María Elena Naddeo es co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) e integrante del Comité por la libertad de Milagro Sala desde su creación.

El miércoles 17 de julio realizaron una conferencia de prensa para denunciar la situación de algunas de las detenidas en la cárcel de Alto Comendero en Jujuy, integrantes de la Tupac Amaru, ¿de qué se trata?

Desde la APDH y el Comité por la Libertad de Milagro Sala denunciamos malos tratos y torturas a tres compañeras presas políticas en la cárcel del Alto Comedero en la provincia de Jujuy. Las mismas han sido en distintos momentos recluidas en “celdas de aislamiento” donde llegan a estar hasta 7 días aisladas del resto, con las ventanas tapadas, dejándoles una hora al día para salir para el aseo personal. Se agrava esta situación porque las despojan de sus ropas, es decir quedan desnudas con solo una frazada para cubrirse. Para disciplinarlas les suministran psicofármacos, a veces por la fuerza, otras veces entre la medicación habitual.

¿Esta situación puede configurar un abuso de derechos humanos en la región?

Se trata de una clara violación de los derechos humanos, una violación del Reglamento de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y para el tratamiento de las mujeres presas. Por ello hicimos una presentación ante el Comité Argentino contra la tortura, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y el propio Gobierno de Gerardo Morales en Jujuy.

Ustedes denuncian en general la situación de las cárceles en todo el país. ¿Puede dar algunos ejemplos?

En la cárcel de Ezeiza por ejemplo acaba de morir quemada una joven detenida, se incendió la celda y la socorrieron tardíamente. En las cárceles de la Provincia de Buenos Aires han fallecido muchos detenidos por supuestos accidentes, incendios de dudoso origen sin que se recurra rápidamente a su auxilio. Por otro lado, los presos políticos en Marcos Paz denuncian que los traslados a las audiencias judiciales son extremadamente largos, los demoran largas horas en tribunales esposados estando a la espera de las camionetas por cinco o seis horas en lugares pequeños sin ventilación ni insumos.
El hacinamiento en las cárceles es otra cuestión general. Se ha incrementado por la política del gobierno actual que utiliza la prisión preventiva de manera arbitraria y abusiva.

Después de más de tres años de acusaciones y persecuciones a Milagro Sala por medios judiciales, ¿podemos tener una visión general del problema? ¿Y ésto está afectando también a otros colectivos sociales?

En la provincia de Jujuy, las distintas causas contra Milagro Sala y la Agrupación Tupac Amaru siguen llenas de irregularidades. Por ejemplo, han sido detenidos nuevos compañeros, uno de ellos Miguel Sibila que se incorporó a la organización como cooperativista en octubre de 2015, realizó un mes de trabajo como constructor. En diciembre de 2015 cambia el gobierno de Jujuy, inicia las demandas y la suspensión de las obras. Por ser cooperativista de la Tupac Amaru, Sibila fue juzgado y condenado a 8 años de prisión. Por asociación ilícita. Es una vergüenza en nuestra vida democrática.

La persecución judicial y política está afectando a todos quienes se movilizan por sus derechos. En Argentina tenemos en las cárceles delegados o militantes de agrupaciones sindicales como Daniel Ruiz del PTSU (Partido de los Trabajadores Socialistas Unificado) que participó y arrojó fuegos artificiales en una movilización en rechazo a la Reforma previsional o jubilatoria en diciembre del año pasado. La presión preventiva es un castigo anticipado y vulnera el principio e inocencia y de debido proceso.

Los adolescentes y jóvenes están siendo víctimas de los nuevos protocolos de las fuerzas de seguridad puestos en marcha por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ella alienta en las fuerzas de Seguridad el uso indiscriminado de las armas de fuego, con lo cual tenemos en los últimos meses numerosas muertes de jóvenes que a la salida de bailes, por ejemplo, son detenidos por la policía o la gendarmería. En la provincia de Buenos Aires, jóvenes que iban cantando en su camioneta fueron interceptados a balazos por la Policía y cuatro de los cinco pasajeros murieron.

El paradigma represivo cobra vidas de trabajadores pobres, de luchadores sociales y de jóvenes de los barrios populares.