Aunque Assange tiene derecho a la libertad una vez culminada su condena, ahora podría ser deportado a los Estados Unidos.
El ciberactivista australiano Julian Assange tiene el derecho a pedir libertad condicional el próximo 22 de septiembre, tras cumplir la mitad de su condena de 50 semanas, pero el Tribunal de Westminster en Londres decidió que deberá permanecer en prisión hasta el 25 de febrero del próximo año, cuando se realice el juicio sobre su extradición o no a Estados Unidos (EE.UU.).
La jueza, Vanessa Baraitser teme que en el período de libertad condicional Assange se escape como ocurrió cuando obtuvo asilo político en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, para evitar ser extraditado a Suecia, donde se le reclamaba para ser enjuiciado por supuestos delitos sexuales.
“Usted compareció hoy [12 de septiembre] en la corte porque su sentencia está llegando a su fin, cuando esto suceda, pasará de ser un prisionero en servicio a una persona que se enfrenta a la extradición“, dijo Baraitser.
Assange participó en la audiencia mediante videoconferencia desde la prisión de Belmarsh, y al ser cuestionado sobre su comprensión de la situación legal en que se encuentra, respondió que no la tenía clara: “La verdad es que no, estoy seguro de que los abogados me la explicarán”.
El 11 de abril pasado, Assange fue detenido por la policía británica tras permanecer siete años en la Embajada de Ecuador en Londres. Esto, luego de que el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno le retirara el asilo diplomático.
Tras el arresto del activista, Washington anunció una acusación en su contra por presunta conspiración. El 23 de mayo pasado, EE.UU. le imputó 18 nuevos cargos, entre ellos, la violación de la Ley de Espionaje.
Aunque Assange tiene derecho a la libertad una vez culminada su condena, ahora podría ser deportado a la nación norteamericana donde reclaman su presencia por haber revelado miles de documentos secretos que descubrían ante el mundo las operaciones del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
De ser extraditado, el ciberactivista australiano sería condenado con una pena de hasta 170 años de prisión, aunque algunos analistas consideran que, legalmente, solo podría ser condenado a cinco años de cárcel, porque lo único que hizo fue “revelar información veraz”, una de las funciones que cumplen los periodistas, reseña RT.
