Estamos en una emergencia habitacional en muchas ciudades del mundo debida a la gran discrepancia entre los ingresos de la población y el precio de la vivienda. En Barcelona, esta condición la sufrimos desde la crisis, a partir del 2009 muchas familias empezaron a tener problemas para pagar la hipoteca, esta situación dio lugar a miles de desahucios, ahora nos enfrentamos a un problema de carestía del alquiler que se da en todas las grandes ciudades del planeta. En respuesta a este problema, plataformas, vecinos y ayuntamientos buscan soluciones y piden ayuda.

Campamento en Badalona

La Plataforma de Afectados por la Crisis (PAC) ha organizado el pasado fin de semana un acto artístico callejero denunciando la situación de niños y familias desahuciadas que duermen al raso en un campamento en Badalona. Cuatro familias, con siete niños en total de entre 8 meses y 10 años, no han encontrado otra alternativa que montar un campamento bajo el Pabellón Olímpico de Badalona, junto a la puerta de la Oficina de Vivienda de la ciudad, después de ser desahuciadas mientras la administración no les da ninguna respuesta.

Preguntadas las familias sobre qué solución les ofrecen las administraciones, una de las afectadas responde que los Servicios Sociales les proponen ocupar una vivienda. Las familias no aceptan esta propuesta y reclaman un alquiler que pueda pagar. “Somos trabajadores, pero no llegamos a pagar los alquileres que nos piden”, comentan.

Según declaran miembros de la PAC “las familias afectadas tienen una resolución de la ONU por la cual no pueden ser desahuciarlas sin alternativa de vivienda. La próxima semana hay 17 desahucios previstos en Badalona sin alternativas, y con resoluciones favorables de la ONU”, familias que podrían acabar viviendo en el campamento.

El Barrio del Raval en Barcelona

Los vecinos del barrio del Raval luchan contra el desahucio de 10 familias por parte del fondo de inversión Blackstone. El barrio se ha propuesto resistir  durante 15 días la amenaza de diez desahucios impulsados por el fondo buitre. Los vecinos de uno de los edificios se han organizado para hacer frente al gigante americano en una acción que no solo busca salvar sus casas, sino sentar precedente en la lucha contra la especulación. Para ello se ha elaborado un completo programa/kit de resistencia con actividades de todo tipo.

La iniciativa del Raval tiene dos objetivos: por un lado, forzar la intervención del ayuntamiento para comprar el edificio y ofrecerlo a sus habitantes a cambio de un alquiler social que les permita vivir y por otro, luchar contra la especulación de los fondos buitres a través de la organización popular y un llamamiento la solidaridad de toda la ciudad.

El precio del alquiler escala más deprisa que el poder adquisitivo de los salarios y la entrada de fondos buitre en un mercado inmobiliario desregulado empuja a miles de personas fuera de sus casas. En ciudades como Barcelona y Madrid, barrios como el Raval o Lavapiés se vacían a la merced de un jugoso negocio que se beneficia de la pobreza, la gentrificación y de un modelo turístico sin líneas rojas.

La punta de lanza de la gran transformación es el fondo buitre Blackstone, señalado por expertos de la ONU como promotor de un modelo que “está echando a inquilinos de sus casas”. Asentado en el Estado español de la mano de casos de corrupción como la venta de vivienda social en Madrid por el gobierno de Ana Botella, el fondo buitre americano maneja una cifra de negocio de más de 100.000 millones de dólares y más de 22.000 viviendas en el estado español.

Mientras que, en ciudades como Berlín, se hacen consultas en forma de referéndum para la expropiación de viviendas de fondos buitre, en el estado español estos mismos fondos campan a sus anchas con total impunidad. El relator especial de la ONU y la comisión de trabajo de la ONU han realizado advertencias al estado español en esta materia:” Recordamos a los Estados sus obligaciones con los derechos humanos a la hora de regular la inversión en bienes inmuebles residenciales para que respalden el derecho a una vivienda digna y de ninguna manera lo socaven. Esto no se puede dejar al sector privado para que lo realice de manera voluntaria”.

Diez ciudades unidas contra el impacto de la turistificación

El alquiler turístico es uno de los factores que ha elevado el precio de la vivienda. El Ayuntamiento de Barcelona, junto con los de Ámsterdam, Berlín, Burdeos, Bruselas, Cracovia, Múnich, Paris, Valencia y Viena, Barcelona ha reclamado con un manifiesto en la Unión Europea medidas firmes contra el impacto del turismo ilegal a las ciudades y reivindica un marco legal europeo que dé herramientas a los municipios para intervenir sobre el mercado de la vivienda.

Las diez ciudades firmantes son municipios que sufren intensamente los efectos de la turistificación y los problemas de acceso a la vivienda por parte de los residentes locales. Por eso, han enviado este mes de junio un manifiesto conjunto expresando la preocupación por la reciente opinión publicada por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera que plataformas como Airbnb “simplemente proporcionan un servicio más de la sociedad de la información”, de forma que se los libera de la responsabilidad de cumplir las normativas relativas al alquiler turístico.