Una tendencia preocupante en toda Europa es que las ONG son atacadas y las personas que muestran compasión son estigmatizadas.
Por Stefan Simanowitz 4 de junio de 2019 para openDemocracy
La semana pasada, cuando comenzó el juicio de Scott Warren, un voluntario de ayuda humanitaria que enfrenta hasta 20 años de prisión por dar alimentos, agua y otros suministros a los migrantes que cruzan a Arizona, me acordé de las palabras de un refugiado que conocí en Calais. Era el primer día de la demolición del campamento «Jungle» en octubre de 2016, y me encontré con un pequeño pero milagroso jardín rodeado por una valla blanca. Un joven, Jamal, me invitó a entrar. Mientras estábamos entre los macizos de flores –un flujo constante de gente con muchas cargas que pasaba por allí– me dijo que su jardín no era lo único de belleza en el campamento. «Muchas amistades han florecido aquí», dijo. «Y mucha gente tiene que venir aquí solo para ayudarnos. Eso es algo muy hermoso».
En su momento de mayor apogeo, el campamento de Calais albergaba a unas diez mil personas. A pesar de su tamaño, nunca obtuvo el estatus legal de campo de refugiados y recibió muy poca ayuda oficial o humanitaria. Para llenar el vacío, cientos de voluntarios humanitarios y defensores de los derechos humanos llegaron para ayudar. Proporcionaron servicios esenciales, distribuyendo comidas, mantas, ropa y artículos de higiene, así como vigilando el comportamiento de la policía hacia los habitantes del campamento.
La demolición del campo no puso fin a la difícil situación de los refugiados y migrantes en Calais y las cosas también se han vuelto cada vez más difíciles para los voluntarios que quieren ayudar. Mientras que algunos refugiados y migrantes fueron trasladados a alojamientos en diferentes partes de Francia, muchos otros siguen llegando y viviendo alrededor de Calais y Grande-Synthe, un suburbio de Dunkerque. En la actualidad hay más de 1.200 refugiados y migrantes, incluidos niños no acompañados, dispersos por el norte de Francia. Viviendo en tiendas de campaña y campamentos informales, no tienen acceso regular a alimentos, agua, saneamiento, refugio o asistencia legal y están sujetos a desalojos de rutina, acoso, abuso y violencia a manos de la policía.
En estas circunstancias, el papel de los defensores de los derechos humanos que ofrecen voluntariamente su apoyo es crucial. Sin embargo, proporcionar alimentos a los hambrientos y calor a las personas sin hogar se han convertido en actividades cada vez más arriesgadas. En lugar de reconocer la importancia de su labor, las autoridades han tratado a los defensores de los derechos humanos como entrometidos, alborotadores o incluso delincuentes.
Un informe del año pasado de cuatro organizaciones reveló que entre noviembre de 2017 y junio de 2018 se produjeron 646 casos de abuso y hostigamiento policial contra voluntarios. Este año se han registrado 72 casos, pero es probable que la cifra real sea mucho mayor.
Una nueva investigación publicada hoy por Amnistía Internacional revela que para muchos defensores de los derechos humanos, los actos de intimidación, las amenazas de arresto y los maltratos se han convertido en parte integrante de su trabajo diario.
Charlotte Head, una voluntaria de Human Rights Observers, describió cómo fue empujada violentamente al suelo y asfixiada por la policía en junio de 2018. Había estado filmando a cuatro policías que perseguían a un extranjero en Calais.
Las autoridades han tratado a los defensores de los derechos humanos como entrometidos, alborotadores o incluso delincuentes.
El mes pasado se inició el juicio de Tom Ciotkowski, un voluntario británico que utilizó su teléfono para filmar a la policía antidisturbios francesa que impedía a los voluntarios distribuir alimentos a los migrantes y refugiados en Calais. Tom enfrenta hasta cinco años de prisión. Fue acusado de desacato y agresión después de desafiar las acciones violentas de un policía contra otro voluntario.
Otro defensor de los derechos humanos, Loan Torondel, está apelando actualmente contra su condena por difamación después de tuitear una fotografía de policías de pie sobre alguien que había sido desalojado en Calais.
«Este no es un ambiente de trabajo sostenible», me dijo Loan la semana pasada. «Siento que estoy atrapado entre las necesidades agudas de las personas a las que intento ayudar y la intimidación de las autoridades francesas que intentan obstaculizar las actividades humanitarias y calificar nuestras actividades como un delito».
La persecución de las personas que ayudan a los refugiados y migrantes ha dado lugar a un nuevo término oximorónico, «crímenes de solidaridad», que ha sido objeto de muchas disputas legales. En 2018, un fallo del Consejo Constitucional francés reconoció que el «crimen de solidaridad» no se ajustaba a la Constitución francesa y declaró que el principio de «fraternité» protege la libertad de ayudar a otros con fines humanitarios, independientemente de su estatus migratorio. A pesar de ello, las autoridades francesas han seguido atacando a los activistas que ayudan a los refugiados y migrantes en el norte de Francia.
La criminalización de la solidaridad no se limita a Francia.
La criminalización de la solidaridad no se limita a Francia. Es parte de una tendencia preocupante en toda Europa, donde las ONG son atacadas y las personas que muestran compasión son estigmatizadas. Un estudio realizado este mes por openDemocracy reveló que 250 personas de toda Europa han sido detenidas o criminalizadas por proporcionar alimentos, refugio, transporte y otros «actos básicos de bondad humana» a los inmigrantes durante los últimos cinco años.
En Gran Bretaña, los 15 que intentaron detener un vuelo de deportación fueron acusados en virtud de la legislación antiterrorista y en Hungría la prestación de ayuda y apoyo a los refugiados y migrantes es ahora un delito penal. La represión en Croacia ha significado que las ONG ya no pueden trabajar en los centros de refugiados y migrantes. En el Mediterráneo, a las personas que salvan vidas en el mar se les incautan sus barcos y se les acusa de «ayudar a la inmigración ilegal» o incluso de «contrabando de personas».
Estos intentos de reprimir la decencia humana básica tienen por objeto disuadir a otros de actuar en defensa de los derechos humanos. Es un escándalo que personas compasivas que se ven obligadas a ayudar a otros estén siendo atacadas por gobiernos que han fracasado totalmente en sus responsabilidades para con las personas que buscan seguridad. Pero la gente sigue registrándose como voluntarios y defensores de los derechos humanos y sigue habiendo una fuerte presencia de personas en el norte de Francia, que no dejarán que las amenazas de la policía les disuadan de mostrar una simple humanidad.
Hace dos años y medio, vi cómo las excavadoras rodaban por la selva. Me los imaginaba aplastando la valla blanca y aplastando el jardín de Jamal. Pero aunque los campamentos pueden ser demolidos y las tiendas de campaña derribadas, la solidaridad no se destruye tan fácilmente.
Traducción del inglés por Rosalía Briones
