por Achille Fatondji
En la tienda de Dadjè [nombre ficticio], situada en el barrio de Agla, en Cotonú, llama la atención un espacio vacío en la esquina izquierda del gran mostrador ubicado en mitad del local. Es el lugar que ocupaba anteriormente el frasco de los medicamentos. “Es un negocio bastante lucrativo; un tercio de nuestro volumen de negocios provenía antes de esta actividad, pero hemos tenido que parar. La última ronda de detenciones nos ha hecho desistir”, explica la esposa de Dadjè, que regenta junto a su marido esta tienda que vende de todo un poco.
La población de Benín ha tenido acceso durante mucho tiempo a todo tipo de medicamentos sin receta; la mayor parte de ellos eran medicamentos falsificados. “En las estanterías con fármacos ilegales encontramos antipalúdicos, vermífugos, vitaminas, algunos antibióticos, analgésicos, hipotensores que se utilizan habitualmente…”, dice Ernet Gbaguidi, presidente de la asociación Bénin Santé et Survie du Consommateur. Según las estimaciones de diferentes organizaciones de salud, entre el 40% y el 70% de los medicamentos en circulación en África están falsificados o contienen dosis incorrectas.
Evidentemente, son productos mal formulados y perjudiciales para la salud que causan la muerte de varios millones de personas cada año: “Los medicamentos que nutren este comercio ilícito a menudo no contienen ningún principio activo. Algunos provocan úlceras de estómago, insuficiencia renal, intoxicación hepática y otros síntomas imprevisibles”, explica.
En 2016, el Gobierno de Benín empezó a adoptar medidas firmes para poner fin a este lucrativo negocio. La toma de conciencia comenzó en 2009 con el Llamamiento de Cotonú contra los medicamentos falsificados, que fomenta la movilización internacional contra la impunidad de los traficantes.
El objetivo era alentar a los profesionales de la salud y las autoridades africanas a tomar medidas reales, más allá del discurso. Hemos tenido que esperar siete años para ver los primeros pasos.
La primera medida se tomó el 24 de febrero de 2017 con la puesta en marcha de la operación “Pangéa 9”, organizada por el Gobierno del presidente Patrice Talon. Según estadísticas de fuentes oficiales, “se decomisaron más de 80 toneladas de medicamentos en varios meses, en comparación con las cuatro toneladas incautadas en 2015”.
A estas cifras se añade una centena de detenciones de vendedores de medicamentos falsificados. Se realizaron incautaciones en los mercados principales de todo el país. La actuación más destacada se llevó a cabo en febrero de 2017 en Adjégounlè, conocido como el sector de las “farmacias al aire libre” del gran mercado de Dantokpa, en Cotonú.
“Esa mañana llegamos al mercado como de costumbre, cuando de repente aparecieron hombres de uniforme, que bajaban en grupos de sus vehículos. Bloquearon las salidas por todas partes. Después demolieron los puestos y cogieron los medicamentos. Al mismo tiempo se llevaban a todo aquel que figurara como propietario o vendedor de medicamentos falsificados. Se prohibió la entrada a este sector del mercado durante varios días”, cuenta Assan, encargado de un negocio de electrodomésticos situado cerca de dicho sector, a Equal Times.
Actualmente, cerca del puesto de Assan se han instalado puestos con diversos productos que sustituyen los islotes de medicamentos falsificados que había anteriormente.
Ya no queda rastro del comercio de medicamentos en la calle, al menos oficialmente. Las farmacias tienen una mayor afluencia que antes. Una farmacéutica, que prefiere no revelar su nombre, explica: “Desde que se han adoptado medidas efectivas para luchar contra los medicamentos falsificados, muchas personas acuden a nosotros para comprar fármacos. Lo que más vendemos es paracetamol y otros productos contra el cansancio”.
Esta manifiesta voluntad política no solo alegra a los farmacéuticos, sino también a los actores de la sociedad civil. “Los medicamentos falsificados matan más rápido que las enfermedades. Si vas al servicio de diálisis del CNHU, encuentras a muchos benineses que sufren las consecuencias del uso de medicamentos falsificados”, subraya Théophile Dossou, sindicalista del Centre national hospitalier universitaire (CNHU) de Cotonú.
Rastrear la red para llegar a los proveedores
La operación Pangéa 9 constituyó una primera victoria, pero las autoridades no se detuvieron ahí. Decidieron afrontar otro desafío: ocuparse de los proveedores. Según fuentes policiales, entre ellos habría personas de alto rango, ya que se trata de un tráfico que muy a menudo es más lucrativo que el de la droga. Jean-Baptiste Elias, presidente del Frente de organizaciones nacionales de lucha contra la corrupción (FONAC), afirma que “no existe el tráfico de medicamentos falsificados sin corrupción”.
En diciembre de 2017, la policía actuó de forma enérgica en el domicilio de un diputado: Mohammed Atao Hinnouho. Este registro permitió la incautación de varios centenares de cajas de productos farmacéuticos y material médico perecedero que el político guardaba en su casa.
Posteriormente se inició una investigación en la que se ha descubierto la implicación de varios actores, entre ellos farmacéuticos. Según ha revelado la justicia beninesa, las personas acusadas hacían negocios con personas del círculo del diputado incriminado.
Los mayoristas distribuidores (cinco empresas en total) reciben la autorización del Ministerio de Salud para importar y distribuir en Benín los medicamentos –fabricados in situ o con más frecuencia en Asia– y deben seguir directrices de buenas prácticas. La investigación realizada por la justicia reveló circuitos ilegales y numerosos incumplimientos de las reglas. Varios mayoristas fueron condenados a pagar multas por su implicación o por no denunciar los hechos, a pesar de sus esfuerzos por clamar su inocencia. Esta investigación de la corrupción, la delincuencia y la posición de los políticos recibió una amplia cobertura en los medios durante varios meses.
Hacia una normalización del sector
La labor de la policía y la justicia en este ámbito es positiva para la imagen del Gobierno. “El conjunto de medidas firmes que se han adoptado en Benín no dan tregua a los traficantes de medicamentos falsificados”, dijo orgullosamente el presidente beninés Patrice Talon, el 23 de mayo de 2018, durante su intervención de la conferencia de Ginebra sobre los medicamentos falsificados. El Gobierno expresa también su voluntad de restaurar las buenas prácticas. Desea reforzar los medios con los que cuenta el Laboratorio nacional de control de la calidad de los medicamentos y crear una comisión encargada de revisar los textos que rigen el sector farmacéutico con el fin de fortalecer el marco legislativo.
El consejo nacional del colegio de farmacéuticos de Benín fue suspendido por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2018 para que se efectúe una reorganización.
En el continente africano, la lucha contra los medicamentos falsificados se ha convertido en una preocupación cada vez mayor. En la 32a Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrada en febrero de 2019 en Etiopía, los dirigentes políticos africanos decidieron crear la Agencia africana del medicamento, cuyo objetivo es “reglamentar los productos médicos con miras a mejorar el acceso a productos médicos de calidad, sin riesgos, y eficaces en el continente”.
Los Estados africanos todavía deben ratificar el tratado que llevará a la práctica esta colaboración internacional. Una de las funciones de la agencia será poner en común los conocimientos especializados de cada país en la lucha a escala nacional para que otros países puedan beneficiarse de ellos. Así, la experiencia de Benín podrá ser aprovechada por otros países para reforzar su lucha.
Este artículo ha sido traducido del francés.
Publicado originalmente en Equal Times
