Guayaquil, la segunda ciudad del país, celebró sus 484 años de fundación el jueves 25 de julio. En el marco de esa celebración, el presidente Lenín Moreno, cuya popularidad está hoy, según encuestas, en el 14%, informó que ha firmado el decreto para exigir visado a ciudadanos y ciudadanas extranjeros. Según las palabras del presidente, se trata de una medida para
«regularizar el orden y seguridad para los ecuatorianos y migrantes».

En el decreto presidencial se crean dos tipos de visa y claramente, están dirigidas a la población venezolana. Una visa de residencia temporal que aplica a venezolanos y venezolanas ya asentados en el país y que no tienen pendientes con la ley y una visa «humanitaria», como requisito para quienes quieran en adelante, ingresar al Ecuador. Además, Moreno explicitó que el Estado ecuatoriano reconocerá pasaportes y cédulas de identidad que estén vencidos, porque fue una «promesa» hecha Juan Guaidó, a quien como es sabido, el gobierno ecuatoriano reconoció como presidente de Venezuela.

El decreto supone una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, reforma que será enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el próximo lunes 29 de julio. Vale recordar que esta ley ha sido presentada como inconstitucional ya hace algunos meses atrás por un conjunto de organizaciones de derechos humanos y atención a migrantes y refugiados en el país.

Al mismo tiempo, pero en otros frentes, se cumplen hoy cuatro días de huelga de hambre de docentes jubilados, exigiendo el pago de las obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y rechazando la propuesta del gobierno ecuatoriano de pagarles en bonos o un monto de mil dólares anuales hasta completar lo que se le debe a cada uno/a. Desde el frente ambiental, el Ministerio de Ambiente emitió ya las licencias para explotar las plataformas A y B del campo petrolero Ishpingo asegurando que se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní y que no habrá consecuencias para los pueblos en aislamiento. Organizaciones ecologistas y de lucha por los derechos humanos y de la naturaleza han entrado en movilización y alerta frente a esta decisión cuya ejecución se ha pospuesto para el 2020 para «evitar conflictos» , según el presidente Moreno.

Y así, poco a poco pero diariamente, los derechos establecidos en la Constitución de 2008, se desvanecen.