El presidente Piñera es bueno para hablar. Está obligado a hacerlo cuando se trata de política, pero también opina ampliamente sobre temas económicos. Tampoco elude referirse, y con entusiasmo, a deportes, cultura y cualquier otro asunto de contingencia. Por ello ha llamado la atención que la máxima autoridad del país mantenga riguroso silencio sobre la condena judicial del excoronel Cristián Labbé, responsable de haber perpetrado tormentos, a fines de 1973, al prisionero Harry Edwards Cohen. Se trata de un hecho grave, que compromete a una figura pública conocida.
Después de su activa experiencia militar como represor, Labbé se convirtió en ministro de Pinochet y, al retorno de la democracia, alcalde de la municipalidad de Providencia, en representación de la UDI. Estas altas responsabilidades institucionales y su involucramiento en un grave atentado a los derechos humanos (que por lo demás no es el único) exigen un pronunciamiento de la máxima autoridad del país. Pero, Piñera y su vocera se mantienen en silencio.
En cambio, los dos líderes de la extrema derecha se han pronunciado incondicionalmente en defensa del torturador. La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe sostiene que la condena constituye “una suerte de persecución contra militares en retiro que va más allá de la búsqueda de justicia”. José Antonio Kast, por su parte, califica la decisión como un acto de venganza y que lo que corresponde es valorar a Labbé como “un oficial destacado, un gran alcalde y un tremendo servidor de nuestra patria”. Ambos no vacilan en proteger a uno de los suyos.
Desde inicio de la dictadura, Labbé fue un hombre cercano al poder. Guardaespaldas de Pinochet, agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y finalmente Ministro Secretario General de Gobierno. Ello explica que aparezca mencionado en diversos casos de derechos humanos. No sólo en el de Cohen. En efecto, estuvo en prisión preventiva por la desaparición de 13 personas en el regimiento Tejas Verdes, en Valparaíso, y también estuvo detenido por indagación de violaciones de derechos humanos a instancias de la Corte de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puesto Montt y Coyhaique. Es claro que el coronel no es un santo ni tampoco ha sido un “servidor de la patria”, como sostiene Kast
Nuestra particular democracia permitió la participación política de Labbé. A pesar de sus siniestros antecedentes pudo ser alcalde de Providencia, en representación de la UDI. En tal condición, destacó en episodios muy controvertidos. En efecto, en protesta por la detención de Pinochet en Londres suspendió la recolección de basura de las embajadas de España y el Reino Unido; durante el movimiento estudiantil del 2006 canceló las matrículas de los dirigentes del Liceo Lastarria y luego en las movilizaciones del 2011 cerró liceos en toma, entre ellos el Lastarria, Carmela Carvajal y el Liceo 7. Finalmente, y lo más grave, no vaciló en organizar un homenaje en su comuna para el brigadier Miguel Krassnoff, hombre condenado a más de 100 años de cárcel por graves violaciones a los derechos humanos.
Aquí no hay donde perderse. Labbé es un torturador serial, violador de derechos humanos y enemigo de la democracia. Eso lo saben bien Kast y la van Rysselberghe, pero no les importa. Ambos lo defienden porque son afines a la dictadura de Pinochet y al protegerlo revelan que también comparten, sin mediaciones, las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares.
El presidente Piñera y su vocera son derechistas, pero demócratas. Sus investiduras les exigen probarlo en cada momento y lugar. Por ello, más allá de consideraciones contingentes y de cálculos políticos estrechos la condena judicial al torturador Labbé exige al gobierno un pronunciamiento sin vacilaciones. El respeto a la democracia y a las familias de los mártires caídos en dictadura lo demandan.
(Fotografía: El Desconcierto.cl)
