Embarazadas, menores y solicitantes de asilo sin derecho a ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, apoyadas por organizaciones de salud y derechos humanos, llevan a cabo un acto de protesta frente al Ministerio de Sanidad

Un año después de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, organizaciones de la sociedad civil exigen de manera urgente al Gobierno de España una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción alguna.

Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está Médicos del Mundo- y Yo SÍ Sanidad Universal manifiestan una profunda preocupación ante la actual exclusión sanitaria que viven cientos de personas migrantes en España a pesar de que hace un año el Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

Por ello, las organizaciones se han concentrado ayer, 31 de julio, frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para protestar por esta situación mediante la construcción de un muro que representa las dificultades a las que muchas personas tienen que enfrentarse día a día. Varias personas que han sufrido la exclusión del Sistema de Salud han compartido sus testimonios y finalmente han derribado el muro.

Resulta particularmente preocupante que, más allá de estas barreras, la nueva legislación no garantice en todo caso y sin excepción la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en urgencias hasta el alta médica. Cabe recordar que la obligación de prestar especial protección a estas situaciones está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el punto de que incluso una norma tan restrictiva de derechos como fue el RDL 16/2012, la contemplaba de manera expresa.

No son casos aislados

Durante este último año, asociaciones como Médicos del Mundo han recogido más de 1300 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 55 mujeres embarazadas; 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 35 personas reagrupadas y 626 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación.

Como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.

“Recorrimos seis centros de salud y en todos nos negaron la asistencia. Estaba de casi de ocho meses y no había pasado ningún monitoreo. No sabía si el bebé estaba colocado, si venía enrollado (…) tampoco el sexo. Solo me quedaba esperar que todo estuviera bien el día del parto”, explica Josefina –nombre ficticio para proteger su identidad-, de nacionalidad peruana y reiteradamente excluida de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.

“La información cruzada te angustia. Cada vez que iba al centro de salud me decían una cosa distinta”, dice Francisca, de origen chileno y con menos de tres meses de estancia en España.

Además, las organizaciones denuncian que el Gobierno se ha negado a abordar la exclusión de las personas mayores que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar para vivir con sus hijos e hijas. Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que cierra la puerta al reconocimiento de su derecho por la vía judicial, se impone la necesidad urgente de una modificación legislativa que garantice el acceso al sistema sanitario para este colectivo, cuya edad avanzada y frágil estado de salud no admite dilaciones.

Una normativa ambigua que da lugar a la interpretación

Tal y como ya advirtieron las organizaciones firmantes durante el proceso de elaboración del RDL 7/2018, la excesiva ambigüedad en la redacción del texto, así como la introducción de múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria –la estancia superior a 90 días, la obligación de aportar documentación de difícil obtención como es el certificado de no exportación del derecho o la exigencia de que no exista un tercero obligado al pago (por ejemplo un seguro médico)- son una puerta abierta a la persistencia de situaciones de exclusión, pues levantan barreras infranqueables para muchas personas.

A pesar de que el RDL 7/2018 ha constituido un avance para el Sistema Nacional de Salud en la medida en que reniega del modelo de aseguramiento del anterior reglamento -RDL 16/2012-, la nueva regulación es claramente insuficiente, ya que no solo no recupera el nivel de acceso previo a la reforma de 2012 sino que, en algunos aspectos, es incluso regresiva respecto a lo recogido en dicha reforma, al no mencionar expresamente en todo caso y sin excepción, tal y como se indica más arriba, la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad.

Por ello, las organizaciones recuerdan una vez más al Gobierno los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en particular las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales al Gobierno español en abril de 2018 que instan a adoptar las medidas necesarias para que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación alguna.

Una sanidad que priorice la prevención otorgando cobertura a toda la población, sin exclusiones, es una sanidad más eficiente y menos costosa –pues reduce el número de hospitalizaciones y minimiza los riesgos de salud pública, entre otras– fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad.

Las organizaciones rompen el muro de la exclusión frente al Ministerio

Fruto del compromiso de estas organizaciones con el acceso universal a la salud, se concentraron esta mañana frente a las puertas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para reclamar un derecho que es de todos y todas.

Han sido las propias personas excluidas quienes hoy han compartido sus testimonios frente a un muro ficticio que se ha construido con mensajes de denuncia y que representa ese muro real que las ahoga día a día.

Al final de la lectura del manifiesto, las organizaciones han tirado de forma simbólica el muro levantado, con la esperanza de que a corto plazo cientos de personas que sufren exclusión puedan derribar el que levanta el Gobierno a diario contra ellas y que la exclusión sanitaria deje de ser un hecho en nuestra sociedad.