Por Lautaro Rivara

Haití vuelve a arder por las denuncias de corrupción institucionalizada, por el continuado desabastecimiento de combustibles y por los rumores de un posible aumento en los precios del carburante que impactaría directamente en los costos del transporte y los alimentos.

Para la oposición política y parlamentaria y para los movimientos sociales, una medida de estas características sería un verdadero atentado contra las inmensas mayorías populares que sobreviven con menos de dos dólares diarios: así lo expresaron representantes del Foro Patriótico por un Acuerdo Nacional contra la Crisis que sesionó recientemente en la localidad rural de Papaye, reuniendo a más de 250 dirigentes de todos los sectores del país. Es por eso que diversas organizaciones y partidos políticos se encuentran movilizados, convocando a la población a tomar las calles para exigir el cese de la crisis económica y la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse.

El último intento de aumentar el precio de los combustibles, ejecutado por el gobierno por indicación del Fondo Monetario Internacional, culminó en julio del año pasado con un millón y medio de personas en las calles, con una huelga general que paralizó a todo el país, con la suspensión de la impopular medida y con la renuncia del ex Primer Ministro Jack Guy Lafontant.

La falta de hidrocarburos es consecuencia directa del embargo aplicado a Venezuela por los Estados Unidos, que no permite que llegue al país el petróleo subsidiado y bajo condiciones preferenciales que ofrecía a Haití el acuerdo de cooperación energética de Petrocaribe. En este marco el estado haitiano, a través del BMPAD (Oficina de Monetización de Programas de Ayuda al Desarrollo, por su sigla en francés) debe comprar combustible a las empresas norteamericanas en condiciones de mercado sumamente desventajosas y se demuestra incapaz de pagar sus deudas con la empresa importadora.

En un país que no produce hidrocarburos pero que los consume con moderación, el cuadro de situación se repite: desabastecimiento generalizado, contrabando y aumento de precios de hasta el doble o el triple del valor de un galón de nafta o diesel, paralización parcial del transporte, etc.

Las numerosas estaciones de combustible, que se han multiplicado no tanto por su rentabilidad como por su carácter de cobertura para el lavado de dinero del narcotráfico, se encuentren cerradas. Los mototaxistas empujan sus vehículos ladera arriba y cuando se corre el rumor del próximo abastecimiento de un determinado puesto, se congregan por centenas y disputan enérgicamente los escasos litros de nafta en disponibilidad.

Por estos tiempos nadie se desplaza por la calle sin su emblemático galón de plástico amarillo que algunos han comparado, como símbolo de lucha, a los chalecos lumínicos utilizados por los manifestantes franceses. Los ahora escasos «tap tap», pequeñas camionetas que constituyen el transporte más popular del país, se desplazan con sus capacidades de carga más excedidas que lo habitual.

La extensa ruta nacional número uno que conecta la capital Puerto Príncipe con la ciudad de Gonaïves en la región del Artibonite presenta por estos días una fisonomía extraña. Pese a que el desabastecimiento de combustible lleva ya semanas, el trajinar cotidiano de las madanm sara no se detiene. Se trata de las comercializadoras que conectan la oferta de productos agrícolas del golpeado medio rural haitiano, con las necesidades de los grandes centros urbanos. En particular con la capital Puerto Príncipe, una megalópolis de tres millones de habitantes.

Estas mujeres afanosas cargan los camiones con plátano, arroz, frijoles, maíz, frutas y demás productos elementales de la dieta nacional, y se acomodan sobre los enormes sacos, en el último resquicio disponible. Los viejos camiones consumen sus últimos galones en la tentativa de llegar a la ciudad, y uno a uno van a morir a la estación más próxima, a la espera de que el preciado líquido vuelva a ser inyectado en los surtidores. A lo largo de todas las carreteras cada puesto deviene un gran acampamento rodeado por decenas de camiones, con las madanm sara y sus niños durmiendo sobre esterillas o sobre el asfalto, en las tierras circundantes o a la sombra de los grandes acoplados.

Mientras, las manifestaciones espontáneas de descontento bloquean las carreteras con piedras y neumáticos encendidos, y tras cada obstáculo se congregan los tap tap y las motos para hacer el forzoso trasbordo barricada tras barricada. Hacer 25 o 50 kilómetros se vuelve una odisea que puede durar horas. Para las madanm sara, en cambio, un viaje de media jornada puede demorar días, o incluso semanas.

Además de en la región metropolitana, han sido reportados bloqueos totales en la localidad de Arcahaie en la región del Artibonite, en Mirebalis en la región del central, en Cabo Haitiano al norte, y en varios puntos al sur del país. En los últimos días la actividad gubernamental, comercial y escolar se ha reducido al mínimo y las perspectivas para los próximas días es que se paralice por completo.

Pero el drama profundo que atraviesa a la nación caribeña tiene también una dimensión política. En este contexto, simultáneamente con la crisis económica, se agrave la crisis de legitimidad.

El gobierno de Jovenel Moise y el PHTK intentan imponer un nuevo primer ministro, el señor Fritz William Michel, después del breve paso por el cargo de Jean Henry Céant y Jean-Michel Lapin. Se trató en ambos casos de figuras intrascendentes, meros fusibles que intentaron contener sin éxito la crisis, otorgando una sobrevida al presidente en funciones. Michel, el nuevo candidato, se desempeñó como contador en jefe al servicio del Ministerio de Economía y Finanzas entre los años 2009 y 2011.

Aunque ha sido anunciado como Primer Ministro el 22 de julio del presente año, la Constitución haitiana expresa con claridad que corresponde al Presidente elaborar la candidatura, pero qué es el Parlamento quién tiene la potestad de aprobarla o denegarla. Su ratificación en la Cámara de Diputados fue atravesada por acusaciones de nulidad, dado que el senador Sorel Jacinthe denunció que el voto favorable de varios legisladores fue comprado por el partido de gobierno con una suma de 500 mil dólares.

Lo que es claro es que su ratificación en el Senado no pudo realizarse por la protesta de varios senadores y de manifestantes que invadieron el reciento, por lo que su ejercicio del cargo se realiza hoy contraviniendo la Constitución nacional, la misma que establece un régimen político mixto que emplaza al presidente como Jefe de Estado y el Primer Ministro como Jefe de Gobierno.

Para agudizar aún más la crisis, en estos días Michel se vio envuelto en un nuevo escándalo de corrupción que salpica a la clase política local, a través de presuntos sobreprecios en las ventas que una empresa agrícola a su nombre realizaba el Estado.

El gobierno del presidente Jovenel Moïse ya cuenta en su oposición al campesinado, los sectores sindicales, los barrios populosos de las periferias urbanas, la burguesía comercial nucleada en el Foro Económico Privado y a buena parte de la clase política tradicional. Sólo una fracción de la oligarquía y el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, que aún se no han manifestado sobre los últimos estertores de la crisis, parecen sostenerlo en el poder.

Sin embargo, la profundización simultánea de crisis política y económica hace prever nuevos ciclos de movilización de masas, cada vez más radicales, y cada vez unificados bajo la demanda de la dimisión y el pedido de una transición política que permita reconstruir al país.

(*) Lautaro Rivara es sociólogo y miembro de la Brigada Dessalines de Solidaridad con Haití