Abriendo Fronteras 2019: El rescate de los derechos

En su segunda jornada de acciones la Caravana Abriendo Fronteras 2019 recorrió la ciudad andaluza de Motril, uno de los puntos calientes de la política migratoria del Estado español, tanto por el trabajo de rescate que realiza Salvamento Marítimo en la ruta Barbate y Cartagena, como por las denuncias continuas que diferentes colectivos sociales e incluso desde instituciones como el Defensor del Pueblo se vienen realizando contra el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes (CATE) que funciona en la ciudad.

El “Rescate” fue la temática que centró el intercambio de experiencias en el Palacio de Congresos de la ciudad. “Dejemos de hablar de humanidad y solidaridad, esto es la legalidad que las autoridades están incumpliendo”, destacaron los organizadores tras enumerar las convenciones internacionales que priman en el salvamento marítimo.

En una de las intervenciones más emotivas, el bombero Miguel Roldán Espinosa, que por su trabajo de rescate ha sido acusado de favorecer el tráfico ilegal de personas, aclaró que “se habla de ayuda humanitaria como si fuéramos los voluntarios los responsables de salvar vidas”, y aclaró que eso “no es lo natural. Tenemos que luchar para que lo hagan profesionales, y de una forma reglada. Si no, se termina en que los rescatadores somos los criminales”, defendió.

A su entender la parte más difícil es “cuando pasas de rescatador a juez. Si el número de personas es demasiado elevado para poder socorrer, sabes que si acudes al lado derecho quizá sea demasiado tarde para salvar a los de la izquierda de la embarcación. Es la parte más dura, tener que decidir quien vive y quién no”, concluyó. Familiares de jóvenes desaparecidos le agradecieron su trabajo. “Ojalá ellos hubieran encontrado en su ruta migratoria a alguien como tú”, dijeron.

Para el delegado sindical de Salvamento Marítimo, Manuel Capa, es imprescindible que el cuerpo “siga siendo público y civil”, y que se pueda revertir la militarización que ha sufrido en el último año tras la designación de un mando único que recae en un general de la Guardia Civil.

“Nosotros nos aferramos al derecho marítimo para seguir trabajando. Y se nos ha criminalizado por ello. Somos civiles y recogemos náufragos, personas, no migrantes, esa es la diferencia con el tratamiento de un cuerpo militar”, enfatizó.

En la actualidad Salvamento Marítimo está integrado por diez lanchas y ochenta personas que trabajan en dos turnos. “Hay una carga psicológica muy importante. Muchos compañeros están de baja psicológica, gente con mucha experiencia pero que no han podido supera estos momentos. Estamos pidiendo cuarenta personas más para todo Andalucía. Más manos, más vidas”, sentenció.

Para la activista de la Red Alarma Phone, Paola Arenas Gómez, una organización ciudadana que recibe llamadas de emergencia y avisos de partida y llegada de pateras en gran parte del Mar Mediterráneo, “los únicos equipos de rescate preparados en el mediterráneo son los europeos. El peso del rescate debe recaer en las autoridades europeas. No podemos dejarlo en mano de países como Libia, o Marruecos”.

La primera acogida para quienes llegan al puerto de Motril tras ser rescatados es meramente policial. Según denunció la activista de CIEs no Granada y CIEs no Motril, Natalia García Caballos, el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en una zona portuaria restringida “es parte de la lógica racista que rodea a los derechos de las personas recién llegadas. El subdelegado de Gobierno de Cádiz llegó a decir que ‘es una extensión de los calabozos’ «, recordó.
Este CATE es uno de los tres que están en funcionamiento en Andalucía. Los otros dos en el Puerto de Almería y en la Bahía de Cádiz. Abierto en agosto del año pasado, ha recibido permanentes cuestionamientos por sus deficiencias y su funcionamiento. El propio Defensor del Pueblo en diciembre de 2018 exigió públicamente su cierre. “Esto no es acogida, se trata de encierro. Por eso hay que vincularla a la campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones”, destacó.

“Existe falta de detección de personas con especial vulnerabilidad (trata, protección internacional, infancia, enfermedad). Hace una semana se ha denunciado una plaga de pulgas. No se garantiza una correcta asistencia jurídica y no existen traductores de algunas lenguas y en los casos que sí, suelen ser deficitarias. Además, hay un claro trato discriminatorio, los subsaharianos son enviados al CATE y los magrebíes a los calabozos”, denunció, y acotó que para estos últimos se dejan solo tres opciones “devoluciones express, derivación a CIE o a la calle abandonados”, concluyó.

Por la tarde, mientras una reducida delegación se acercó a las puertas del CATE, el resto de la Caravana recorrió las playas de Motril llevando su grito allí donde las aguas son testigos de la llegada de cuerpos que terminan enterrados sin identificar en el cementerio de la ciudad. Cánticos contra las fronteras y un abrazo colectivo coronaron una jornada que giró en torno a la delgada línea que separa el derecho a la vida de las políticas de muerte de la Unión Europea. El rescate de la muerte o desaparición.