Malta se niega a desembarcar en el puerto de La Valetta, Italia, prohíbe la entrada en aguas territoriales y España guarda silencio: la situación del barco Open Arms, con 121 inmigrantes a bordo, quienes fueron rescatados en el Mediterráneo, sigue sin resolverse por el momento.
El gobierno maltés e italiano siguen un modelo ya establecido (con algunas excepciones de Malta, que permitió el desembarco de inmigrantes rescatados por el barco de Alan Kurdi de la ONG alemana Sea Eye el 7 de julio y el 4 de agosto) y el gobierno español parece seguir su ejemplo. Europa amenaza con imponer fuertes sanciones a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo y, sobre todo, ignora la oferta del alcalde de Valencia, Joan Ribò, y de la comunidad autónoma de Extremadura para recibir inmigrantes. El ministro de Desarrollo, José Luis Ábalos, dijo que no se trata de una cuestión de «voluntarismo», sino de una cuestión política que concierne a la Comisión Europea. Sin embargo, es una pena que España ni siquiera se haya puesto en contacto con los Estados miembros para encontrar una solución común que permita a los inmigrantes a bordo del Open Arms , desembarcar en el puerto seguro más cercano.
Tras la transposición del Decreto de Seguridad, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó «su preocupación de que la imposición de sanciones financieras y de otro tipo a los capitanes de los buques pueda obstaculizar o impedir las actividades de rescate en el mar por parte de buques privados en un momento en que los Estados europeos han retirado considerablemente su apoyo a las operaciones de rescate en el Mediterráneo Central».
Traducción del francés por Soledad Imbago
