Por Mishell Monar
Fotografías: Carlos Noriega
En febrero de este año, una investigación periodística reveló las condiciones extremas de trabajo de los empleados de la empresa japonesa Furukawa, que siembra y exporta hace más de cincuenta años la fibra del abacá en Ecuador, una fibra para fabricar astilleros. El caso continúa y Pressenza le ha hecho seguimiento como parte del equipo de periodistas que viajó a la zona.
Un grupo de autoridades de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas visitaron el pasado viernes 6 de septiembre algunos campamentos de Furukawa, con el fin de verificar la situación de las personas que viven en ese lugar. Aunque les negaron la entrada para ingresar al campamento ubicado en el Km 42, en la vía Santo Domingo-Quevedo, en la costa ecuatoriana, las autoridades decidieron entrar a pie.
Fibra de abacá
Mientras caminábamos hacia el campamento pude conversar con Manuel, de 57 años, quien estuvo trabajando más de veinte años en la empresa. Manuel comentó que durante todos esos años no recibió un buen trato, no contaba con los servicios básicos de agua y luz y que para tener acceso al agua tenía que ir hasta los ríos para abastecerse. Manuel, que trabajaba junto a su cuñado y hermanos, no recibió atención médica adecuada cuando tuvo accidentes en el trabajo.
José Uribe, de 48 años y ex trabajador de Furukawa señaló que vivió explotación laboral puesto que no tenía acceso a sus derechos laborales, no le pagaban horas extra. Mirándose una cicatriz que tiene en la mano, José me contó que no tuvo acceso a la atención médica. Comentó además que, aunque ahora no hay trabajo infantil, en los años en que él trabajo, también lo hicieron sus hijos de 10 y 11 años.
La precariedad de la vida en el campamento es evidente. No hay servicios básicos ni alimentos, no hay acceso a la salud e incluso, muchas personas que viven allí no tienen siquiera cédula de identidad. Múltiples evidencias de vulneración de los derechos de las personas que trabajan en las plantaciones de abacá y que se han declarado en resistencia para pedir a la empresa que les reconozca los años que trabajaron.
El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, Jaime Olivos, quien hizo parte del grupo de autoridades que visitó el campamento, afirmó que es evidente que no se están precautelando los derechos humanos y que emitirán un informe para que el Estado ecuatoriano responda y respalde a los trabajadores, en contra de la empresa Furukawa.
«No están solos, no se dividan, nosotros vamos a estar vigilantes de que se pueda dar una solución a favor de ustedes”, concluyó Olivos.
