Por Eva Débia Oyarzún
Tras el millonario fraude en Carabineros conocido como Pacogate (2018), el prestigio de la institución se vio trágicamente mermada: malversación de caudales públicos, asociación ilícita, lavado de activos, falsificación de instrumento público y fraude al fisco. Años antes, habíamos sido testigos ya del Milicogate (2015), con el uso de boletas y facturas falsas para extraer el dinero desde el Servicio de Impuestos Internos con la excusa de la compra de material bélico inexistente, o bien a través de facturas por servicios no prestados de distintos proveedores del ejército.
En ambos casos, nos quedamos con la sensación de permeabilidad de corrupción en entidades que, independiente de su responsabilidad política y en materia de derechos humanos, habían mantenido cierto prestigio en torno a la probidad y el honor; queríamos seguir creyendo en la honradez basal, porque el carabinero raso es mal pagado y finalmente es una especie de queso en este sándwich social: la policía chilena era percibida como la menos corrupta de América Latina.
Paulatinamente se fueron descubriendo “casos aislados”, en donde funcionarios estaban transgrediendo la ley en torno a diversos ejes delictuales; hoy, la realidad ha superado cualquier margen de duda. La autoridad sigue hablando de violentistas y saqueos, pero permítanme dar tres ejemplos de las acciones delictivas de quienes están allí para cuidarnos porque, como dice el himno de Carabineros, “vamos sin miedo tras el bandido: somos del débil el protector”. Sumo a esto el accionar de las Fuerzas Armadas, para tener un contexto más acabado de nuestra realidad frente a la “seguridad y el orden” en el que estamos inmersos hoy por hoy en Chile:
– El fiscal Hugo Cuevas confirmó que un carabinero (Carlos Vidal) y un gendarme (Felipe Díaz) fueron formalizados por concertar robos a lugares no habitados (conocidos hoy como saqueos) por vía telefónica, facilitando los salvoconductos pertinentes en Concepción. El carabinero, ahora dado de baja, también fue acusado de receptación de especies, tenencia ilegal de municiones y cultivo de marihuana. Ambos quedaron en prisión preventiva por los dos meses que dure la investigación.
– La Armada de Chile emitió un comunicado informando que gente de sus filas participó en saqueos mientras realizaban tareas de seguridad: unos en Hualpén y otros en Caldera. Los militares fueron puestos a disposición de los Tribunales de Justicia Militar y Civil, además de ser separados de sus funciones de seguridad interior.
– El Ministerio Público confirmó que el 19 de octubre un carabinero fue detenido por sus propios colegas por saquear un Líder Express en Coronel, región del Bío Bío. También se arrestó a un gendarme y a su mamá. Se trata de un cabo segundo, pero no se ha entregado mayor información al respecto.
Otro punto son las violaciones a los derechos humanos. Hay aberraciones en esta materia que no pueden, bajo ninguna circunstancia, suceder en medio de un estado de derecho y que sin embargo, están pasando: la crucifixión de cuatro ciudadanos (entre ellos un menor de edad, de 14 años) en la comuna de Peñalolén por parte de Carabineros en toque de queda; las huellas de un posible centro de torturas en la estación de metro Baquedano, en el corazón de Santiago; la violencia desbordada y fuera de las atribuciones legales (y humanitarias) por parte de quienes hoy se ven empoderados tras un uniforme y armamento, validados por una estructura política que ha autorizado y que sigue haciendo vista gorda a estas aberraciones. Mujeres amenazadas con ser violadas con fusiles; ojos reventados a granel por balines claramente no accidentales y orden de no informar sobre la crudeza y nivel de heridos en manifestaciones (es cosa de buscar las declaraciones del Colegio Médico al respecto); militares y carabineros fuera de sí, que disparan hacia el interior de las casas en pleno toque de queda (la vocera de la Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios Valentina Miranda presentó una querella criminal por secuestro con violencia en contra de Carabineros porque fue detenida la noche del martes durante el toque de queda, mientras se manifestaba junto a otras personas dentro de su casa). El infante de marina responsable de la muerte de Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete por atropellarlo con un camión militar en Talcahuano fue reintegrado a las filas militares y su superior, el contralmirante Carlos Huber, indicó a la prensa que “él no tiene ningún problema de volver a sus funciones. Cuenta con todo mi respaldo de poder seguir mientras dure la investigación”. Cumple con tu deber, y vencerás.
El Ejecutivo mantiene su actitud de enfocarse en la necesidad de orden para proteger la propiedad privada, demonizando las hordas y justificando la presencia de las fuerzas armadas en la calle. En paralelo, proliferan videos y noticias en torno al lado amable y la humanidad de militares y carabineros, jugando con grandes pelotas inflables con la ciudadanía, siendo abrazados por civiles entre lágrimas, carabineras ofreciendo dulces en las filas de espera para ingresar a supermercados, militares llevando niños inocentes sobre sus hombros. Pero también están los otros videos, que muestran una faceta mucho más que vil, con una sobredimensión de poder a raíz de tener las armas en sus manos. Entendamos, por favor, que esto no es la ley del empate: es imposible plantear soluciones y propensión al diálogo real mientras uno de los interlocutores apunta un fusil al rostro del otro.
