«Una fuente gigantesca y absurda de inequidad, injusticia, complejidad e ineficiencia»: este es el severo juicio que puede leerse en las conclusiones de la «Encuesta sobre la estructura del impuesto a la renta personal de 2003 a 2017», recientemente publicada por la Asociación para la Legalidad y la Equidad Fiscal (LEF). Este es un trabajo realmente notable, tanto por la cantidad de datos y tablas que se muestran en las más de 200 páginas de la investigación, como por los análisis detallados y las consiguientes propuestas.

En primer lugar, es necesario recordar que el IRPEF es el impuesto principal, en términos de ingresos y de las partes interesadas, a través del cual se implementa la progresividad establecida por el artículo 53 de la Constitución. De la encuesta se desprende que hoy la progresividad recae casi exclusivamente en los ingresos laborales (empleado, pensión y autónomos) que representan más del 95% de los ingresos declarados por el IRPEF (en 2003, este valor era inferior al 85%). Además, existe un desequilibrio a favor de las declaraciones por encima de los 50 000 euros con una concentración sustancial de la recaudación en ingresos promedio entre 20 000 € y 50 000 €.

Incluso las exenciones fiscales (más de 150 entre deducciones, desgravaciones y créditos) son injustas, ya que «abarcan (a menudo, de forma aleatoria) todos los sectores de gasto, lo que favorece a los contribuyentes que pueden confiar en ellas para reducir el impuesto debido». Incluso los 80 euros (introducidos por el gobierno Renzi) son discriminatorios, ya que amplían el área de insuficiencia solo para algunos contribuyentes, además de crear una tasa marginal impositiva de 75% entre 24 000 y 26 000 euros.

La introducción en los últimos años de algunas disposiciones legislativas (súper e híper amortización) «ha facilitado la realización de actividades económicas con IVA, ampliando la ventaja fiscal de estos contribuyentes hacia los empleados que no han reconocido los costos de la producción de ingresos».

La evasión del IRPEF se estima en 35 mil millones de euros: un fenómeno extendido, «que involucra a un número muy alto de sujetos». Contrarrestar la evasión de masas, una peculiaridad realmente negativa de nuestro país es, y ha sido en el pasado, «electoralmente poco práctico y por esta razón preferimos centrar el índice solo en las multinacionales de la web».

Al analizar los datos, uno se da cuenta de que «la lista de clientes y proveedores con relación al valor de los intercambios entre los contribuyentes que pagan este impuesto y el rastreo de las transacciones de consumo final fueron y siguen siendo las únicas dos formas a seguir y perfeccionar para contrarrestar ingresos ocultos». Basta con ver los datos de 2006 y 2007, donde se reintrodujo la lista de clientes y proveedores (por parte del gobierno de Prodi), para darse cuenta de la validez de esta declaración: «desafortunadamente, por razones electorales en 2008 se eliminó la lista» (del gobierno de Berlusconi).

En esa época se hicieron otras elecciones, como los estudios sectoriales y el ‘gastómetro’: «en la práctica, los estudios sectoriales han terminado por legalizar la evasión». Incluso el impuesto fijo se juzga negativamente: «Esta elección ha allanado el camino para una desregulación completa de los operadores de una actividad económica. Estos contribuyentes no solo están exentos del IVA, sino que no están obligados a la facturación electrónica, negando así gran parte de la efectividad de esta herramienta en la lucha contra la evasión fiscal».

La investigación promovida por la LEF también revela la excesiva complejidad del sistema tributario italiano, particularmente en comparación con los Estados Unidos. En Italia se dan 150 exenciones entre deducciones, desgravaciones y créditos, mientras que en el modelo análogo de declaración de los Estados Unidos son algo más de 30. A más de eso, en Italia hay varios tipos de cargos deducibles con 6 tarifas diferentes (19%, 26%, 36%, 41%, 55% y 65%). En consecuencia, «cada una de estas facilidades origina páginas de instrucciones para ilustrar las formas de tener un derecho y cualquier documentación necesaria para probar este derecho».

Finalmente, está la ineficiencia: «todos los años (y esto ocurre entre los países económicamente avanzados) millones de personas/contribuyentes y cientos de miles de consultores, incluido el personal de CAF y profesionales calificados, estamos comprometidos con el fin de preparar la declaración de impuestos, considerar, negociar, fotocopiar miles de millones de documentos, acreditar el beneficio de las instalaciones, con un empleo de recursos y un enorme costo social general; recursos que podrían ser utilizados para causas más nobles».

De la lista de temas críticos, queda claro que es necesario intervenir en el IRPEF para hacerlo más justo, más equitativo, y con menos obligaciones onerosas. El objetivo principal de los cambios «debe ser la recuperación de la evasión sustancial, ya que solo mediante la recuperación de recursos en esta área se pueden poner a disposición medios para modificar y hacer que la estructura tributaria sea más equitativa». La LEF afirma claramente que es «absurdo e ilógico abandonar los dictados constitucionales de la progresividad del impuesto, ya que en todos los países económicamente avanzados los recursos fiscales personales se utilizan para redistribuir la riqueza con el fin de apoyar a las personas y familias menos afortunadas».

Está claro que un recorte en los recursos económicos que ingresan a las arcas del Estado implica una disminución en los servicios públicos de salud, educación, transporte y asistencia. Por lo tanto, «la reducción general de la carga tributaria es un bello regalo para los ricos», que ya puede proporcionar servicios privados para sus necesidades. En esencia, el impuesto fijo revierte la ética de «quitarles recursos a los ricos para entregárselos a los pobres», reemplazándola con la elección de «dar más a los ricos despojando de servicios a los pobres».

La encuesta concluye con una docena de propuestas concretas, entre las cuales figuran la de «reducir las tasas aplicadas a los tramos de ingresos medios y bajos, al tiempo de aumentar las aplicadas a los tramos relacionados con los ingresos medios y altos» y la de «aumentar el número de tramos para devolver a la linealidad progresiva el crecimiento del impuesto a medida que aumentan los ingresos». En general, es lo que la Asamblea Constituyente ya había establecido, pero que en las últimas décadas se ha pasado por alto progresivamente.

Traducción del italiano por Melina Miketta