En el tribunal de Locri continúa el juicio contra Lucano. Los días 10 y 16 de julio se celebraron otras dos audiencias, las últimas antes de las vacaciones de verano, que se reanudarán el 11 de septiembre. Al igual que hicimos en las tres audiencias de junio , intentemos hacer una valoración de lo que ocurrió en estas audiencias desde nuestro punto de vista como ciudadanos interesados en supervisar el juicio y sensibilizar a la opinión pública sobre la materia viva en la que se centra. Estamos seguros de que este asunto es de vital importancia para muchos de nosotros que compartimos los valores de hospitalidad, solidaridad y humanidad de Lucano.

Ya hemos dicho que no queremos entrar en los mecanismos del juicio. Es evidente que los comentarios que el presidente Accurso sigue haciendo a los testigos de la acusación, de inexactitud, confusión, falta de documentación, etc., no nos dejan indiferentes; son signos importantes de la voluntad de los jueces de reconstruir una imagen de la verdad bajo el humo de las suposiciones en que nació el juicio. Pero nuestro objetivo es otro: entender por qué se ha extendido ese humo, qué es lo que realmente queremos atacar y deslegitimar. Queremos razonar públicamente sobre qué es exactamente lo que se está procesando, qué acciones se están tratando como delitos, qué ideas se están considerando ilegales, siempre y cuando consideremos que estas acciones e ideas son parte integral de nuestras libertades.

En primer lugar, vamos a obtener información sobre lo que sucedió en estas audiencias, ya que los artículos de prensa sobre el juicio son escasos, mientras que en los periódicos del gobierno hay locas máquinas de barro y campañas de desinformación sobre los eventos artísticos llevados a cabo en Riace por las juntas de Lucano.

La audiencia del 10 de julio se abrió con las declaraciones espontáneas de Mimmo Lucano, quien por primera vez habló en el juicio para dar, dijo, su contribución a la reconstrucción de la verdad. Reconstruyó la integración en Riace, destacando el sentido del trabajo realizado: involucrar a los migrantes y a las comunidades locales en un proyecto de cambio global, vinculando la integración y el desarrollo local y adoptando una serie de medidas sociales contra la mafia. Afirmó que el sistema de nuevas oportunidades de empleo (laboratorios, granja educativa, molinos, turismo solidario) y servicios (escuelas, clínica médica, agua pública, recolección selectiva) que se estableció en Riace permitió a muchos jóvenes encontrar una alternativa a la emigración. Recordó la importancia que Riace ha asumido en la región, representando un punto de salida en los momentos más críticos de los desembarcos que Viminale y la Prefettura utilizaron con gusto, hasta el punto de que en la Prefectura lo llamaron «San Lucano». «Apoyé sus peticiones porque esa gente las necesitaba. Siempre he dicho que sí, también porque vi que Riace estaba creciendo, incluso estéticamente, se volvió más bella, más viva» [citado por A. Candito, La Repubblica 10/7/2019]. Afirmó todo lo que hizo, subrayando que nunca se movió por interés: «Siempre ha sido sólo una misión política y humana». A continuación, recordó las diversas etapas que condujeron desde la primera inspección del 21 de julio de 2016 a las inspecciones posteriores, que hicieron observaciones, pero también que eran contradictorias entre sí, de modo que el prefecto, en 2017, tiene una imagen más completa que rehabilita el sistema de Riace. También habló abiertamente sobre el tema que ya estaba en el centro de las audiencias anteriores, las permanencias largas: «Me niego a pensar que después de 6 meses de permanencia de una familia, las personas puedan ser expulsadas, se detenga a los niños que asisten a la escuela, o cualquier otra cosa».

Posteriormente, en las dos audiencias, los funcionarios de la prefectura de Reggio Calabria (Salvatore del Giglio, Maria Grazia Surace, Salvatore Gullì) testificaron sobre las inspecciones en el CAS y el SPRAR de Riace y sobre las irregularidades detectadas. Van desde encargos de servicios sin licitación (pero las licitaciones no eran obligatorias en aquel momento), hasta la presencia en el CAS de los que ya no deberían estar, pasando por informes poco convincentes.

También en este caso, como en los anteriores, no es nuestra intención seguir los detalles de las cuestiones técnicas planteadas; sólo podemos detectar contradicciones entre las premisas en las que se aprecia la integración de los migrantes con la comunidad local y la larga lista de anomalías encontradas, que sin embargo se pierden en imprecisiones, confusiones, lagunas en la memoria e incompetencias de diversa índole. La sensación es que los inspectores desconocen el territorio (algunos de ellos ni siquiera han estado nunca en Riace y han trabajado sobre los datos notificados); que no conocen plenamente la normativa vigente en los distintos períodos; que no tienen en cuenta la extensión de ciertos problemas en la mayoría de CAS y de los SPRAR en Italia; que a menudo desconocen las diferencias entre los dos sistemas, en particular en lo que se refiere al desembolso de los fondos y a la presentación de informes. El resultado es una imagen confusa que no ayuda a distinguir el delito administrativo potencial de cualquier responsabilidad penalmente relevante y que varias veces hace reaccionar al presidente Accurso, quien debe corregir, precisar el contexto normativo y pedir una mayor claridad y una documentación más coherente.

Eso es para información. Pero en nuestro seguimiento queremos evaluar el contenido que estos hallazgos tienden a poner en duda; porque si sólo se tratara de irregularidades o errores en la presentación de informes, no estaríamos en un juicio penal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos reales de este examen del CAS y el SPRAR de Riace? Por supuesto, la historia del CAS y del SPRAR en el sistema de acogida pública en Italia es compleja: representan dos niveles, un primer nivel de acogida extraordinaria en los centros de las Prefecturas y un segundo nivel confiado a los Municipios, donde debe tener lugar la integración generalizada en el territorio. Al final de las condiciones extraordinarias, los sujetos de protección deben entrar en el circuito del SPRAR; en realidad, la desproporción de plazas disponibles sigue siendo muy fuerte a favor de la recepción extraordinaria y crea un embudo que dificulta el paso al segundo nivel.

Según los Informes sobre la protección internacional en Italia, a finales de 2016, el 73% de los solicitantes de asilo se encontraban en los CAS y sólo el 19% en los SPRAR; un año más tarde, los SPRAR habían descendido al 15%, mientras que los CAS absorbían más del 77%, aunque ya en 2016 una circular ministerial anunciaba la desaparición de los CAS en favor de los SPRAR. Los Informes denuncian mucha confusión entre los dos sistemas y la insuficiencia de plazas en los SPRAR; de estos últimos, también denuncian los cortos plazos de cobertura (6 meses posiblemente prorrogables), que no siempre son suficientes para iniciar una verdadera integración. En resumen, los que deben salir de la recepción extraordinaria y entrar en el SPRAR muy a menudo no pueden hacerlo, hasta el punto de que es posible presentar una solicitud de excepción en casos específicos.

Esta es la situación general en Italia. Sin embargo, visto a través de las inspecciones en Riace, sirve para reaparecer, dentro de las fronteras inciertas entre las dos instituciones, esa cifra que ya hemos visto en anteriores audiencias y que está en el centro de las acusaciones de Lucano: las permanencias largas, que él mismo declara abiertamente haber tenido en Riace y para los que ha presentado muchas solicitudes de excepción al SPRAR, al menos en parte aceptadas. La cuestión de las permanencias largas se juega aquí, en el juego entrelazado entre las dos instituciones de la acogida y en su fragilidad. Si no hay plazas disponibles en el SPRAR, permanecen en el CAS, estableció la circular de Morcone hasta 2016 y los informes confirman que esto ocurrió mucho después de esa fecha; pero como ya no tienen derecho, la Prefectura ya no reconoce los fondos (Surace dice que en cierto momento se dan cuenta de que 37 personas ya no deberían estar en el CAS y así reducen los fondos). Por lo tanto, si se quedan en Riace, se quedan prácticamente a expensas de la Municipalidad; no les quitan lugares a otros, ya que están fuera de los CAS y la Municipalidad de Riace, como admite Surace, nunca se ha negado a recibir a nadie cuando la Prefectura se lo ha pedido. Si, en cambio, están en los SPRAR y los 6 meses del proyecto no son suficientes para ponerlos en condiciones de autonomía, permanecen en Riace porque Lucano se niega a expulsarlos por «razones humanitarias graves y serias», pero incluso aquí no hay más fondos asignados para ellos porque el proyecto SPRAR ha terminado.

En resumen, las personas con larga duración de permanencia de Riace no implican otros costos; parecen ser un crimen por sí mismas.

En esencia, la anomalía representada por las personas de larga permanencia se confirma como el centro de estas declaraciones, pero ni siquiera estos testimonios pueden establecer la sospecha de que fueron una fuente de beneficios. Por el contrario, en varias ocasiones el presidente observa una falta de control por parte de la Prefectura, que parece notar todas las irregularidades repentinas, toleradas hasta entonces y que en otros lugares incluso se evita su enjuiciamiento. Entonces, vuelve ahora con fuerza la pregunta que como ciudadanos ya nos hemos planteado: ¿es un deber de la humanidad, o un crimen, tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas y, por lo tanto, el tiempo que necesitan para que recuperen la autonomía de su existencia? ¿No podría ser éste el núcleo de una política migratoria diferente, que respete los derechos humanos y los dictados constitucionales? Es en este sentido que creemos que nuestras libertades están en juego en el juicio de Lucano.

Donatella Murolo Latella, Giovanna Procacci, Marcella Stagno (Comisión Once de junio)

Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide