por Kevin Rennie para Global Voices
Imagina una ley que otorga a los organismos de inteligencia y a las autoridades de un país el poder de acceder a comunicaciones encriptadas. A pesar de sus dudas, el partido Laborista Australiano apoyó la aprobación del proyecto de ley de acceso y asistencia (#AAbill) de la Coalición Liberal-Nacional que se convirtió en ley el 6 de diciembre de 2018. Se supone que los terroristas y pedófilos son el objetivo pero existen grandes consecuencias para los derechos digitales.
Se ha aprobado un total de 75 leyes de seguridad nacional en Australia desde septiembre de 2001. Sin embargo, el Gobierno aseguró que la ley era necesaria antes de Navidad ya que las fiestas representaban gran riesgo para la seguridad.
La indignación de los defensores de la privacidad y de los derechos digitales y los miembros de la industria tecnológica no se ha apaciguado –particularmente porque la oportunidad de reformar la legislación tras las elecciones federales de Australia del 18 de mayo de 2019 quedó abierta y suejta a revisión del Comité Parlamentario Conjunto sobre Inteligencia y Seguridad.
Global Voices entrevistó por escrito a Lyndsey Jackson, presidenta de la organización de derechos digitales Electronic Frontiers Australia, sobre la ley y sus ramificaciones. Lindsey contestó:
Kevin Rennie (KR): ¿Cuáles son las principales disposiciones de la nueva ley?
Lyndsey Jackson (LJ): La ley trata sobre el encriptado, que es una forma de transmitir información de manera que solo pueda leerla quien la envía y quien la recibe –significa que nadie más puede verla a menos que se le conceda acceso. El encriptado tiene varios usos, como asegurar el envío de mensajes, archivos, correos electrónicos, nubes de datos o inclusive verificar software. Mucha gente, organizaciones y Gobiernos lo utilizan.
La nueva ley apunta directamente al encriptado y básicamente obliga a programadores, fabricantes de dispositivos y proveedores de servicios a dar permiso al Gobierno para espiar la información encriptada de la gente.
KR: El Gobierno aseguró que las nuevas medidas eran necesarias con urgencia: antes de la temporada de Navidad de 2018. ¿Cuáles han sido las consecuencias de apresurarse?
LJ: Las consecuencias de apresurar la aprobación de la ley antes de Navidad han sido enormes.
La ley que fue aprobada estaba redactada de forma deficiente. Se había planeado varias modificatorias fundamentales para mejorar la redacción pero no lograron formar parte del texto final debido al apuro. Ahora tenemos una ley en vigencia que está mal redactada según reconoció el Parlamento, en vez de una ley bien planteada y que realmente cumpla con el objetivo.
La coacción hacia el sector de tecnología es una consecuencia inmediata –la gente denuncia una caída en la cantidad de empleo extranjero y se prevé que siga disminuyendo, además de reducciones adicionales en inversiones y empleo.
La otra consecuencia visible ha sido que los derechos digitales de los australianos actualmente son vulnerables ante el Gobierno y la posibilidad de que esta capacidad de vigilancia se use incorrectamente.
KR: ¿Por qué estas leyes han generado una fuerte oposición en Australia?
LJ: La campaña sobre los derechos digitales crece en Australia a medida que más gente se da cuenta de las grandes ramificaciones de la vigilancia y cómo se usa incorrectamente. Sin embargo, el Gobierno ha pasado completamente por alto las incansables explicaciones y la lucha del sector de tecnología, lo que ha demostrado que la ley es abusiva, inaplicable y nos pone a todos en extremo riesgo financiero, de negocios y personal. La ley también malinterpreta la tecnología y la privacidad en esencia –por eso hay una oposición tan grande.
Tenemos derecho a la privacidad. Esta privacidad existe en nuestra vida diaria, hasta cuando usamos nuestro celular o nuestra computadora. Esta ley nos quita el derecho a la privacidad al otorgarle al Gobierno acceso sin precedentes a nuestra vida privada por posibles delitos que bien podrían ser investigados de otras formas más responsables. La ley le proporciona la Gobierno la contraseña de cada cuenta en el país sin siquiera detenerse a considerar si debe ser así, y mucho menos si es necesario.
KR: ¿Cuáles son las preocupaciones específicas de las industrias de información y tecnología locales?
LJ: Esta ley definitivamente va a impactar financieramente a las industrias de información y tecnología locales. El Gobierno va a rechazar negociar con compañías como Huawei por temor a defectos de seguridad que deriven en vigilancia extranjera. Entonces, ¿por qué esperaríamos que otros países nos traten distinto? Porque es exactamente lo que el Gobierno le ha comunicado al mundo: cada servicio, hardware y software que se fabrique en Australia tendrá un fallo de seguridad que dé lugar a la vigilancia. La ley es un obstáculo a la capacidad de la industria de información y tecnología australiana de crear productos y ofrecer servicios sólidos.
KR: ¿Por qué algunos miembros del sector de seguridad cibernética creen que la ley será contraproducente?
LJ: Para que la ley sea aplicable, los hardware y software deberán debilitar su seguridad general. Significa que serán más vulnerables a la intromisión de otras fuentes.
KR: ¿Qué cambios debería hacer el Gobierno entrante ahora que ya pasó la elección federal y que el Gobierno se queda en el poder por otros tres años?
LJ: Los derechos digitales de los australianos y la fortaleza de nuestra industria tecnológica deberían ser tomados más en serio. Una forma de hacerlo es que reviertan la ley y empiecen de cero –pero esta vez con expertos en tecnología de Australia.
Mientras tanto, la abogada australiana y miembro del directorio de Digital Rights Watch, Lizzie O’Shea, ha sido distinguida por el grupo internacional de defensa Access Now por su lucha contra las leyes referidas al encriptado. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, le entregó a O’Shea el premio Héroe de los Derechos Humanos en la cumbre de RightsCon llevada a cabo el 12 de junio de 2019.
Access Now publicó el siguiente comunicado:
O’Shea, quien trabaja frecuentemente en coalición, ha liderado la campaña contra el proyecto de ley de Asistencia y Acceso y otras amenazas contra la seguridad de las comunicaciones en Australia. Esta lucha incluye la creación de una alianza entre las compañías de tecnología, organizaciones sociales civiles, académicos, activistas,
En contraste, el Departamento de Asuntos Internos del Gobierno australiano tiene una explicación detallada de la ley y una respuesta a los llamados “mitos” sobre la Ley de Asistencia y Acceso.
Traducción: Sol Jofré
El artículo original se puede leer aquí
