Por Gisele Barbieri / Terra de direitos / Traducción de Pressenza
Desobedeciendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Brasil en 2002, la Cámara de Representantes aprobó este martes (22), por 329 votos a favor y 86 en contra, el Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas (AST) entre Brasil y Estados Unidos para el uso comercial de la Base de Alcántara, ubicada en municipio de la región metropolitana de São Luís (MA). Se estima que más de 700 familias de 31 comunidades, podrían ser desplazadas compulsivamente de la zona destinada a la ampliación de la base. El Convenio de la OIT prevé que los pueblos y comunidades tradicionales deben ser consultados ante cualquier cambio en sus formas de vida o territorios. Con discursos que priorizaron los intereses económicos, los congresistas despreciaron los riesgos del acuerdo para la soberanía nacional y la importancia de la consulta previa e informada a las comunidades quilombolas. Con la llegada del Centro de Lanzamiento de la Base de Alcántara (CLA) en la década de 1980, aproximadamente 300 familias de 32 comunidades fueron desplazadas de un área de más de 60.000 hectáreas designadas a la Fuerza Aérea. Las comunidades denuncian irregularidades e intimidaciones practicadas por militares, y siguen día a día la reducción de su territorio para proyectos con fines de lucro.
«Un acuerdo que no tuvo en consideración a las comunidades quilombolas que se verán directa o indirectamente alcanzadas por ese emprendimiento. Siempre seremos sacrificados en nombre de la mayoría. El área que pretenden aislar es el área de pesca de las comunidades, de modo que se refuerza nuestra preocupación por la soberanía alimentaria de estas personas. Los sacrificicados somos siempre nosotros, atacados constantemente por estas propuestas que niegan nuestros derechos como pueblo que construyó este país con gotas de sangre y sudor», lamenta Antônio Crioulo, miembro de la Coordinadora Nacional para la Articulación de las Comunidades Rurales Quilombolas Negras (CONAQ), de la comunidad quilombola de Conceição das Crioulas en Pernambuco. Antônio acompañó a un grupo de quilombolas de varios estados que, durante este martes (22), intentaba sensibilizar a los diputados sobre los riesgos del acuerdo y el temor de las comunidades quilombolas por el uso comercial de la base, y el desplazamiento de familias sin ninguna consulta con ellos.
También recuerda el artículo publicado este mes por la Folha de São Paulo sobre documentos obtenidos por el periódico que indican que ya está en marcha un plan para la remoción de aproximadamente 350 familias quilombolas de Alcántara. Según la información, el plan de remoción tendría como objetivo permitir la expansión del Centro de Lanzamiento de Alcántara, además de alquilar espacios para operaciones de otros países, lo que sería una de las prioridades del gobierno de Jair Bolsonaro.
El MPF y la CIDH reclaman por la consulta previa con las comunidades
Dos manifestaciones cuestionaron el voto del acuerdo previsto en el Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 523/19, en el plenario de la Cámara, sin la realización de consultas previas libres e informada a las comunidades quilombolas que se verán afectadas por la expansión de la Base. Una de ellas es una nota técnica del Ministerio Público Federal (MPF). Otra, enviado a la Cámara el martes (22), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La necesidad de responder a ambos cuestionamientos fue expuesta durante la votación por varios parlamentarios del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y del Partido de los Trabajadores (PT), los únicos que se opusieron totalmente a la aprobación del proyecto.
«Vemos con gran preocupación el compromiso del gobernador de Maranhão, Flávio Dino. Cuando llegó a Brasilia, llegó a presionar a toda la izquierda para que estuviera a favor de esta base», dice el representante de la CONAQ.
Una de las conversaciones fue con el congresista Bira do Pindaré (PSB-MA) que preside el Frente Parlamentario Conjunto en Defensa de las Comunidades Quilombolas, lanzado este año. El congresista fue el único de los 18 diputados del estado de Maranhão que escuchó los llamados de las comunidades y votó en contra del proyecto.
«Todo lo que queremos es que las cosas se hagan de la manera correcta, y para hacerlo de la manera correcta es necesario consultar previamente a las comunidades quilombolas de Alcántara, que tienen derecho a ser escuchadas en este asunto que afectará a todos ellos. No puedo traicionar aquí mis convicciones, no tengo cómo votar a favor de este tema. Voto en contra», dijo en el plenario.
El proyecto de ley pasará ahora a la evaluación y votación de los senadores, y las comunidades quilombolas prometen continuar la movilización para que la consulta previa se pueda llevar a cabo antes de la votación en el Senado. Las comunidades tampoco descartan la posibilidad de apelar ante los tribunales contra el acuerdo y denunciarlo en organismos internacionales. Según los términos del acuerdo, todavía existen varias restricciones sobre la circulación de técnicos brasileños en el área americana de la base, y sobre el uso y adquisición de tecnologías por parte de Brasil, restringiéndolas sólo a especialistas de los Estados Unidos.
