Por Moustapha Cheikh Bocoum

A tres semanas antes de las elecciones, Amnistía Internacional y las ONG con presencia en Mauritania pidieron el lunes 3 de junio a los seis candidatos presidenciales que firmaran un manifiesto que contenía 12 compromisos con los derechos humanos, entre ellos la lucha contra la esclavitud y la violencia contra la mujer.

«El próximo presidente mauritano debe abordar urgentemente la deplorable situación de los derechos humanos en el país», han manifestado Amnistía Internacional, el Foro de Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos (FONADH) y 31 organizaciones locales de derechos humanos en un comunicado.

Seis candidatos, entre ellos Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, del partido gobernante y compañero del presidente Mohamed Ould Abdel Aziz (cuyo mandato termina en agosto y que no puede presentarse a la reelección al final de su segundo mandato), se presentan a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 22 de junio.

Esta elección debería marcar la primera transición de poder entre un presidente en ejercicio y su sucesor electo en este país desértico de África Occidental, que experimentó numerosos golpes de Estado entre 1978 y 2008 y en el que la ley Sharia es la fuente del derecho.

En su comunicado, estas organizaciones hacen un llamado a todos los candidatos a «firmar un manifiesto que contiene 12 compromisos para la promoción y protección de los derechos humanos en Mauritania».

El próximo presidente tendrá que adoptar «una posición más firme sobre la esclavitud, la trata de personas y los ataques al derecho a la libertad de expresión, incluyendo la intimidación y el acoso a los defensores de los derechos humanos que denuncian la discriminación», señalan estas organizaciones.

El punto 3 del manifiesto propuesto para la firma de los candidatos estipula que una «ley para combatir la violencia contra las mujeres será adoptada en el primer año del mandato», mientras que una ley para poner fin a la «discriminación de género» ha sido rechazada dos veces –enero de 2017 y diciembre de 2018– por la Asamblea Nacional. Oficialmente, la esclavitud fue abolida en 1981 en Mauritania.

Pero el fenómeno persiste según las ONG, en particular en forma de transferencia gratuita por parte de los descendientes de los esclavos de parte de su cosecha a sus amos tradicionales, en matrimonios forzados de esclavos e incluso venta.

En agosto de 2015, Mauritania aprobó una nueva ley que tipifica la esclavitud como «crimen de lesa humanidad» y la castiga con penas de hasta 20 años de prisión.

La población de este país de 4,5 millones de habitantes está compuesta por árabes bereberes, haratinos (descendientes de esclavos de amos árabes bereberes, cuya cultura comparten) y comunidades afromauritanas, generalmente hablantes nativos de grupos étnicos subsaharianos (fulani, soninké, etc.).

Hasta 43.000 personas en Mauritania seguían esclavizadas en 2016, es decir, alrededor del 1% de la población total, según un informe de Amnistía publicado el 22 de marzo, en el que se citan estimaciones de organizaciones especializadas, según la AFP.

Traducción del francés por Rosalía Briones