Las noticias que llegan desde Honduras cortan el aliento. Las organizaciones de defensores de derechos humanos vienen sufriendo desde el golpe de estado de 2009 contra el presidente Mel Zelaya una persecución permanente y campañas de odio, que se han visto agudizadas en el segundo mandato presidencial de Juan Orlando Hernández, calificado por sus propios votantes como “dictador”.
Al asesinato sonoro de Berta Cáceres en 2016, defensora medioambiental y de los derechos de la comunidad originaria Lenca, enfrentada a los proyectos hidroeléctricos en el país, deben sumarse decenas de víctimas más, la mayoría asesinadas en la represión de las fuerzas de seguridad del gobierno inconstitucional de Hernández, que forzó la legalidad del país para ser reelecto, a través de unas elecciones denunciadas masivamente por el fraude cometido.
Este lunes se presentaron en las oficinas de la Fiscalía en la capital del país, Tegucigalpa, denuncias por la violencia sufrida por los estudiantes y también por los empleados del sistema de salud.
Mientras esto sucedía en el norte del país, en Baracoa, las fuerzas represivas tomaron de rehén a la población que realizaba una huelga en defensa de la educación pública y en contra de los planes de privatización que lleva adelante Hernández. El caos se extendió en el departamento por el uso desmedido de gases lacrimógenos y la persecución contra los docentes, que intentaban huir de la brutalidad policial.
Los paros y movilizaciones en las principales ciudades del país se suceden, exigiendo siempre la renuncia del presidente ilegítimo. Los intentos para silenciar las voces opositores fueron insistentes, incluyendo la detención de periodistas y directores de medios informativos. Las amenazas de muerte son moneda corriente y solo la movilización permanente y la firmeza de los hondureños y hondureñas de continuar por la vía noviolenta con la protesta ha permitido salvar miles de vidas.
“La embajada de los Estados Unidos emitió este martes un comunicado que no establece una postura determinante sobre la crisis por la falta de gobernabilidad que vive Honduras y que ha desencadenado en protestas ciudadanas, represiones militares y policiales y varias muertes”, explica un artículo de los aliados de Pressenza, Criterio.hn. Y agrega que “la representación diplomática, que ha demostrado un claro respaldo al régimen de Juan Hernández, comienza diciendo que Estados Unidos afirman su compromiso con los derechos humanos” y “sin valorar las razones de las protestas, hace un llamado para que todos los hondureños, tanto manifestantes como miembros de las fuerzas de seguridad, se abstengan de la violencia, que guarden la compostura y que muestren respeto a los derechos fundamentales de sus conciudadanos”.
En el día de ayer la Mesa de los Derechos Humanos también denunció judicialmente al Secretario de Seguridad Julián Pacheco Tinoco y el director de la Policía Militar del Orden Público por las persistentes violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, además de hechos estrictamente delictivos.
La semana pasada algunos cuerpos policiales se negaron a obedecer órdenes de desalojo contra manifestantes y el movimiento de resistencia contra la dictadura continúa en el país centroamericano.
