Miles de estudiantes, trabajadores y movimientos sociales volvieron a copar las calles de Brasil en una nueva jornada de protesta contra los recortes en educación promovidos por el presidente, Jair Bolsonaro, aunque entre las reivindicaciones también sumaron el rechazo a la reforma del sistema previsional, y los reclamos territoriales de mujeres indígenas. Las marchas se repitieron en más de 150 municipios de Brasil, y son las más masivas tras las convocadas en mayo pasado por el bloqueo de fondos a universidades federales.
Las concentraciones más importantes tuvieron lugar en Río de Janeiro y en San Pablo, aunque en Brasilia, capital del país, grupos de estudiantes y profesores universitarios contaron además con el apoyo de grupos de mujeres campesinas e indígenas. A través de Twitter, los usuarios expresaron su apoyo a la manifestación, compartiendo los hashtags #TsunamiDaEducação y #Tsunami13Agosto.
La Unión Nacional de Estudiantes (UNE) convocó a los jóvenes a movilizarse contra las restricciones presupuestarias, la defensa de la autonomía universitaria y el rechazo al proyecto “Future-se”, propuesto por el Ministerio de Educación brasileño, un intento de privatizar a las universidades públicas, y un gran paso en el camino hacia la mercantilización de la educación.
Se trata de la tercera movilización motorizada por estudiantes contra la política educativa del gobierno de Bolsonaro, decidido, según sus palabras, a emprender una cruzada contra lo que considera el “marxismo cultural” en el área educativa. El Ejecutivo también había anunciado previamente importantes recortes en los fondos destinados a universidades.
La UNE expresó mediante un comunicado su postura frente al proyecto, explicando que jamás la organización fue consultada al respecto. “El programa Future-se fue construido sin ningún debate previo con los sectores que componen la universidad: estudiantes, profesores, técnico-administrativos, rectores y pro-rectores. Se habla sólo de discusiones con especialistas y empresarios. Eso demuestra a que intereses sirven la implementación de ese proyecto, ciertamente no son los de la educación y del pueblo brasileño”, manifestaron.
La organización estudiantil fue recibida el jueves pasado por el ministro de Educación, Abraham Weintraub, en Brasilia, pero no obtuvo, según sus miembros, respuestas satisfactorias. “El ministro no supo dar ninguna respuesta sobre las dificultades por las que atraviesan las universidades ni sobre los problemas del programa Future-se”, dijo Julia Aguiar, directora de la UNE. “El ministro no sabía cómo responder a nuestras preocupaciones sobre la autonomía universitaria, sobre el número de leyes que cambiarían con el proyecto y no sabía cómo explicar en qué estudios se basaba la propuesta. Sentimos que el ministro no tenía respuestas objetivas”, agregó.
Los recortes en universidades e institutos federales ya ascienden a más de 6000 millones de reales (unos 1500 millones de dólares). Distintas instituciones educativas ya declararon públicamente el riesgo de dejar de ejecutar actividades debido a la falta de inversión.
“Campaña de mentiras”
Organizaciones de trabajadores y movimientos sociales también se sumaron a la jornada de protesta para repudiar la reforma previsional que impulsa Bolsonaro en el Congreso. Las mujeres indígenas, por su parte, expresaron su rechazo a las políticas oficiales en relación a los pueblos originarios y sus tierras.
Bajo el lema “Territorio: nuestro cuerpo, nuestro espíritu”, unas 3 mil indígenas provenientes de distintas partes del país denunciaron en Brasilia las “políticas genocidas” del gobierno de Bolsonaro, que se opone a nuevas demarcaciones de tierras, y pretende abrir reservas a actividades como la minería.
Además del rechazo a las políticas educativas y territoriales, los participantes también sumaron sus críticas a la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, proyecto clave del gobierno en materia económica, y que fue aprobado en sus dos instancias por la Cámara de Diputados. La legislación, que busca modificar la edad mínima para acceder a una jubilación, ahora necesita el aval del Senado brasileño, donde también será sometido a una doble votación y necesitará obtener una mayoría de tres quintos.
La poderosa Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil denunció que Bolsonaro impulsó su iniciativa a partir de una “campaña de mentiras” que buscaba obtener el apoyo necesario. Mediante esa campaña, “llena de noticias falsas, así como de métodos publicitarios mentirosos y astutos, el gobierno de Bolsonaro le dijo al pueblo que la reforma del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) corregirá las distorsiones y combatirá los privilegios”, según manifestó Rosely Rocha en un artículo publicado en el sitio web de la CUT.
Con la reforma jubilatoria, el gobierno brasileño pretende reducir el gasto apelando a un sistema de pensiones que considera “quebrado”, acabar con el déficit en el sector público, y liberar recursos para la inversión en sectores claves. Muy pocos, sin embargo, parecen confiar en esas promesas.
