pueblo Ecuatoriano.
Nosotros, Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, unidos en esta hora dolorosa para el país y para nuestras familias, en uso de nuestra autodeterminación y en defensa de nuestra vida y la de nuestros territorios, nos hemos declarado en movilización permanente y decretado el Estado de alerta frente a la violenta arremetida tanto de la política económica, que violenta nuestros derechos económicos y sociales fundamentales; como de la represión policial y militar que está aplicando el actual Gobierno Nacional en nuestros territorios y en el resto del territorio nacional.
Rechazamos las medidas económicas, denominadas el “paquetazo”, y demandamos la reversion íntegra de la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional; cuyo contenido no se ha hecho de carácter público violando la obligación de transparentar los actos del ejecutivo; así como la terminación de los intentos de privatización de las empresas públicas encubiertas bajo la figura de “concesión”.
Rechazamos que nuestros territorios de vida, reconocidos en la Constitución, sean declarados por el Ejecutivo sin nuestro consentimiento, ni Consulta Previa como bloques petroleros, concesiones mineras o hidroeléctricas. Nuestros territorios y derechos están permanente amenazados por la codicia, la destrucción y explotación de recursos naturales de parte del Estado, estando muchos de nuestros pueblos en riesgo de exterminio por condiciones demográficas, socioeconómicas, y por la falta de formalización de nuestra propiedad colectiva.
Rechazamos estado de Excepción declarado por el Ejecutivo y avalado de manera funcional por la Corte Constitucional y denunciamos las graves violaciones de derechos humanos que hemos sufrido en nuestras comunidades y territorios por parte del Estado, que incluyen entre otras uso excesivo de la fuerza, violaciones contra la integridad física, contra el debido proceso, tortura y malos tratos. Tal como lo han recogido en varios pronunciamientos organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, manifestando su preocupación sobre este uso abusivo de la fuerza.
Rechazamos las infundadas y convenientes declaraciones del Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín señalando que en nuestro país no existen territorios indígenas, lo que busca facilitar la militarización del territorio nacional y el exceso en el uso de su presencia, sin reconocer que los territorios indígenas son parte fundamental del Estado Plurinacional que rige en Ecuador desde 2008. Las Declaraciones de Jarrín ratifican que las políticas, acciones represivas y posturas del actual gobierno están marcadas porcriterios de discriminación, desconocimiento de nuestra autodeterminación y del alcance de los derechos colectivos.
Ratificamos que en ejercicio de nuestra autodeterminación y siendo parte de un estado intercultural y plurinacional ejercemos gobierno sobre nuestros territorios.
No somos instrumento de Correa, Lasso o Nebot, somos Pueblo Organizado reivindicando y exigiendo derechos, con una agenda propia, discutida con nuestras bases y con la certeza de que sólo mediante la lucha se conquistan derechos, a nosotros nunca nos han regalado nada, por ellos la lucha es nuestro único camino.
Respecto al paquetazo del Gobierno Nacional, afirmamos que:
– Las medidas económicas impuestas por el ejecutivo nada tienen que ver con un compromiso ante el Cambio Climático, dado que el estado sigue promoviendo la explotación de recursos no renovables y los megaproyectos energéticos como la base de su matriz economica y en cumpliento de los acuerdos comerciales con terceros paises.
– La economía basada en la explotación de recursos no renovables como petróleo y minería es la raíz del problema que enfrentamos hoy. Queremos un modelo económico post-petrolero, no más expansión de estas actividades en nuestros territorios. La eliminación de los subsidios al combustible no garantiza la reducción de su consumo y la tasa de emisiones. Esta medida por sí sola no cambiará la matriz energética, y en nuestro caso solo contribuirá a encarecer el costo de la vida como ya está sucediendo en estos momentos en nuestro angustiado país. Se debería quitar los beneficios económicos y subsidios que benefician las empresas petroleras, pero eliminar el subsidio al precio del combustible provoca impactos graves en las población más vulnerables.
– Las medidas adoptadas se concentran en la flexibilización de derechos laborales y el incremento de beneficios para las grandes empresas nacionales y transnacionales que fomentan concentración de la riqueza, la exclusión y marginalización de nuestras comunidades.
– Las medidas no contribuyen a superar el extractivismo, sino que alientan su profundización y alianza con los capitales especulativos que contribuyen a incrementar sus ganancias en el mercado con la sangre de nuestra tierra.
Respecto de la situación estructural de violación de derechos denunciamos que:
– El decreto 884 que declara estado de excepción y que ha sido avalado por la corte no contiene hechos que constituyan una grave conmoción interna que no pueda ser superada a través del régimen constitucional ordinario (art. 121.2 y art. 121.3) y, por tanto, es contrario a la Constitución de la República, siendo su único fin favorecer la militarización de nuestros territorios,impedir nuestro derecho a la protesta y la resistencia e imponer las medidas adoptadas ante el FMI
– La decisión gubernamental de ampliar fronteras extractivas se pretende imponer sobre nuestros territorios desconociendo la constitución y mediante la amenaza y la coerción. Hasta la fecha la ampliación de fronteras petroleras y mineras en los territorios indígenas no deja saldos positivos ni en lo ambiental ni en lo económico, las concesiones de minería a gran escala en las provinciasde Napo y Morona Santiago, el inicio de la fase de explotación minera en la Cordillera del Cóndor y las concesiones mineras otorgadas en el territorio A’i Cofán de Sinangoe en Sucumbios amenazan gravemente nuestros territorios y nuestras formas de vida.
– Existe una demostrada complicidad del ejecutivo con la empresa Genefran S.A para continuar con la construcción de una hidroeléctrica en el Río Piatua;
– El ejecutivo y las empresas mantienen la estrategia de criminalizar dirigentes y comunidades, existe una práctica recurrente de abuso del derecho penal para intentar silenciar nuestros procesos de exigibilidad y denuncia.
– Entidades como el Ministerio de Ambiente, lejos de cumplir con su mandato favorecen el encubrimiento de vulneraciones a los derechos colectivos y de la naturaleza y generan escenarios favorables para el desarrollo de actividades extractivas.
– No se ha garantizado la Consulta Previa, Libre e Informada. Ni tampoco nuestro derecho a conservar y desarrollar nuestras propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en nuestros territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.
En tal virtud, las demandas del movimiento indígena, el sindical, las organizaciones populares y el pueblo en general se juntan para empujar un programa de unidad y de exigencias al Gobierno Nacional, que incluye:
1. Que se derogue el Estado Excepción decretado para reprimir a las comunidades y personas que hacen uso de su derecho a la protesta social y resistencia del descontento popular;
2. La inmediata liberación de todos los compañeros y compañeras detenidas en el marco de las movilizaciones;
3. Suspensión de la aplicación de las medidas económicas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, porque golpean fuertemente el costo de vida de las y los ecuatorianos en condiciones más vulnerables, y la reversión de la carta de intención con dicho fondo firmada de manera inconsulta y en violación al derecho al acceso a la información pública;
4. La ejecución inmediata de la política de recaudación tributaria dirigida a banqueros y empresas exoneradas con 4.295 millones en impuestos; su pago deberá cubrir la deuda pública.
5. La cancelación de las concesiones petroleras, mineras, hidroeléctricas, madereras en territorios indígenas por incumplimiento del Art. 57 de la Constitución de la República, referido la Consulta Previa, Libre e Informada;
6. Cumplimiento de los acuerdos alcanzado en el llamado “Diálogo Nacional” con lo que se buscaba reivindicar nuestros derechos, que fueron vulnerados sistemáticamente en gobierno anterior y que se vieron estancados en su cumplimiento por falta de voluntad política de las actuales autoridades gubernamentales.
7. Investigación y sanción de ministros, funcionarios públicos y empresas por la indebida obtención de concesiones y licencias en industrias extractivas, y garantías para que las sentenciasfavorables obtenidas por las comunidades en defensa de sus derechos territoriales y los de la naturaleza sean respetadas;
8.Cumplimiento integral de las sentencias en defensa de las nacionalidades algunos casos:
La sentencia histórica que protege al río Piatua de la construcción de la hidroeléctrica Genefrán S.A. (Santa Clara, provincia de Pastaza);
La victoria del pueblo Waorani en la acción de protección que impide la explotación petrolera del bloque 22 que protege 180.000 hectáreas de selva amazónica;
La sentencia de los A’i Cofán de Sinangoe que requiere la reversión de 52 concesiones mineras.
La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Sarayaku v. Ecuador
9. Cumplimiento de los acuerdos entre Petroamazonas y los comuneros levantados en el Paro de las parroquias amazónicas de Chontapunta, Inés Arango, Dayuma y Cuyabeno;
10. Que se cumpla con el “Mandato” de las “Mujeres Amazónicas” que fue entregado en las manos de Presidente de la República en 2018 y que no ha tenido respuestas efectivas.
11.Auditoría ambiental, social y económica integral en las áreas donde existe explotación minera y petrolera para establecer responsabilidades por las contaminación a las poblaciones indígenas y campesinas y la reparación integral.
12. Que se apoya al desarrollo de soluciones y alternativas concretas contra al cambio climático propuestas por los Pueblos y Nacionalidades, reconociendo que la conservación de los territorios y conocimientos de los pueblos indígenas son clave en esta lucha, como fue destacado en el Acuerdo de París en 2015 y el último informe de la ONU sobre la biodiversidad.
13. Que se respete la declaración de los Pueblos y comunidades, en uso de nuestro autodeterminación, que nuestros territorios son libres de actividades extractivas.
14. Que se adopte integralmente las recomendaciones del reciente informe realizado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas sobre la situación de nuestros derechos en el país donde se evidencia graves violaciones.
