Recientemente, el presidente brasileño se quejó de un proyecto de ley que le quita a la presidencia el poder de hacer nombramientos para las agencias reguladoras. Bolsonaro se comparó con la Reina de Inglaterra, Isabel II, que tiene un papel más figurativo que el poder en sí mismo, las funciones del poder ejecutivo son ejercidas en el Reino Unido por el Primer Ministro, que es nombrado por el Parlamento.
Ni Isabel II ni Luis XVI.
Ni la monarquía parlamentaria inglesa ni el absolutismo en la línea del anterior régimen francés. El modelo presidencial brasileño se basa en el principio de la división de poderes, teorizado por el filósofo francés Montesquieu (XVIII). Lo que significa que el presidente sí tiene poder, pero no es absoluto, un rey que es elegido y puede ser depuesto, en este caso sin perder la cabeza, como fue el caso de Luis XVI. Depende del Congreso (poder legislativo) (formado por el Senado y la Cámara de Diputados, en un sistema de dos cámaras, superior e inferior) y del poder judicial, que tiene al Tribunal Supremo (STF) como su máxima instancia.
El sentido común tiende a imaginar al presidente como la única y máxima fuerza. Sin embargo, no es así como funciona: el Presidente debe seguir la Constitución al pie de la letra bajo pena de que las leyes, decretos y medidas provisionales sean anulados por el argumento de la inconstitucionalidad. Además, debe mantener un diálogo constante con el poder legislativo. La caída del decreto de armas y la abolición de los consejos anti-tortura en el país ejemplifican esta relación de interdependencia. Lo mismo ocurre con otras figuras ejecutivas como los gobernadores y alcaldes.
La Cámara debe seguir al Senado y revocar el decreto de armas.
Después de que el Senado revocó el decreto presidencial que flexibilizó la portación de armas, Rodrigo Maia dice que los diputados tienden a hacer lo mismo. La medida presidencial apuntaba a facilitar el acceso a las armas, una promesa de campaña, dentro del discurso de que las armas de fuego traerán mejoras en términos de seguridad pública. Esto contradice los datos producidos por el IPEA. El Atlas de la Violencia de 2019 señaló que en el país hubo un aumento en las tasas de homicidio, muchas de las cuales fueron cometidas con armas de fuego, en el caso de los homicidios de hombres, el 76,9%, es decir, cada 4,3 son realizados por mediadores de armas de fuego.
El mismo estudio señala que las inversiones en inteligencia policial serían una forma de mejorar la seguridad pública, y no de distribuir armas y transferir la función policial a la gente común. Tales políticas pueden tener el efecto perjudicial de aumentar una tasa de violencia extremadamente alta, superior a la de países como Colombia y México, que tienen problemas con los cárteles y una configuración social similar a la de Brasil.
Ante la confusión presidencial, Bolsonaro sería más un bufón de la corte que la Reina de Inglaterra. Ante el difícil escenario, la Cámara y el Senado, y también el STF, hacen contrapunto al sentido común.
