Por Thalif Deen
– Las muertes y la devastación causadas en los conflictos militares y la guerras civiles actuales, con los asesinatos provocados en ataques aéreos en hospitales, escuelas, mezquitas y mercados, ya sean deliberados o no, fueron calificados como los peores de todos los tiempos por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Esas pérdidas humanas, al igual que la destrucción y el daño irreparable a la infraestructura civil, son causadas por armas proporcionadas por algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, incluidos Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.
Pero desoyendo esas consideraciones, un día después, el 24 de mayo, la administración de Washington decidió el 24 de este mes la venta por 8.100 millones de dólares en armas a Jordania, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, bajo una “notificación de emergencia”, lo que le libera de la aprobación del legislativo Congreso.
La medida es un desafío a la resolución de ese Congreso a la venta de armas a países de Medio Oriente, por su demostrado uso contra civiles.
Los tres países son parte de una coalición liderada por Arabia Saudita que ha provocado numerosas muertes civiles en los ataques en Yemen contra los insurgentes hutíes respaldados por Irán, y se espera que los nuevos sistemas de armas incrementen el poder de fuego a la coalición.
El uso de la “notificación de emergencia” para la venta de armas no solo desafía a los congresistas, sino que también intenta aplacar a los aliados estadounidenses en el Medio Oriente y, lo que es más importante, al poderoso lobby de armas estadounidense.
Uno de los argumentos aducidos por la administración de Trump es la venta de nuevas armas a los aliados del Medio Oriente es para contrarrestar una “agresión iraní anticipada”.
Stephen Zunes, profesor de política en la Universidad de San Francisco y coordinador del programa de Estudios del Medio Oriente, dijo a IPS que no se trata de disuadir a la agresión iraní y ciertamente no existe una “emergencia”.
“Se trata de las ganancias de los fabricantes de armas estadounidenses a expensas de innumerables vidas yemeníes”.
“Esta es la manifestación más extrema, sin embargo, de una política bipartidista de larga data de transferir armamentos letales y sofisticados a las dictaduras familiares en el Medio Oriente”, dijo Zunes, quien también ejerce de analista sénior sobre políticas para el Proyecto sobre Política Exterior como Foco, de El Instituto de Estudios Políticos.
Señaló que es irónico que una nación que surgió en una revolución contra la monarquía, sea hoy en día el proveedor de armas al número uno de las monarquías absolutas.
Wall Street Journal analizó en un reportaje del 25 de mayo que los hutíes están poco alineados ideológicamente con Teherán, cuyo gobierno niega haber armado al grupo. Pero los funcionarios estadounidenses no están de acuerdo y dicen que Irán los ha entrenado y les ha proporcionado armas.
El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres, dijo durante el debate el 23 de mayo en el Consejo de Seguridad, que los civiles siguen representando la gran mayoría de las víctimas en el conflicto, con más de 22.800 civiles muertos o heridos en 2018 en solo seis países: Afganistán, Iraq, Malí, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.
Destacó la necesidad de que el Consejo de Seguridad haga más para mejorar el cumplimiento de las leyes de la guerra, en especial respecto al trato a la población civil.
En un comunicado emitido antes de ese debate, Amnistía Internacional dio en el blanco cuando ridiculizó el argumento de Estados Unidos de que algunas de las armas suministradas a la coalición liderada por los saudíes estaban “dirigidas con precisión” para evitar víctimas civiles.
“Las grandes potencias militares se jactan cínicamente de hacer guerras de ‘precisión’ y ataques ‘quirúrgicos’ que distinguen entre combatientes y civiles. Pero la realidad presente sobre el terreno muestra que es habitual atacar a civiles allí donde viven, trabajan, estudian, rezan y buscan atención médica”, denunció la organización con su base central en Londres.
Amnistía Internacional subrayó que las partes de este y otros conflictos armados matan ilegalmente, mutilan y desplazan a la fuerza a millones de civiles, mientras que los líderes mundiales eluden su responsabilidad y le dan la espalda a los crímenes de guerra y al inmenso sufrimiento.
Philippe Nassif, director de Defensa para Medio Oriente y Norte de África en Amnistía Internacional, dijo a IPS la decisión de Trump para eludir al Congreso y autorizar miles de millones de dólares en la venta de armas a claros violadores de los derechos humanos, como Arabia Saudita y EAU es extremadamente desafortunado e imprudente.
“Ambos países han usado armas fabricadas en Estados Unidos para cometer crímenes de guerra en Yemen, un país sumido en el conflicto que se ha agravado por la conducta de los EAU y la coalición liderada por Arabia Saudita”, explicó durante la entrevista.
La administración Trump ha tenido una política de “cheque en blanco” cuando se trata de armar a sus aliados del Medio Oriente, desde Egipto hasta Arabia Saudita.
Nassif señaló que los atroces registros sobre la violación de derechos humanos de estos gobiernos, donde ejecuciones, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos en masa, torturas y detenciones indefinidas son parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos, se empeoran porque Estados Unidos continúa armando a esos regímenes.
“Ahora que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita recibirán nuevas armas estadounidenses, podemos esperar una continuación del infierno que se ha producido en Yemen, donde 11 millones de personas padecen hambre, cientos de miles han sido desplazados y miles han sido asesinados”, se condolió.
“También podemos esperar que las armas caigan en manos equivocadas, como Al Qaeda, o que se envíen a otras zonas de conflicto donde los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos están respaldando a los autócratas ascendentes, como Haftar en Libia”, declaró Nassif.
En una declaración emitida el 24 de mayo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que se había basado en el artículo 36 de la Ley de Control de Exportación de Armas, para ordenar la inmediata entrega de 22 lotes pendientes de armamento a Jordania, los Emiratos y Arabia Saudita.
Puntualizó que esas ventas, por 8.100 millones de dólares, “apoyarán a nuestros aliados, mejorarán la estabilidad en Medio Oriente y ayudarán a estas naciones a disuadirse y defenderse de la República Islámica de Irán”.
El retraso de este envío, argumentó Pompeo, ocasionarían la degradación de sistemas armamenticos y la falta de piezas y mantenimiento necesarios, lo que podrían crear graves problemas de aeronavegabilidad e interoperabilidad para esos socios clave, durante un período de creciente volatilidad regional.
Pompeo consideró que los largos meses en que el Congreso demoró la aprobación de esas ventas, “han puesto en duda nuestra confiabilidad como proveedor” y “abre oportunidades” que pueden explotar los adversarios de Estados Unidos.
La equipación a los tres países incluye mantenimiento y soporte de aeronaves; inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR); pertrechos y otros suministros.
Pompeo sí precisó que su intención es que el uso de la “notificación de emergencia” sea “un evento único” y que el plan es seguir trabajando con el Congreso en el tema.
Pero como razón determinante para la medida, subrayó que “Estados Unidos es, y debe seguir siendo, un socio de seguridad confiable para nuestros aliados y socios en todo el mundo. Estas alianzas son la piedra angular de nuestra Estrategia de Seguridad Nacional”.
