Michael Gordon , Universidad de Liverpool para The Conversation

Boris Johnson decisión de prorrogar el parlamento es intensamente controvertido.

Muestra un claro desprecio por los valores que son cruciales para el funcionamiento del sistema constitucional del Reino Unido. El proceso de salida de la UE ya había colocado a las instituciones políticas del Reino Unido en una situación de sobrecarga constitucional, pero eso aún no había desembocado en una crisis constitucional. Ahora el país está cada vez más cerca de una crisis que está siendo fabricada por un primer ministro decidido a diseñar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre, si no se puede negociar un nuevo acuerdo de retirada con la UE para entonces.

El Reino Unido tiene una «constitución política» en lugar de un único texto constitucional escrito. Esto significa que la constitucionalidad de la acción gubernamental puede evaluarse de tres maneras diferentes: compatibilidad con la ley, la convención política y el principio constitucional.

En primer lugar, desde un punto de vista jurídico, es difícil, por no decir imposible, cuestionar el orden de prorrateo del parlamento. El poder legal de la Reina para prorrogar el parlamento es muy amplio, y los tribunales se mostrarán reacios a participar en la resolución de un acto altamente político de este tipo. Es difícil ver las normas legales que esta decisión ha violado, especialmente porque el gobierno está presentando la decisión de prorratear el parlamento como un paso preparatorio normal para el anuncio de una nueva agenda legislativa en el discurso de la Reina el 14 de octubre.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la convención política, no había ninguna posibilidad de que la Reina actúe como «salvaguardia constitucional», rechazando la petición del primer ministro de suspender el parlamento. Como monarca hereditaria, el papel de la Reina en la constitución del Reino Unido es actuar como un jefe de estado formal, permaneciendo por encima de la política partidista, en lugar de ejercer una discreción significativa por sí misma. Por convención política, la Reina actúa por consejo de su primer ministro, y en este caso lo ha hecho a modo de libro de texto, aprobando la orden sin demora. No sería realista esperar que, en un sistema democrático, un monarca no elegido asumiera el papel de «guardián de la democracia» al resistirse a una recomendación de su gobierno.

¿Fin de la historia?

Así que, si la prórroga del parlamento fue legal y ejecutada por la Reina de acuerdo con las convenciones políticas bien establecidas que rigen su conducta, ¿cuáles son los motivos constitucionales de objeción?

Podemos mirar hacia una tercera perspectiva, basada en principios constitucionales. La constitución política del Reino Unido se construye en torno a la relación entre el parlamento y el gobierno.

La Cámara de los Comunes es el elemento elegido de las instituciones centrales del Reino Unido, y es a partir de ahí que el gobierno obtiene su autoridad, obteniendo y manteniendo la confianza de los Comunes. Para mantener esta confianza y permanecer en el cargo, el gobierno es responsable ante el parlamento. Está sujeta al escrutinio de los parlamentarios y de sus pares. Estos principios constitucionales son fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático del Reino Unido.

Cuando el gobierno no cuenta con el apoyo de la Cámara de los Comunes para una política que pretende aplicar, la respuesta debería ser cambiar esa política, persuadir al parlamento para que la respalde o hacer que el gobierno caiga.

La Cámara de los Comunes no apoya abandonar la UE sin un acuerdo el 31 de octubre. Pero en lugar de comprometerse con el parlamento, el primer ministro lo ha prorrogado.

Ya es suficientemente problemático cerrar el escrutinio parlamentario durante varias semanas justo cuando el gobierno está tratando de negociar un acuerdo Brexit – uno de los asuntos políticos más controvertidos de la actualidad. Pero es aún más censurable cuando la prórroga también reduce considerablemente el tiempo disponible para que los parlamentarios se organicen en un escenario de no-acuerdo. Con un calendario tan truncado, se ven limitados en su capacidad de presentar legislación para retrasarlo u organizar un voto de desconfianza en el gobierno.

En estas circunstancias, la prórroga del parlamento muestra un claro desprecio por los valores constitucionales sustantivos. Limita las posibilidades de que una mayoría en el parlamento cuestione la agenda del gobierno. Dejará de lado al Parlamento en un momento en que se tomarán decisiones políticas de inmensa importancia. Y cuestiona la idea constitucional democrática fundamental de que el gobierno es responsable ante el parlamento.

El gobierno puede haber desarrollado un pretexto para justificar la prórroga del parlamento. Lo más probable es que haya seguido un curso de acción que es legal. Pero al hacerlo, muestra desprecio por la idea central de la democracia en la que se basa la Constitución del Reino Unido.

Michael Gordon , Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Liverpool.

Este artículo se vuelve a publicar de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lee el artículo original .

Traducción del inglés por Soledad Imbago