Por Andrei Roa Saboya
El pasado 26 de julio se llevaron a cabo en casi 100 ciudades de Colombia y el exterior, marchas, protestas y plantones para manifestarse en contra de la violencia y el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo en Colombia, desde el periodo del 1° de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019 , han sido asesinados 462 líderes sociales. Posterior a esa fecha, se han registrado mas de 20 casos adicionales de asesinatos selectivos de líderes y defensores de derechos humanos. Esto sumado a casi mil amenazas de muerte confirmadas.
El mismo día de las manifestaciones, Yissela Trujillo, una líder social del municipio de Puerto Rico, Caquetá, fue asesinada junto con su esposo a pocos metros de la estación de policía del municipio. Esta persona, tenía ya amenazas de muerte por su participación en el acompañamiento a proyectos ambientales en su región.
Así mismo, posterior a la firma de los acuerdos de paz con la guerilla de las FARC, se han presentado 136 homicidios de excombatientes, 35 de sus familiares y 11 desapariciones forzadas.
La marcha fue convocada por el movimiento Defendamos la Paz, para llamar la atención sobre los crímenes que, aseguran, son sintomáticos de una enfermedad arraigada en Colombia: “La de querer descabezar, desanimar, eliminar, asustar, exterminar a cualquiera que quiera levantar cabeza, que quiera denunciar una injusticia o proponer una reforma, una solución o una reivindicación popular, necesaria y justa”.
