Por Comunicaciones COICA

La Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la  Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC),  denunciamos y rechazamos el cruel asesinato del mayor  Víctor Manuel Chanit Aguilar, del pueblo Murui Muina (Huitoto) por grupos armados (los habitantes del resguardo indígena de Bajo Aguas Negras Caquetá responsabilizan de este asesinato al ejercito nacional) dentro de nuestro territorio afectando profundamente la integridad de la comunidad.

Hechos

  1. El día 20 de septiembre de 2019 en el Resguardo Indígena Bajo Aguas Negras Caquetá de la jurisdicción del municipio de Solano–Caquetá, la tranquilidad del territorio fue interrumpida por un grupo de personas armadas sin identificar, quienes permanecieron por más de dos (2) horas en el lugar.
  2. Durante el retiro  este grupo armado del resguardo, y aprovechando la poca presencias de personas, se llevaron al Mayor en contra de su voluntad, sin justificación alguna.
  3. Luego toda la comunidad de unió  con  la finalidad iniciar la búsqueda del Mayor, desde aquel día en que lo llevaron.
  4. El día 22 de septiembre de 2019,  fue encontrado sin vida el mayor que en vida de llamo Víctor Manuel Chanit Aguilar,  en una platanera (cultivos de plátano).
  5. Los habitantes del Resguardo Indígena manifiestan que el potencial responsable es el Ejército, ya que se evidenciaron rastros de botas militares cerca a la casa del Mayor Víctor Manuel Chanit, además en el lugar donde se encontró el cuerpo, y la distancia en que se encontraba un grupo de militares no superaba los 40 metros.
  6. El cuerpo, según versiones de los habitantes del Resguardo Indígena Bajo Aguas Negras Caquetá , apareció con signos de torturas, el rostro en su total desfiguración, y fue encontrado sin prendas de vestir, solamente tenía puesta una camisa.
  7. Nos llenan de inmensa preocupación estos hechos en nuestros territorios, más cuando fueron testigos niños, mujeres y abuelos, dejando un ambiente de luto y zozobra sobre la comunidad, quedando en riesgo de desplazamiento.
  8. En respuesta a este suceso y siendo el pueblo Murui Muina (Huitoto) reconocido por la Corte Constitucional (en el Auto 004 de 2009 proferido en seguimiento a la sentencia T– 025 de 2004), como un pueblo indígena en riesgo de extinción física y cultural, por lo cual se deben fortalecer los esfuerzos institucionales para su protección, exigimos respeto por nuestros pueblos y el cumplimiento de los artículos 7 y 8 de la Constitución Política de Colombia que declaran respectivamente que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” y que “Es obligación del Estado y de las personas proteger la riqueza cultural y natural de la Nación”.

Responzabilizamos

Al Estado colombiano en cabeza del señor Iván Duque Márquez, a la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, al Consejero Presidencial Para Los Derechos Humanos Francisco Roberto Barbosa Delgado, al Ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto, al Comandante del Ejército Nacional General Nicacio Martínez Espinel, a la Gobernación del Departamento del Caquetá en Cabeza de Fabrio Augusto Parra Beltrán, al Brigadier de la Décima Segunda Brigada General Germán López Guerrero, al Comandante del Departamento de Policía del Caquetá Coronel Tahir Suzeth Rivera Suescun y a las autoridades locales del municipio de Solano, por las violaciones a los derechos humanos y los derechos de las comunidades, que atentan contra nuestra autonomía y hacen más difícil la construcción de confianza y respeto como garante indispensable para una paz estable y duradera.

Exigimos

  • Al Estado colombiano, Gobernación del Caquetá, Defensoría del Pueblo, Fiscalía general de la Nación
  • Responsabilidad Estatal y adelantar de manera urgente las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y el hogar de los habitantes del Resguardo Indígena AGUAS NEGRAS, que se están viendo afectados por la acción de grupos armados sin identificar.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por los hechos consagrados en esta Denuncia Pública.
  • El cumplimiento del artículo 7 de la Constitución Política de Colombia que dicta “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana”.
  • El cumplimiento del artículo 8 de la  Constitución Política de Colombia que dicta  “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
  • El cumplimiento al Auto 004 de 2009 proferido por la corte constitucional en seguimiento a la sentencia T – 025 de 2004.

Instamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones internacionales, al sistema de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos–OEA, a tomar medidas urgentes a fin de proteger a los pueblos indígenas de Colombia.

¡Cuenten con nosotros para la Paz, Nunca Para la Guerra!

El artículo original se puede leer aquí