Se trata de la sentencia ofrecida por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Jujuy, que confirma la condena a 13 años de prisión a la Diputada del Parlasur Milagro Sala, por el juicio que comenzó a fines del año 2018 y que había llevado a Casación.

La Cámara ratificó la condena de Sala, aunque admitiendo que permanezca en reclusión domiciliaria en su casa del Barrio Cuyaya de la capital jujeña.

“Nuevamente somos testigos de la arbitrariedad del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy que rechazó todos los planteos de nulidad presentados por la defensa en una causa armada a medida del contador Gerardo Morales”, despotrica el Comité por la Libertad de Milagro Sala y el resto de presos políticos a través de un comunicado de prensa.

Allí mismo denuncian que la Cámara redujo la condena a la Diputada Mabel Balconte, quien pasara de las filas del Frente Unidos y Organizados (la lista de Milagro Sala y aliados) a formar parte de la bancada del gobernador de la provincia, Gerardo Morales.

Balconte, presionada por el contador Morales, denunció a sus propios compañeros con imputaciones falaces y así logró obtener una condena menor que Javier Nieva y Marcia Sagardia, imputados por los mismos cargos que la legisladora.

“Pese a esta situación, desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala y las presas y presos políticos de Jujuy celebraron la prisión domiciliaria concedida a Patricia “Pachila” Cabana. La dirigente social fue trasladada a su domicilio donde vive junto con sus hijos, tres de ellos menores de edad. Cabe remarcar que el pasado 17 de Julio el Comité denunció la existencia de celdas de aislamiento y los tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidas las compañeras Graciela Lopez, Patricia Cabana y Adriana Condori”, continúa informando el comunicado de prensa.

Pese a estar llegando a las últimas semanas del gobierno de Mauricio Macri, el poder provincial continúa su proceso de venganza contra las fuerzas populares que combatieron las inequidades fomentadas por el endeudamiento estatal, la entrega de recursos naturales y los actos de corrupción que ejecutó el Ejecutivo de Morales desde apenas comenzado su mandato en diciembre de 2015.

La llegada de un nuevo gobierno nacional hace crecer la esperanza de que se configure un nuevo estado de derecho que ofrezca garantías a quienes están siendo condenados en juicios totalmente amañados. Sin embargo, y aunque esto no pasara, desde el Comité aseguraron que seguirán “luchando por la libertad de nuestras compañeras y compañeros presos políticos. “Jujuy ha demostrado ser el laboratorio de ensayo de un sistema represivo que luego vimos extenderse a lo largo y ancho de nuestro país. Las prisiones injustas y arbitrarias, los tratos crueles e inhumanos y la persecución desmedida a la que someten a nuestras compañeras y compañeros responde al intento de criminalización de las organizaciones sociales” afirmaron.

Si bien Casación rechazó los recursos interpuestos por los abogados de Sala, Luis Hernán Paz y Martín Duarte, sí aceptaron el que presentó Oscar Agustín Galíndez, letrado de Raúl Noro, quien fue beneficiado con la absolución.

Cabe recordar que el delito por el que fueron condenados, la “asociación ilícita” es el “artículo 210 del Código Penal (argentino), que se ubica entre las figuras que protegen el orden público, reprime con una enorme pena de encarcelamiento (de tres a diez años) el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”, según la descripción del profesor de derecho Maximiliano Rusconi, quien asegura que el mal uso que se hace de este código, permite a los jueces no necesitar demostrar ni los roles, ni las intenciones de cometer delitos. Tal como se estilaba hace un siglo cuando se combatía el anarquismo y el incipiente sindicalismo en la Argentina.