Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos aferrado a una promesa: El muro que separe a México de los Estados Unidos. Pura demagogia que buscaba asociar el bienestar de los estadounidenses a la cantidad de inmigrantes que recibiera el país y que señalaba como fuente de inseguridad y de violencia contra las mujeres y niños a los “latinos” llegados vía México.

El punitivismo contra los indocumentados fue parte central de sus políticas y discursos desde que alcanzó la Casa Blanca. Y si bien el muro que levantó Barack Obama de varios cientos de kilómetros no fue continuado por Trump más que en pequeños tramos, el magnate inmobiliario no pudo hacer que Enrique Peña Nieto, cuando gobernaba México se hiciera cargo del costo de las obras de separación entre los países y más difícil se dibujó el escenario cuando el 1 de diciembre de 2018 alcanzó la presidencia de este país Andrés Manuel López Obrador.

En plena crisis migratoria, con miles de personas atravesando México para cruzar la frontera con los Estados Unidos, López Obrador debió cabalgar entre medidas de seguridad para las personas, de integración, de control de fronteras y de asistencia humanitaria.

A este enorme desafío se le sumaron las exigencias estadounidenses, que a través de extorsiones económicas, amenaza de aumento de aranceles a productos mexicanos, Trump consiguió un cierto alineamiento del Ejecutivo azteca.

AMLO se propuso crear una Guardia Nacional que reemplazara a los corruptos cuerpos de seguridad existentes en un México con cifras de criminalidad incomparables con el resto del planeta.

En el día de ayer, Ken Cuccinelli, jefe interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sostuvo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está preparado para llevar adelante las redadas para detener y deportar a un millón de personas. El presidente había advertido que el mismo 4 de julio, fecha de la independencia estadounidense comenzarían el plan de deportación masiva.

Ante esta embestida del gobierno de Trump, funcionarios municipales, departamentos de policía y alcaldes de importantes ciudades, entre ellas Los Ángeles, San Francisco, Atlanta, Chicago y Nueva York, según Democracy Now!, advirtieron de que desobedecerían  las órdenes y no cooperarían con las autoridades del Servicio de Inmigración.

The Washington Post informó en el fin de semana que el FBI sí está colaborando con el Servicio de Inmigración y Control, al menos en un programa de búsqueda en las bases de datos del Departamento de Vehículos Automotores en varios estados, para generar a través de una tecnología de reconocimiento facial, encontrar posibles indocumentados. Al menos en los estados de Vermont, Utah y Washington es posible tener licencia de conducir, aunque no se cuente con un permiso de residencia en regla.

Algunos legisladores, como organizaciones de defensa de derechos humanos y civiles, criticaron el uso de esta tecnología para perseguir a las personas en situación de vulnerabilidad. A su vez, indicaron que se trata de una nueva tentativa de criminalizar a las minorías.

En medio del ruido de rechazo que generan estas políticas antiinmigrantes, Donald Trump aseguró que los centros de encarcelamiento de personas indocumentadas no violan los derechos de las personas allí detenidas.

“En todo caso, si uno mira bien, la gente que viene de condiciones de increíble pobreza, que no tiene agua, que no tenía nada en el lugar de donde viene… Esas personas están muy felices con lo que está sucediendo porque, relativamente hablando, están mucho mejor ahora”, expresó el mandatario, quien luego por redes sociales aseguró que los medios de comunicación falsean y exageran los informes sobre los centros de detención de inmigrantes.

Congresistas demócratas visitarán esta semana dichos centros y se interiorizarán de la situación de las familias separadas, los niños desamparados y las mujeres ultrajadas que malviven en estos espacios de reclusión.

En algo sí se puede estar de acuerdo con Trump y es que muchas de estas personas huyen de situaciones de pobreza y explotación, buscando una oportunidad de reconducir sus vidas y las de sus familias. En ningún caso la devolución a los países de donde se fueron, soluciona en algo su situación. Si tenemos en cuenta la complicidad del Departamento de Estado estadounidense en el sostenimiento de la dictadura fraudulenta de Juan Hernández en Honduras, la corrupción exponencial y persecución de pueblos originarios en Guatemala, la violenta desestabilización que viven Nicaragua y Venezuela, entre otros casos. Sin olvidar la nefasta política de drogas que lleva adelante el país con mayor consumo de drogas del planeta: Estados Unidos, que eterniza el funcionamiento de carteles del narcotráfico tanto en Colombia, como en México; es inconducente que los Estados Unidos se desentienda de la realidad que viven esas personas que buscan una vida mejor, dejando y arriesgando todo para llegar a la potencia económica del mundo.