La Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba se reunió este jueves 13 de junio y convocó a un foro plural para analizar la actual situación de la democracia comunicacional.

Con la presencia de representantes e integrantes de Radio La Ronda-FARCO, Radio Sur-FARCO, Radio El Brote-FARCO, Colectivo Más Democracia, Facultad de Ciencias de la Comunicación – UNC, el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales (CEA)- UNC, Radio La Ranchada-FARCO, Radio Villanos-FARCO, Pressenza Agencia Internacional de Noticias y el Dr. Miguel Rodríguez Villafañe, entre otrxs, sesióno la Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba.

Entre las decisiones tomada por los partícipes figura la convocatoria a un foro de diálogo para el día 4 de julio a las 15.30 hs. en Cecopal. Av. Colón 1141 bajo el título «Un derecho no es negocio. Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba.»

El foro tiene por objetivo intercambiar opiniones sobre la situación de la democracia comunicacional en la coyuntura actual y elaborar un pronunciamiento a ser presentado en la reunión nacional de la CCD el próximo 13 de julio.

Al mismo se invitará a distintos actores y colectivos de la ciudadanía: movimiento cooperativo, legisladores, sectores sociales, políticos, periodistas, comunicadores/as, sindicatos, movimientos territoriales, estudiantiles, etc.

La CCDC reafirma el derecho a la comunicación y las políticas públicas en materia de derecho a la comunicación logradas, de las cuales no debe  haber retrocesos alguno. A su vez reclama el reconocimiento inmediato de las licencias en zonas de conflicto y las solicitadas en en el marco de la ley.

La CCDC sostiene que la comunicación es un derecho humano esencial que no puede ni debe ser relativizado. En Argentina se dieron pasos fundamentales en ese aspecto, de los que no cabe retroceder por el principio de progresividad, aplicable en materia de derechos humanos.

Asimismo, reclama el deber del Estado de garantizar la democratización de la palabra desde una presencia federal de las opiniones e ideas, que respete a la ciudadanía con sus propios tiempos y espacios. Precisa además que debe ser preservado y defendido el derecho y legitimidad de las organizaciones libres del pueblo a la propiedad, y gestión de medios de comunicación, consagrado en la Ley 26522 y en experiencias de comunicación popular de más de 30 años de vigencia.

Por último brega por el sentido federal en el proceso de democratización de la palabra y la comunicación inclusiva con perspectiva de géneros ante el nuevo panorama de producción, construcción, disputa de sentidos y consumo en la nueva era digital.