Marruecos vacía de migrantes el norte para alejarlos de la frontera española y aumenta los controles de cara al verano

Hace un año, pasear por Boukhalef o Mesnana y no encontrarse apenas con ningún migrante en el camino era una rareza. Eran los barrios más poblados por personas del África Subsahariana en Tánger. Hasta que llegó la promesa de fondos de la UE a Marruecos para el control fronterizo. Entonces, las autoridades del país vecino impulsaron las redadas y los desalojos en las ciudades del norte para impedir que se acercaran a la frontera española. En los últimos meses, solo los ciudadanos marroquíes frecuentan las calles de estos vecindarios.

Un domingo cualquiera, Félix es el único migrante de origen subsahariano en la arteria principal de Boukhalef. También es de los pocos que siguen viviendo en el barrio. Este camerunés vende cigarrillos, mecheros y pañuelos de papel por unos dírhams en plena calle.

—¿Qué ha pasado con el resto de migrantes?

Para poder responder a la pregunta, Félix llama por teléfono a dos amigos. Al rato se acercan dos chicos cameruneses con miedo a hablar y a que los vean con periodistas porque aseguran que más tarde la policía marroquí acudirá a interrogarlos.

En la actualidad, no hay migrantes ni en las casas ni en los montes en la carretera a Ceuta, todo lo contrario al verano pasado, cuando algunos se hacinaban en viviendas precarias a la espera de su turno para cruzar el Estrecho, y los más pobres en los bosques aledaños. Su presencia es cada vez menor desde que en septiembre de 2018 comenzaron las redadas y las expulsiones al sur de Marruecos, en las poblaciones desde Settat hasta Tiznit, localidad del sur a las puertas del desierto del Sáhara.

«Está todo desolado, están escondidos», asegura Inmaculada Gala, delegada diocesana de migraciones en Tánger, que explica que está teniendo problemas para seguir con el programa de ayuda humanitaria en la calle porque no los localizan.

El flujo de pateras que salen desde las costas suele incrementarse con la llegada del periodo estival y el buen tiempo en alta mar. Pero este verano, el norte está blindado, desde Oujda hasta Kenitra, cerca de Rabat, según explicó el director de Inmigración y Vigilancia de Fronteras del Ministerio del Interior marroquí, Khalid Zerouali, en una entrevista con eldiario.es. «Saben que tienen prohibido estar en la ciudades de Tánger, Tetuán y Nador, en el norte», detalla. Justifica las expulsiones a otras ciudades dentro del país con la ley 02-03 en la mano, que, según indica, «permite destinar a las personas migrantes no documentadas y que no tienen la posibilidad de trabajar en el país desde el norte a otras ciudades para protegerlos de la mafias».

Hace unos días, el Ministerio español del Interior difundía algunas cifras que constaban el descenso de llegadas irregulares después del aumento registrado el pasado año. A finales de junio, habían alcanzado suelo español un total de 13.263 personas, 4.037 menos que en 2018. El descenso se ha producido sobre todo en las entradas irregulares por vía marítima: en el primer semestre arribaron por esa vía 10.475 migrantes, un 27,4% menos que en el mismo periodo del año pasado. Entre los motivos, Interior destaca «el refuerzo de las relaciones bilaterales con Marruecos, un socio preferente para España que está realizando un trabajo eficaz en el control de la inmigración irregular hacia España desde su territorio».

Sobrevivir sin rumbo fijo

Las pocas personas de origen subsahariano que deambulan por Tánger son jóvenes con mochilas a la espalda, que miran constantemente a su alrededor con temor y precaución para conseguir huir tan pronto como vean aparecer a un marroquí que pueda ser un policía vestido de civil.

—Cuidado, que ya han detenido a un periodista extranjero —advierten nerviosos.

Las autoridades no permiten trabajar en la ciudad a los periodistas no acreditados que llegan a Marruecos para documentar la situación que se vive desde el pasado verano.

Michel (nombre ficticio) accede a quedar con eldiario.es en un café del centro de Tánger para contar el acoso que, según denuncia, sufren él y sus «compatriotas» desde hace meses. Aparece con cara de cansado y una mochila al hombro. Al finalizar la entrevista, no tiene rumbo fijo. Pasará la noche en un café 24 horas. Su amigo se refugia en un portal, otro en un garaje. Cuentan que van cambiando de lugar para sentirse más seguros.

El tercero que lo acompañaba, Ali, encontró un trabajo como jardinero en un chalé de un «señor marroquí» a unos kilómetros de Tánger. En estos momentos se considera un afortunado, le paga 50 dírhams (menos de 5 euros) y le da cobijo, lo que le permite librarse de las redadas. «Lo más importante es que tengo un techo donde estar porque las cosas aquí –barrio de Mesnana– están imposibles, hay que dar vueltas todo el tiempo para evitar las detenciones».

Los que siguen en Tánger

Pero Tánger siempre será el último eslabón para cruzar el Estrecho. Los migrantes que continúan en la ciudad ahora se agrupan en las callejuelas que salen del zoco chico, corazón de la medina vieja. Suelen estar alrededor de hoteles antiguos, poco cuidados y más baratos, cerca de algunos restaurantes africanos dirigidos por subsaharianos que lograron llegar a Europa.

El aumento del control migratorio ha provocado el surgimiento de lo que se conoce como ‘hoteles patera’, una decena de alojamientos donde propietarios marroquíes hacinan a los migrantes que necesitan descansar después de varios días escapando de las fuerzas de seguridad por la ciudad. Pueden llegar a pagar hasta 15 euros por persona y plaza, en una habitación llena de gente sin derecho a ducharse y en el mejor de lo casos con algo de luz. También les venden plazas en la azotea, al aire libre, por unos dírhams.

Las ventanas no cierran, la luz en algunas de las habitaciones no alumbra, los baños no tienen agua y están sucios. Lo mismo sucede en Tetuán, aunque allí ya empieza a aparecer la policía para solicitar la documentación.

La presión de las fuerzas de seguridad marroquíes, apoyadas por España, valedora del país magrebí ante la UE, ha vaciado Tánger de personas que esperan su oportunidad de cruzar el Estrecho. La visita del Papa Francisco los días 30 y 31 de marzo, prevista desde 2018, también ha contribuido al desalojo de personas no reguladas en el país.

El Pontífice se reunió con un grupo de migrantes subsaharianos en la sede de Caritas, donde reciben ayuda sanitaria, educativa y legal. Los migrantes forman ahora la mayoría de los aproximadamente 30.000 feligreses católicos en Marruecos, de diferentes nacionalidades y son en general muy jóvenes. Pero solo se recibió a «personas con papeles». Los trasladaron hasta Rabat en autobuses, y el Arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agrelo, durante la rueda de prensa en Casablanca, se dirigió también a los que no tienen documentación «porque son más vulnerables, indefensos jurídicamente, cuya situación no la desearía ni para mí ni para mis hijos», relató a eldiario.es

Retorno voluntario y deportaciones

La mayoría ha vuelto a los grandes campamentos en las ciudades, como Rabat y Casablanca. El de la estación de Ouled Ziane en Casablanca ardió por completo el 30 de junio, el cuarto incendio en año y medio. En Fez se están agrupando en casas después de que desmantelaran el campamento para construir un hotel y un centro comercial. Desde allí, en una conversación telefónica, se quejan de que estos días están sufriendo «agresiones con armas, robos, acoso, provocaciones de todo tipo… Un comportamiento que no podemos consentir». Aseguran que lo han denunciado en la comisaría de la localidad. Hay parte de los migrantes que se han acogido a los programas de retorno voluntario.

Otras personas han sido deportadas a los países de origen. Las primeras devoluciones comenzaron el 20 de septiembre a Costa de Marfil. Varias embajadas africanas en Rabat han firmado con las autoridades marroquíes convenios de expulsión de los ciudadanos que no dispongan de documentación en regla. Además están dificultando los requisitos para conseguir visados para entrar en Marruecos.

En las grandes ciudades del centro del país también denuncian redadas, como en Hay Nada, un barrio de migrantes en Rabat. Además la policía desmanteló los campamentos de Settat, entre Casablanca y Marrakech. Éste se formó a partir de las expulsiones de Tánger. Es una de las paradas donde los militares abandonan a los migrantes. También en la ruta de vuelta al norte desde Tiznit se van quedando tirados en las ciudades, según se les va acaban el dinero, y se concentran al lado de las estaciones de autobuses en estos campamentos improvisados.

El acoso policial y bloqueo de las fronteras terrestres obliga a que algunas personas ya empiecen a acogerse voluntariamente a programas de retorno a sus países. Han entendido que es difícil llegar a Europa o que allí no está el paraíso. Es el caso de Moussa, superviviente de la tragedia del Tarajal, integrado en Tánger y de vuelta a Camerún, después de que le enviaran en una autobús destino a Tiznit cuando hacía la compra en la medina de Tánger, y a pesar de ser solicitante de asilo. Otros deciden volver de manera voluntaria, porque todavía conservan los pasaportes en vigor. La mayoría ha entrado de manera regular a través del aeropuerto de Casablanca, con pasaporte y visado. Pero ante la presión policial, deciden volver a su país.

En 2018 se acogieron al retorno voluntario más de 1.300 migrantes, la mayoría subsaharianos, según las cifras de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en Rabat. La operación fue financiada por el gobierno marroquí en colaboración con la UE y países como España, Noruega, Italia, Bélgica y Holanda.

El año pasado finalizó con la firma del Pacto Mundial de Migraciones en Marrakech para controlar los flujos de migración irregular y luchar contra las mafias, que se traduce en vaciar las ciudades cercanas a las fronteras entre España y Marruecos de personas subsaharianas.