Reclaman la retirada de la concesión a la empresa que gestiona el centro de menores ‘Tierras de Oria’ y la comparecencia del consejero de Justicia y del director general de Justicia Juvenil

Critican que no se hayan adoptado medidas específicas contra el uso de las contenciones tras las denuncias de los propios trabajadores en 2015 y las observaciones del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa

 La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) han exigido la eliminación inmediata de las contenciones mecánicas en todos los centros de la Junta de Andalucía tras la muerte, el pasado 1 de julio, de Ilyas T., un joven de 18 años, en el centro de menores ‘Tierras de Oria’ de Almería tras aplicarle esta medida, según se desprende del informe preliminar de la autopsia remitido al juzgado.

Las ONG, que reclaman la cancelación de la concesión a la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), la empresa que gestiona el centro de menores, piden el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades, lo que a su juicio requiere la comparecencia inmediata del consejero de Justicia, Juan Antonio Marín Lozano, y del director general de Justicia Juvenil, Francisco Ontiveros Rodríguez. Por su parte, ambas organizaciones van a solicitar una nueva inspección del centro por parte del Consejo de Europa.

APDHA y Prodein critican que no se hayan adoptado medidas específicas en relación a las inmovilizaciones, pese a que en 2015 este centro ya fue denunciado por algunos ex trabajadores por la aplicación de sujeciones mecánicas y en contra de las observaciones explícitas del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, en su informe que hace tan solo dos años realizó tras una visita a Tierras de Oria. En él solicitó que se pusiera fin a la práctica de las contenciones, por considerarla una violación del artículo 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos (CEDH), “es decir, un caso de tratos inhumanos o degradantes”.

El informe señalaba que “a los menores inmovilizados no se les permitía ir al baño –pese a pedirlo- y en algunos casos se habían orinado encima”. Además, “algunos menores alegaron que habían sido inmovilizados, pese a no haber estado agitados en ningún momento, y habían percibido la inmovilización como un castigo por su mala conducta”. Incluso, señala textualmente, “la inmovilización había sido utilizada repetidas veces en menores que sufrían dificultades respiratorias visibles”.

Las organizaciones recuerdan que no es la primera vez que muere un joven mientras se aplica sobre él una contención mecánica, en alusión a la muerte del joven Mamadou Berry en el centro de menores de Melilla, a finales de 2017.

Desde las asociaciones apuntan que la práctica de la sujeción mecánica ha llegado a ser condenada por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto Bureš contra República Checa. “El TEDH sostuvo en ese caso que la sujeción mecánica constituía un acto inhumano y degradante” recuerdan desde la entidad andaluza.

Por otra parte, informan, en el informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, publicado en el año 2013, exigía que se aplicara, en relación con la sujeción mecánica, “una prohibición absoluta de todas las medidas coercitivas y no consentidas, incluida la inmovilización y el régimen de aislamiento de las personas con discapacidad intelectual o psicológica, en todos los lugares de privación de libertad, incluidas las instituciones de atención psiquiátrica y social”, por lo que las dos asociaciones consideran obligado acabar de inmediato con las contenciones mecánicas en los centros de menores.