Ecologistas en Acción alerta de que el despliegue de la tecnología 5G se está haciendo sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales, a pesar de los contundentes y numerosos llamamientos científicos a aplicar el principio de precaución.

No se ha realizado la evaluación de impacto sobre la salud que exige la Ley de Salud Pública, y sin que se haya puesto en marcha el Comité de Radiofrecuencias y Salud recogido en la Ley de Telecomunicaciones.

En todo el mundo se está produciendo el despliegue acelerado de la tecnología 5G. Vodafone ha anunciado en España que lanzará nuevos servicios gratuitos 5G en 15 ciudades vendiendo los primeros móviles 5G, usando la vieja estrategia de crear gratis la necesidad para más adelante cobrarla. Los medios de comunicación destacan los grandes beneficios de esta nueva tecnología, pero no nos explican que paralelamente está habiendo una verdadera movilización de científicos a nivel internacional que están alertando de sus riesgos potenciales.

Cuando se introduce una nueva tecnología en el mercado previamente se ha investigado en un laboratorio con células y animales para demostrar su inocuidad para las personas y el medio ambiente. Pero en el caso del 5G no es así. En 2017, Hardell, científico en base a cuyas investigaciones epidemiológicas la OMS declaró las tecnologías inalámbricas como cancerígeno de nivel 2B, encabezó un llamamiento firmado por 180 científicos pidiendo a la Unión Europea una moratoria del despliegue del 5G hasta que se demuestre su inocuidad, pues ya se han publicado miles de artículos científicos que evidencian el daño producido por las anteriores tecnologías inalámbricas para la salud de las personas, pero también para los animales y para las plantas. Sin embargo, el 5G no se ha investigado previamente a su introducción. En 2018 se puso en marcha un nuevo llamamiento científico firmado ya por más de 100.000 investigadores, médicos, asociaciones y ciudadanas de 187 países pidiendo a la OMS y a la ONU que se detenga el despliegue hasta contar con evidencias de inocuidad. Numerosos científicos han escrito a políticos, senadores y gobernadores pidiendo una moratoria.

A finales de 2018 el SCHEER, Comité Europeo de Riesgos Emergentes clasificó en su informe de riesgos con un 3 sobre 3 el daño potencial para la fauna salvaje que se puede producir por el aumento de contaminación electromagnética debido al despliegue del 5G.

De hecho, algunos políticos han atendido a las advertencias científicas. La ministra de Medio Ambiente de Bruselas ha bloqueado el despliegue 5G alegando que no está dispuesta a que los habitantes de Bruselas se conviertan en “conejillos de indias”. Cantones suizos, a los que pertenecen ciudades tan importantes como Ginebra o Lausana, también han bloqueado el 5G hasta que se investiguen sus posibles efectos sobre la salud. Alcaldes como el de la ciudad italiana de Morino también se han opuesto a este despliegue. Ayuntamientos como el de Florencia han firmado una moción por la que se reclama que se aplique el principio de precaución.
La ciudadanía también se está movilizando a nivel mundial. Existen más de 150 movimientos STOP 5G repartidos por todos los continentes. En EE UU el movimiento ‘Americanos por una Tecnología Responsable’ ha reunido 59 ciudades de 23 Estados. Ciudadanos y asociaciones de San Francisco, Washington, Nueva York, Santa Fe o Chicago no solo se están manifestando, también en algunos casos están emprendiendo acciones judiciales contra la FCC, organismo que regula las telecomunicaciones en EE UU, por no proteger la salud de los ciudadanos.

Ecologistas en Acción y la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética denunciaron en su día en las aportaciones públicas al Plan Nacional 5G que este se ha puesto en marcha sin realizar una evaluación de impacto sobre la salud, como determina la Ley General de Salud Pública. Llama por otra parte poderosamente la atención que la Ley de Telecomunicaciones de 2014 preveía la constitución de un Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, pero no se ha creado en cinco años. Y ello a pesar de que el Defensor del Pueblo ha hecho varios requerimientos para ello al Ministerio de Sanidad del gobierno del PP y al Ministerio de Industria del gobierno del PSOE. Es decir, no existe un órgano que realice un seguimiento de los posibles efectos para la salud de este despliegue.

Para que una tecnología sea social y ambientalmente apropiada debería no causar daño a las personas y a las restantes formas de vida animales y vegetales; no debería comprometer de modo irreparable el patrimonio natural y la salud de las futuras generaciones; no debería ser coercitiva, y debería respetar los derechos y las posibilidades de elección de sus usuarios voluntarios y de sus sujetos involuntarios y no debería tener efectos generalizados irreversibles, aunque estos parezcan a primera vista ser beneficiosos o neutros. Ninguno de estos requisitos los cumple la tecnología 5G. Y lo que es gravísimo, su despliegue supone un incremento exponencial de la contaminación electromagnética, tanto por un aumento en las potencias, pues el 5G se añade, no sustituye al 2G, 3G, 4G ni al wifi. Se emplearán nuevas frecuencias, también se van a desplegar millones de nuevas antenas y se van a poner en órbita miles de satélites en todo el mundo de tal modo que no existirá un rincón en la Tierra en el que se garantice que quienes necesitan preservarse de esta tecnología por motivos de salud, como las personas electrohipersensibles, puedan hacerlo.

A lo largo de la historia nos hemos equivocado muchas veces con nuestras decisiones tecnológicas. Aunque nos hayan proporcionado grandes avances en nuestra calidad de vida, también han llevado aparejados graves inconvenientes para la salud, los ecosistemas y el planeta. Hasta ahora, esos errores han sido fruto del desconocimiento. Esta va a ser la primera vez en la historia de la humanidad en la que la ciencia nos ha alertado de los potenciales y graves efectos negativos que esta nueva tecnología 5G puede tener para la vida si no se investiga previamente y se corrigen sus posibles riesgos.Para Ecologistas en Acción estamos siendo víctimas de un “despotismo tecnológico”. Políticos y medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, parecen estar más al servicio de la tecnología que de la ciudadanía. La tecnología debería estar sujeta a un control democrático real. La ciudadanía debería estar informada de sus ventajas, pero también de sus posibles riesgos, y entre todos deberíamos decidir si nos interesa seguir hacia adelante o si preferimos “parar un poco” para perfeccionar la nueva tecnología y no cometer errores que luego se demuestren irreversibles. Aunque nos vendan la rapidez y la baja latencia del 5G que va a permitir bajarnos una serie en segundos, lo que una vez más podemos poner en riesgo desde la inconsciencia es la vida misma. Hay que aplicar el principio de precaución y desplegar una tecnología solo cuando se garantice su inocuidad.